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| 6/16/2007 12:00:00 AM

Sigue el zarpazo

Nada parece detener el desangre del erario a través de Cajanal. Un nuevo fallo judicial ordenó, de forma irregular, el pago de más de 70.000 millones de pesos.

El abogado primíparo Andrés Gil Cristancho está próximo a cobrar un cuantioso pleito que les significará millonarios recursos a él y a sus clientes, en contra de los bolsillos de los colombianos. No es fácil explicar el éxito de Gil Cristancho, quien tiene menos de un año en ejercicio profesional. Se podría explicar porque es una revelación en el mundo judicial, porque tuvo un golpe de suerte o porque es parte de una de las redes que con el cobro irregular de pensiones esquilman a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal).

Desde finales del año pasado una investigación de SEMANA mostró cómo un puñado de abogados, con la complacencia de varios jueces, viene ganando por todo el país tutelas en las que les reconoce a grupos de docentes pensiones a las que no tienen derecho. En ese momento, tanto el Procurador General como el Fiscal General y el Ministro de la Protección Social coincidieron en calificar estas decisiones de ilegales. "Aquí hay verdaderos carteles de tutelas", dijeron. Un cálculo conservador de lo que está perdiendo supera los 500.000 millones de pesos. Lo que convierte este caso en el mayor desfalco al erario de los últimos años.

Eso llevó en noviembre pasado a una reacción del gobierno que incluyó la militarización de la entidad por varios días, el relevo del gerente de Cajanal y de los funcionarios de más alto rango, una adición presupuestal para sacar adelante un plan de contingencia, sistematización de los archivos y cambio de sede, entre otras medidas. Esos ajustes han tenido algunos efectos en la descongestión y la organización de la entidad, pero resultan siendo paños de agua tibia frente al boquete de los fallos judiciales en su contra. Allí es poco lo que se ha logrado, como lo demuestran los nuevos fallos de tutela que empiezan a aparecer por todo el país. Uno de ellos favorece al abogado Gil Cristancho en Magangué, Bolívar, en el que le reconoce a un grupo de 89 personas pagos retroactivos calculados en 12.000 millones de pesos, y 58.000 millones más en mesadas a futuro.

SEMANA contactó a este jurista, quien dijo que no hay nada irregular en su actuación. Según él, con un par de colegas estuvo en la costa recogiendo poderes de maestros, y al estar cerca de Magangué decidieron poner la tutela en ese juzgado. Dice que luego de las denuncias de esta revista, se enteró de que este tipo de pensiones era ilegal para los organismos de control, pero que ya no tenía nada que hacer y que ahora se encuentra "en una disyuntiva sobre si cobrar o no. Los clientes permanentemente llaman", dice.

Pero los hechos no coinciden del todo con las declaraciones de Gil Cristancho. Las cédulas y los domicilios de prácticamente todos sus clientes en esta tutela, según consta en los archivos de Cajanal, son de personas que no son del Caribe. Hay gente de Bogotá, Tunja, Pereira, Popayán, Neiva, Ibagué, Granada (Meta) y Barbacoas (Nariño). No es entendible cómo esa demanda fue a parar a un lugar tan distante incluso para el mismo abogado, que tiene su oficina en Bogotá.

Además, algunos de los poderes originalmente fueron entregados a Juan Carlos, su hermano, también abogado. Lo que llama la atención es que este último jurista está entre el equipo que participó el año pasado en otro millonario pleito contra la misma entidad y que un juez en Buenaventura, al otro extremo del país, falló a favor de ellos. Por esa sentencia ya se entregaron 70.000 millones de pesos.

También despierta inquietud que las direcciones de notificación de algunos de los defendidos de Gil Cristancho coincidan con la de la oficina del abogado Omar Cabrera Polanco. Este no es un detalle menor, ya que este último está en la cárcel luego de que la Fiscalía lo señaló de ser uno de los líderes del llamado cartel de las tutelas. Su hermano Armando, y Jeiner Guilombo, el jurista que lideró la demanda el año pasado en Buenaventura, son buscados por las autoridades para responder por el mismo señalamiento. ¿Será que pese a la acción de las autoridades, alguno de estos abogados sigue con sus andanzas a través de interpuesta persona? ¿O será más bien que el llamado cartel de las tutelas tiene otras cabezas a las que todavía no se ha llegado?

Gil Cristancho asegura que no conoce a estos abogados. Las autoridades serán las encargadas de determinar si las actuaciones de este abogado y su grupo son sólo gestiones de una exitosa gira judicial por la costa, como dice el abogado, o si son un engranaje más de una gigantesca organización delictiva.

Por su parte, el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, Arnedis Payares Pérez, dijo a SEMANA que a él no le generó ninguna suspicacia que personas de otras partes estuvieran tutelando un derecho en su despacho, pues por ser Cajanal una entidad nacional, los reclamos se pueden hacer en cualquier parte del país. Es enfático al decir que no tiene ninguna relación con el abogado Gil Cristancho ni sus socios.

Esta no es la única decisión de este juez que ha causado polémica. Actualmente, el Consejo Superior de La Judicatura de Bolívar tiene 19 investigaciones preliminares en su contra por denuncias en los últimos tres años. Payares asegura que su fallo es en derecho, que no hay nada ilegal y que el problema es de Cajanal, porque a pesar de que se les notificó, no se defendieron.

Desde cuando el gobierno decidió prestarle atención a este desangre hace pocos meses, se han fallado tres tutelas irregulares en contra de Cajanal. Además de la de Magangué, hubo tutelas exitosas en Belén de los Andaquiés (Caquetá) y en Lérida (Tolima), que involucran otros abogados y 25 pensionados más. No hay un registro de cuántas más anden rodando en otros juzgados. Incluso al mismo Magangué llegó otra de 95 pensionados que un juez diferente rechazó al considerar que no era competente para atenderla. No se sabe si otro juzgado en el país sí la aceptó.

"Estamos averiguando por qué por alguna extraña razón sólo sabemos de los fallos cuando nos toca pagar y no nos da tiempo de defendernos", dice Augusto Moreno, gerente de Cajanal. "Asumo el costo de la inoperancia de la defensa. Estoy poniendo mi pellejo y, pase lo que pase, no voy a pagar algo ilegal", dice Moreno, a sabiendas de que un desacato a estos fallos se traduce en arrestos, multas y demandas millonarias. Una encrucijada similar a la que vivió hace pocos meses la anterior gerente de la entidad.

No es con policías en la puerta como se ataja esta corrupción. Para cerrar esta vena rota se requiere urgentemente una acción más decidida del gobierno y de la rama judicial. Mientras esto no suceda, al resto del país sólo le queda seguir pagando oportunamente sus impuestos, para que los carteles de las tutelas puedan recibir sus ganancias a tiempo.
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