Silvia Gette seguirá tras las rejas

El empeño de Silvia Gette y sus abogados para que ella pueda salir de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá ha sido infructuoso. Este miércoles un juez determinó que en el caso de Gette no se han vencido los términos en su proceso y debe continuar con detención preventiva, mientras se sabe si es condenada o absuelta del señalamiento de soborno que se le adelanta.
 
La defensa de la exrectora había planteado vencimiento de términos porque no se ha dado inicio al juicio. Sin embargo, el juez estimó que si bien es cierto que son 162 días los que han transcurrido desde cuando Gette fue acusada formalmente el pasado 7 de septiembre, a eso hay que descontarle 139 días que el proceso ha estado paralizado por cuenta de peticiones de la defensa de la argentina y del abogado Arcadio Martínez, procesado en la misma investigación. Lo que significa que sólo se contarían 23 días.
 
“Es cierto que los abogados defensores no tuvieron la culpa en los retrasos, tampoco se puede culpar a la administración de justicia. De esta manera no se puede despachar favorablemente la solicitud de libertad de la señora Silvia Beatriz Gette", dijo el juez.
 
En este tipo de casos, para que haya vencimiento de términos se tiene que dar una demora de 120 días entre la acusación formal y el inicio del juicio, hecho que, según el juez, no se ha dado en el proceso contra Gette.

La Fiscalía, en cabeza de Margarita Bonilla, solicitó que no se le diera la libertad a Gette porque, aunque reconoce que han pasado 162 días, las situaciones forzosas como son los aplazamientos pedidos por la defensa de los dos investigados han perjudicado el proceso. Además dijo que la exrectora podría obstruir la justicia por fuera de la cárcel.
 
Por su parte, el procurador Marlon Díaz respaldó la petición de la Fiscalía, pues considera que las demoras no han sido por negligencia de la administración de justicia y sí por las peticiones de las dos defensas. "Un juez de control de garantías no es una máquina de expedir boletas de libertad, por lo que se requiere analizar cada situación", aseguró.
 
Gette ha buscado salir de la cárcel por todas las formas: primero, Graciela Martínez, la tutora de sus hijos, interpuso una tutela; a eso se le sumó una revocatoria de la medida por ser madre cabeza de familia, petición que le fue negada por un juez el pasado 27 de diciembre.
 
La ciudadana argentina es señalada de instigar el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, yerno de su esposo. También es acusada de propiciar un soborno al exparamilitar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ para que no la vinculara con el crimen. Por estos últimos hechos está en la cárcel desde abril del 2013.
 
Gette, confinada en la cárcel El Buen Pastor, insiste en su inocencia. El pasado 17 de septiembre la Fiscalía le leyó el escrito de acusación por el soborno y la mujer no aceptó los cargos. De esta manera, la exrectora, quien alcanzó un poder inimaginable en Barranquilla, se la juega por un juicio por este caso.
 
Durante esa diligencia, la Fiscalía le recordó que cuentan con las pruebas para inferir que ella fue quien ordenó el pago de un soborno al exparamilitar.
 
“El día 18 de enero del 2013 el abogado Arcadio Martínez vino en nombre de Silvia Gette a ofrecerle $500 millones, para que creara duda sobre la autoría intelectual de esa señora en el crimen de Fernando Cepeda, para que le echara la culpa a la esposa del muerto y dijera además que la viuda de Cepeda tenía relaciones con las autodefensas", se indicó en el escrito de acusación.
 
El supuesto soborno por el que fue capturado inicialmente al abogado Arcadio Martínez fue denunciado ante la Fiscalía por el propio ‘Don Antonio’, quien además grabó en la cárcel el encuentro con el presunto emisario de Gette, pruebas que hizo llegar a los fiscales. Martínez fue capturado en un centro comercial de Barranquilla cuando se disponía a entregar la millonaria suma de dinero.  
 
A Gette le queda por ahora jugársela, como lo dice su abogado, por un posible vencimiento de términos que le permita volver a la libertad, o esperar a que un juez falle favorablemente la tutela que interpuso la tutora de sus hijos.