Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/07/05 00:29

La acusación de la Fiscalía contra el director de Fedemunicipios

El próximo 11 de julio inicia el juicio en contra de Gilberto Toro Giraldo por la presunta recaudación irregular de dineros de $4.000 millones en multas y sanciones de tránsito, a través del Simit.

Gilberto Toro Giraldo Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se le concedió a Fedemunicipios el manejo del Sistema integrado de Información sobre Multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

Así, la entidad administrada por el gremio de los municipios del país quedó autorizada para, estrictamente, implementar y mantener actualizado al sistema y por esta labor recibía como contraprestación el 10 % de lo recogido por esas sanciones, una vez estas fueran canceladas a los respectivos entes territoriales.

Así, según lo pactado, en el caso de Bogotá los recursos recibidos debían ser recaudados por la Secretaría de Hacienda Distrital, a través de la Dirección Distrital de Tesorería o mediante convenios con el sector financiero.

Posteriormente, el 10 % del dinero cancelado por esos conceptos era transferido a Fedemunicipios. Todo estaba claro en la normatividad, pero presuntas irregularidades en el recaudo de esos recursos, tienen en líos judiciales al director ejecutivo de esa entidad, Gilberto Toro Giraldo.

Semana.com conoció los detalles de los hechos por los que a partir del próximo 11 de julio iniciará el juicio en contra de Toro Giraldo y en el que se determinará su futuro judicial.

Según el escrito de acusación, el Decreto Distrital señala que al admitirse una entidad financiera como agente recaudador de los recursos de la ciudad debe cumplir con ciertos requisitos y ser autorizado previamente por un comité para este fin.

A pesar de no cumplir con esas especificaciones, Toro Giraldo solicitó que se le autorizara, a través de un contrato o convenio, el recaudo de dineros por concepto de multas y comparendos. Su petición fue rechazada.

No obstante, según la Fiscalía, Fedemunicipios –en cabeza de Toro- habría empezado a recaudar, a través de entidades financieras con las que suscribió convenios de recaudo, el valor de las multas y sanciones impuestas en Bogotá.

“A pesar de la prohibición legal, la Federación Colombiana de Municipios, representada por el señor Gilberto Toro Giraldo, a través de Simit, recauda en sus cuentas el valor de las multas y sanciones, retiene directamente el 10 % (…) y transfiere el 90 % restante, advirtiendo que la transferencia no se hace una vez se efectúa el recaudo, por lo cual los dineros permanecen por varios días en las cuentas de la Federación Colombiana de Municipios, generando a su favor unos rendimientos financieros", se lee en el documento conocido por este portal.

El ente acusador reitera que "lo pertinente es que los recursos se recauden directamente en las cuentas del Distrito Capital autorizadas y el 10 %, cuando se cause legalmente, se pagaría a la Federación Colombiana de Municipios, previa presentación de la cuenta de cobro”.

Esto significa que la agremiación  no habría hecho las cosas al derecho: recibir el 10 % que debía transferirle la Secretaría de Hacienda de Bogotá. En cambio, a través de las cuentas de recaudo que Fedemunicipios habría suscrito, la entidad habría recibido el 100 % de las sanciones y multas impuestas en la capital y luego habría pasado el 90 % de esos valores a la Secretaría, descontando por derecha su 10 %.

Así las cosas, según la Fiscalía, Toro Giraldo, justificando las facultades y prerrogativas otorgadas a Fedemunicipios –para la implementación y mantenimiento del Simit-  habría incurrido en dos grandes irregularidades.

Una de ellas, es que se habría atribuido la potestad de recaudar pagos relacionados con multas, sanciones y comparendos. Esto, según conoció este portal, habría tenido lugar a través de la apertura de 19 cuentas bancarias destinadas al pago de esos conceptos.

La otra, es que se habría apoderado, a través de la entidad que dirige, de recursos sobre los que la ley no le otorga ningún derecho.

De esta forma, estos recursos, según las pruebas recopiladas por el ente investigador, desde el 8 de noviembre del 2002 hasta el 31 de marzo del 2012, totalizan un valor de 4.492 millones de pesos.

En la investigación, para la Fiscalía quedó  claro que “la usurpación de función pública fue el mecanismo del que se valió el acusado para apoderarse de recursos públicos sobre los que la Federación de Municipios no tenía ningún derecho, ni tenencia jurídicamente fundada”, se lee en el documento conocido por este portal.

Por estos hechos, el pasado 13 de junio del 2012, el ente acusador le imputó a Gilberto Toro Giraldo, ante el juzgado 22 con función de garantías, los cargos de hurto agravado en calidad de autor y usurpación de función pública. El procesado no aceptó los cargos. Ahora comienza la etapa de juicio en la que se definirá si es culpable o no de los delitos que se le endilgan.

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