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Sin aceite para la máquina

La política de cero puestos del presidente Alvaro Uribe acabó con la luna de miel con el Congreso y redujo el margen de maniobra del gobierno.

9 de junio de 2003

La derrota no pudo ser más aplastante. Como cuatro mosqueteros solitarios los representantes uribistas Gina Parody, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco y Nancy Patricia Gutiérrez fueron los únicos que obedecieron el llamado de Palacio para hundir el voto preferente del proyecto de reforma política. En la misma semana la nueva ley de televisión se empantanó en la comisión sexta de Senado mientras que el futuro de la reforma a la ley ambiental está en veremos en la quinta. Además, en ambas cámaras legislativas ya hay suficientes firmas para proponer una moción de censura contra el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño. ¿Por qué pasó el Congreso de ser "admirable" a un palo en la rueda para el gobierno en sólo seis meses?

La respuesta está en la decisión del presidente Alvaro Uribe de establecer una relación con los congresistas que no esté basada en puestos ni en contratos. Desde la campaña el primer mandatario buscó una manera distinta de hacer política: dado su rápido crecimiento en las encuestas fueron los políticos quienes lo buscaron y no viceversa, como era la costumbre. Así, Alvaro Uribe pudo blindarse de los compromisos con los congresistas. Esto, sumado a sus altos índices de popularidad y a la indecisión de la línea oficial del Partido Liberal, le permitió al gobierno entrar con unas cómodas y obedientes mayorías parlamentarias.

Mayorías que convirtieron la primera legislatura en un éxito para la administración Uribe. El gobierno presentó una serie de reformas clave, como la pensional, la laboral y el proyecto de referendo, que salieron aprobadas. En donde otros presidentes fracasaron, Alvaro Uribe triunfaba de la mano de los congresistas. Tanto fue que el ministro Fernando Londoño calificó a este congreso de "admirable" por haber dado un espaldarazo al paquete legislativo uribista. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no podían ir mejor: el gobierno obtenía herramientas políticas, fiscales y económicas para avanzar en su agenda mientras que los parlamentarios recibían un merecido reconocimiento.

Sin embargo Alvaro Uribe empezó a tomar decisiones que afectaron lo que para los senadores es intocable: sus cuotas burocráticas. Así, el gobierno escogió por meritocracia a los gerentes regionales de institutos descentralizados, como el Sena y el Instituto de Seguros Sociales, que se han caracterizado por ser botines para repartir entre los amigos del Ejecutivo. Además, el Departamento Nacional de Planeación está poniendo en marcha una reforma a la administración pública que también golpea la burocracia. Han sido reestructuradas 17 entidades del Estado, fusionados siete ministerios y liquidadas cuatro entidades: Carbocol, Residencias Femeninas, Cofimpro y el Inurbe. Hasta principios de mayo habían sido suprimidos 6.227 cargos entre desvinculaciones, vacantes eliminadas y contratos no renovados. Los ministerios del Interior, Ambiente, Cultura, Comercio y Protección Social, los Seguros Sociales, Proexport y el Bienestar Familiar se cuentan entre los más recortados.

Estas medidas no sólo han reportado ahorros por más de 180.000 millones de pesos sino que también han golpeado a los contratistas, otra manera de favorecer a las clientelas políticas. En sólo el Seguro Social, según cifras de Planeación Nacional, no han sido renovados más de 2.000 contratos de prestación de servicios.

En conclusión, la administración Uribe se ha negado a cambiar puestos por votos para los proyectos de ley en el Congreso y ha adelantado una reforma que reduce el tamaño del pastel por repartir. En resumidas cuentas, en este gobierno no hay el famoso 'computador' de Palacio que hizo famoso a Juan Hernández. Sin burocracia para 'aceitar' la maquinaria la supervivencia de la gran mayoría de congresistas empieza a peligrar.



Votos de confianza

Al iniciar este año las presiones de los políticos "admirables" a la Casa de Nariño aumentaron. Los despachos de los ministros del gabinete también se llenaron de llamadas y solicitudes. "No hay día en que no llame algún congresista a presionar", afirma el asesor de un ministro. Y como el gobierno no les dio nada, la actitud de los padres de la patria cambió. Las críticas al jefe de la cartera política, Fernando Londoño, subieron de tono y se hicieron públicas. Mientras el año pasado los congresistas exaltaban los conocimientos jurídicos del Ministro, en los últimos meses éste ha perdido el apoyo de los conservadores y casi ninguno salió a defenderlo en el debate de Invercolsa. El brillante estratega político se transformó por arte de birlibirloque clientelista en un "pésimo Ministro del Interior que no sabe de política", como le dijo a SEMANA un parlamentario uribista.

De la euforia inicial de rodear a un primer mandatario que todo lo que tocaba se convertía en buena imagen pública se pasó a la apatía y la rebeldía. En los primeros consejos comunitarios todos los congresistas de las regiones visitadas acompañaban a la comitiva presidencial mientras que hoy en día los políticos ya ni asisten a las reuniones en los ministerios. Los desayunos de bancada en Palacio, que antes solucionaban cualquier discordia en las mayorías parlamentarias, no cuentan hoy con poder de convocatoria.

En otras palabras, el margen de maniobra del gobierno se redujo. Si se entiende la gobernabilidad como la capacidad de traducir sus proyectos de ley en leyes, la administración Uribe la está perdiendo a pasos agigantados.

Al problema de los puestos y contratos se le suma un tratamiento descuidado y poco profesional del ministro Londoño a la agenda legislativa y a la bancada. Nunca ha tirado línea y ha dejado que los proyectos avancen sin dar las directrices del gobierno. Un caso ilustrativo es el proyecto de reforma política, en el que se pellizcó cuando ya nada había que hacer. Además el estilo microgerencial del presidente Uribe también ha entorpecido las relaciones con el Congreso. Los ministros, incluido Londoño, casi no existen para los parlamentarios, que prefieren tratar cualquier tipo de tema con el primer mandatario.

Esta sequía burocrática de los congresistas ha sido paradójicamente un incentivo para la independencia de poderes y para el control político. El intercambio de puestos por apoyo legislativo ha convertido al Congreso en un apéndice del Ejecutivo. No obstante, de la independencia al chantaje hay un paso. Un espejo de cómo la negativa a negociar con la clase política produce un bloqueo es la segunda administración de Bogotá de Antanas Mockus. Muy pocos proyectos que presenta son aprobados en el Concejo y esto ha influido en su gestión. De sólo reconocimiento y buena voluntad no viven los políticos.

Mientras más se acerquen las próximas elecciones la presión sobre el gobierno se multiplicará ya que se vuelve una cuestión de vida o muerte para los congresistas. ¿Aguantará Uribe? De eso depende que este modelo de cero puestos no sea flor de una legislatura.