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La violencia en el fútbol no emana de las barras de aficionados, sino de pequeños núcleos que promueven la violencia. Así lo entendió la Policía y por eso tomó la decisión de negarles la entrada a los estadios a 25 hinchas revoltosos

ORDEN PÚBLICO

Sin derecho de admisión

Con la prohibición a varios hinchas de entrar a los estadios se empiezan a tomar medidas de fondo para reducir la violencia en los partidos de fútbol.

29 de agosto de 2009

En pocas semanas 25 hinchas de fútbol no podrán ingresar a los partidos de sus equipos en los diferentes estadios del país. A través de videos la Policía ha identificado hasta ahora a quienes se han convertido en epicentro del desorden y la violencia en la graderías. La medida es nueva en Colombia, pero ya ha tenido éxito en Inglaterra y Argentina. De hecho, el general Orlando Páez Barón, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, viajó en marzo pasado a Buenos Aires donde vio con sus propios ojos cómo se quedaban fuera de la Bombonera los "vetados" de Boca Junior. Desde entonces, gracias a un acuerdo de cooperación entre los dos países, los porteños asesoran a los colombianos en esta materia.

Esta puesta en práctica del "derecho de admisión" fue discutida con la Dimayor y con los delegados del gobierno nacional, que estuvieron de acuerdo. La individualización de los vándalos que crean desorden y promueven la violencia es un avance en materia de seguridad. En el pasado lo que se ha presentado es el estigma de que los bullosos y estridentes militantes de las barras son violentos, lo cual no es cierto. "Por el contrario, los líderes de las barras suelen ser los más pacíficos y abiertos a la concertación", dice el general Paéz.

¿Quiénes son los 25 sancionados? Aunque la Policía tiene sus imágenes, apenas se están creando los perfiles personales. Se trata de hombres jóvenes, que no estudian ni trabajan y que en ocasiones ya tienen antecedentes judiciales por porte de armas o de droga. No obstante, como hinchas revoltosos no han cometido ningún delito, aunque sí contravenciones. Por eso la idea es no sólo cerrarles las puertas del estadio en las narices, sino buscar algún tipo de rehabilitación social, en los casos que se requiera, como se hace en otros países.

El coctel de fútbol y violencia se ha convertido en todo un desafío en muchas ciudades el mundo. En Colombia la violencia ligada al fanatismo que desatan los equipos ha cobrado varios muertos dentro y fuera de los estadios. Y aunque siempre se le ha dado un tratamiento policial represivo, que ha sido inocuo, ahora tanto el gobierno como los clubes están obligados a evitar la violencia de manera efectiva, pues de lo contrario tendrán que pagar por ello.

Así quedó consignado también esta semana cuando un juez condenó a Santa Fe a pagar una indemnización por la muerte de Édison Andrés Garzón, un joven hincha muerto en los graves disturbios que se presentaron hace cuatro años en El Campín de Bogotá. La Policía también fue condenada, pero apeló la decisión y espera que esta sea revertida. Según la sentencia, todas estas entidades públicas o privadas están obligadas a velar porque el espectáculo se desarrolle en paz no sólo en el estadio, sino por ejemplo, en los desplazamientos de los hinchas de una ciudad a otra, pues en estos recorridos también ya hubo incidentes que han dejado muertos y heridos.

Sin embargo, el tema de las barras es una especie de papa caliente que todos se pasan de mano en mano. Los clubes dicen que no responden por ellas, mientras el gobierno piensa que los clubes son equipos más aficionados. En ciudades como Medellín se ha logrado que las barras logren acuerdos con la Alcaldía cuando hay 'clásicos', para evitar el desorden. No obtante, el problema no son tanto las barras como pequeños grupos de agitadores que, usando a la hordas de hinchas como mampara, encienden los ánimos de los jóvenes en momentos clave de los partidos cuando las emociones son difícilmente controlables.

Aunque la lista de sancionados es una medida que puede funcionar, todavía hay varias tareas pendientes. Los estadios requieren cámaras sofisticadas para captar con nitidez lo que ocurre en las tribunas, y las requisas se tendrían que hacer con medios electrónicos y no al tacto, como se hacen ahora. El problema es que no se sabe quién debe pagar por ello, si los gobiernos locales, la Policía o los clubes.

Posiblemente ahora, que tanto Policía como clubes tendrán que indemnizar a las víctimas de la violencia en los estadios, todos entiendan que es mejor invertir en la prevención, que pagar por los daños irreparables que ha causado la falta de mayor seguridad y convivencia en el fútbol.