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| 12/17/2011 12:00:00 AM

Sin freno

Los duros cuestionamientos a la reforma a la justicia obligaron al Congreso, a última hora, a reversar algunas de sus propuestas más polémicas.

Contra viento y marea, la reforma a la justicia pasó su primera vuelta en el Congreso. A las siete de la noche del jueves pasado, horas antes de que el Senado y la Cámara conciliaran el texto final, la pesada del poder judicial y de los organismos de control le mandaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que le pedían que interviniera para evitar la aprobación de la reforma.

En coro, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la fiscal Viviane Morales y el procurador Alejandro Ordóñez argumentaron que el proyecto de reforma no favorece "el diseño que exige un adecuado equilibrio del Poder Público" ni tampoco responde a las demandas ciudadanas de acceso a la justicia. La organización Human Rights Watch también expresó sus reparos a la reforma al fuero militar, pero esta se mantuvo. Los posibles delitos que cometa la fuerza pública "en todo caso" se presumen como actos de servicio.

Sin embargo, el texto aprobado en la plenaria de Cámara generó una polémica que obligó a los conciliadores a hacer ajustes de última hora, que calmaron las aguas.

Los reversazos

El texto aprobado en la plenaria de la Cámara había creado un polémico 'supertribunal' para juzgar a los congresistas y magistrados de las altas cortes, en primera instancia. Además de generar una discusión por la jerarquía institucional que tendría el tribunal, la propuesta provocó suspicacia porque cuatro de los seis magistrados serían propuestos por la Presidencia y el Congreso.

El texto aprobado en la conciliación dejó la competencia para juzgar a los congresistas, como está hoy, en la Corte Suprema de Justicia. Pero en aras de garantizar la doble instancia, creó la Sala de Investigación y Calificación para que se ocupe de estos casos y la segunda instancia será el pleno de la Corte Suprema. La nueva sala estará integrada por cinco magistrados elegidos por los presidentes de las cortes, menos de la Suprema.

La intención de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional fuera órgano de cierre en materia de tutelas frente a las demás cortes también fue reversada. En criterio del presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, esa disposición, en lugar de acabar el choque de trenes, es decir, los fallos contradictorios entre tribunales, los podría incrementar. Al final, el artículo que pretendía regular esa materia se eliminó.

También se resucitó la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero con una sola competencia: la de investigar al presidente de la República y al vicepresidente por "indignidad política". Y se creó una Comisión Especial de Instrucción, en la misma Cámara, integrada por diez funcionarios con las mismas cualidades de los magistrados de la Corte Suprema, que investigarán disciplinaria y penalmente al fiscal, al procurador y a los magistrados de las altas cortes.

La Cámara había eliminado la figura de la silla vacía para los congresistas condenados por delitos electorales. Pero los conciliadores no solo recuperaron la figura, sino que la ampliaron y ahora ya solo se pueden reemplazar los congresistas que dejen la curul por muerte, incapacidad absoluta y renuncia justificada.

El artículo que cambiaba el mecanismo de elección del registrador fue retirado en la conciliación. Así este seguirá siendo elegido a través de un concurso de méritos organizado por las cortes.

Lo nuevo

Entre los artículos incorporados en la conciliación hay uno que promete polémica. En el papel suena bien, pues ordena crear una ley que nivele los salarios de los funcionarios de la rama, que son los más desiguales de la región. La pregunta es qué tan fácil es desde el punto de vista fiscal aplicarlo y si es necesario incluir esa medida en una reforma constitucional cuando una ley ordinaria o un decreto cumplirían ese propósito.

Otro aspecto polémico, que había sido pasado por alto en los otros debates, es que las causales de pérdida de investidura de los congresistas quedaron reducidas de ocho a cuatro.

Así, pues, la reforma constitucional que nació como el símbolo de la reconciliación entre las cortes y el Ejecutivo, que luego se convirtió en una especie de Frankestein en el que cada cual -gobierno, Congreso y cada corte- quiso meter lo que le convenía, pasó su primera prueba de fuego. De lo que no cabe duda es que se ha convertido en una disputa por la redistribución del poder y por ello el próximo año augura cuatro debates aún más candentes.
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