Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/12/16 00:00

Sin libreto

El proceso con los paramilitares es como un carro sin frenos. Se sabe dónde arrancó, pero no cómo terminará. ¿Llegará a buen puerto?

‘Ernesto Báez’, Vicente Castaño y ‘Jorge 40’ fueron quienes más resistencia le hicieron a la Ley de Justicia y Paz. Hoy ‘Baéz’ y ‘Jorge 40’ estån detenidos en la cárcel de Itagüí. Vicente Castaño abandonó el proceso y es prófugo de la justicia

En las telenovelas lo único que se sabe con certeza es el final. Los protagonistas enfrentan todas las adversidades, pero al final quedan juntos. Es la ley universal del melodrama. Cosa muy distinta a lo que ha ocurrido en los últimos tres años en Colombia con el proceso de negociación con las autodefensas. En los primeros capítulos se tejió una trama y se previó un final. Sin embargo, los actores empezaron a improvisar, entraron nuevos personajes, cambios de escenarios y giros dramáticos que han hecho más interesante la historia e impredecible su punto de llegada.

El proceso se está convirtiendo en un performance que puede desembocar en desenlaces inesperados. Congresistas detenidos, pactos bajo la mesa, purgas internas, paramilitares en cárceles de máxima seguridad son asuntos que no figuraban en el libreto del gobierno, que apostaba por un pacto pragmático, basado apenas en el desarme y la reinserción de los combatientes. Nada de esto estaba tampoco en el guión de los opositores a ultranza del proceso, quienes veían la negociación como una mera triquiñuela del establecimiento. Y que ahora miran con asombro el viraje que están dando los hechos.

El principal quiebre en la historia lo dio el hallazgo, por parte de la Fiscalía, del llamado computador de 'Jorge 40', en marzo de este año. La información allí contenida permitió comprobar lo que era voz popular en la Costa: que el poder paramilitar no se limitaba a los apartados armados. Se trataba de una intrincada y extensa red criminal en la que estaban involucrados políticos, funcionarios públicos, narcotraficantes, organismos de inteligencia y hasta empresarios.

El computador dejó al desnudo el proceso de paz. Se convirtió en la prueba reina de que el paramilitarismo seguía vigente aún, después de la desmovilización. Continuaba vivo de tres maneras: como poder militar reciclado, pues demostró que la desmovilización fue parcial y, en muchos casos, tramposa; como poder político y clientelista basado en la coerción y el saqueo, y como mafia del narcotráfico que continuaba corrompiendo a muchos altos funcionarios y autoridades.

A las revelaciones del computador, en septiembre se sumaron tres factores que ya estaban en curso. Los testimonios de Rafael García, quien denunció la infiltración paramilitar en las más altas esferas del DAS, y las de Jairo Castillo Peralta, que narró con precisión y detalle cómo funcionaba la máquina de muerte de las AUC en Sucre. Ambos testigos han sido la columna vertebral de la actuación de la justicia, que es el segundo factor clave.

De no haber sido porque la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría han avanzado decididamente en las investigaciones, las denuncias no habrían pasado de ser un escándalo mediático. De hecho, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, y lograron romper en buena medida la indiferencia -y hasta la complacencia- que muchos sectores de la opinión pública tenían frente a las autodefensas. La percepción sobre estos grupos y sus líderes ha cambiado notablemente.

Por último, el papel de la Corte Constitucional fue fundamental porque con su fallo en mayo, sobre la Ley de Justicia y Paz, la salvó, pero reforzó los aspectos que favorecen a las víctimas para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

Los medios de comunicación y la justicia sirvieron de catalizadores de una crisis que desbarató las previsiones tanto del gobierno como de los paramilitares. Las del gobierno, porque los hechos tozudos le demostraron que no bastaba con exhibir el trofeo de 30.000 hombres desmovilizados. El presidente Álvaro Uribe tuvo que intervenir para poner en cintura a la cúpula paramilitar que se pavoneaba por el país en medio de lujos, mientras buscaba la manera de hacerle el quite a la Ley de Justicia y Paz, y ordenó en agosto la reclusión de 58 de ellos en La Ceja. Algunos de ellos nunca llegaron a ese lugar, porque consideraban que el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el ministro de Interior, Sabas Pretelt, habían incumplido las promesas hechas en Ralito.

La primera y más notoria deserción fue la de Vicente Castaño quien, después de que el país conoció que había mandado a asesinar a su hermano Carlos, abandonó el proceso y hasta hoy es prófugo de la justicia.

La reclusión en La Ceja no fue suficiente para controlar las retaliaciones y los crímenes entre sectores de narcotraficantes de las AUC. Por eso, el año nuevo lo pasarán los paramilitares en un lugar que no estaba ni en sus peores pesadillas: la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Que el libreto inicial de la negociación se haya desbaratado es lo mejor que pudo pasar. Tal como estaba planteado el proceso, se trataba de un desarme que dejaría intacto el statu quo que los paramilitares construyeron a sangre y fuego. Dejaría intactas sus redes políticas, su riqueza y los nuevos grupos armados, que suman más de 60 y que nadie sabe qué tan nuevos son. Esta parecía ser, al principio de este año, una negociación que no cambiaría nada. Pero la bola de nieve se echó a rodar y hoy, con moderado optimismo, se puede decir que en 2007 habrá desenlaces mayores.

Los paramilitares empiezan a hablar. Las víctimas, a reclamar sus derechos. Las instituciones y organizaciones de la sociedad civil están reaccionando. Sectores del establecimiento, como los militares y los ganaderos, se preparan para recibir los embates que ven venir con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

Los primeros meses del año próximo serán fundamentales para saber si el proceso definitivamente desencadenará un proceso de verdad y justicia que 'desparamilitarice' las regiones y fortalezca la democracia, o si apenas veremos un reacomodo de los mismos grupos, con las mismas prácticas, nuevamente en un ambiente de impunidad.

De la labor de la justicia depende en gran parte ese futuro. Si se imponen las fuerzas paramilitares y sus aliados, quizá se consolide una contrarrevolución agraria, el poder mafioso se institucionalice y se pierda lo recorrido hasta ahora.

Si, por el contrario, se imponen el Estado de derecho, el proceso habrá servido, como debió ser desde el principio, para superar una pesadilla que hasta ahora parece no tener fin.

El reto aún es grande y el desenlace apenas está por escribirse.

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