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| 6/17/2013 12:00:00 AM

Sin ‘mordaza’ las entrevistas a sindicados

El Gobierno había propuesto que los medios de comunicación sólo tendrían acceso a los condenados.

Con el argumento de evitar “posibles presiones indebidas a la Justicia”, el Gobierno había propuesto, dentro de las normas del nuevo régimen penitenciario y carcelario, que los medios de comunicación sólo estuvieran habilitados de visitar los centros de reclusión del país para realizar entrevistas periodísticas únicamente a reclusos sobre los que pesara una condena vigente.

La propuesta excluía a los internos sindicados o en etapa de juicio, tal como estaba redactado en el artículo 115 del proyecto.

Tal propuesta generó controversia no sólo en algunos sectores políticos que calificaron como una posible “mordaza” a la libertad de prensa la exclusión de los sindicados como fuente periodística. Toda vez que en el Congreso recordaron que muchos de los presos que aún no han sido condenados han concedido entrevistas que han servido para destapar “grandes escándalos” de corrupción o de nexos de políticos con grupos ilegales.

Recordaron que las investigaciones sobre el carrusel de la contratación en buena parte han avanzado gracias a las revelaciones que han hecho a los medios de comunicación exfuncionarios y excontratistas que aún no han recibido condena.

Pero la propuesta también podría suponer un atropello a la libertad de expresión de los propios reclusos, según el congresista Germán Navas Talero (Polo), quien explicó que los sindicados no pierden el derecho a opinar y no se les puede restringir su libertad para expresarse y acceder a la denuncia a través de entrevistas a medios de comunicación.

Ante esta controversia, el Gobierno decidió dar reversa en su propuesta, pero estableció nuevos criterios y condicionamientos para que los medios de comunicación puedan ser autorizados a realizar entrevistas a los presos condenados o sindicados.

La nueva propuesta de la ministra de justicia ya no discrimina ningún tipo de recluso, pero deja ahora en manos del juez correspondiente la autorización para conceder las entrevistas. Antes, para la autorización de las entrevistas, sólo mediaba el consentimiento del interno.
 
Ahora el juez tendrá que determinar “el efecto que sobre las víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento” para autorizar las entrevistas de los reclusos.
Aunque con esa fórmula el Gobierno pretende corregir su polémica propuesta de excluir a los sindicados, en el Congreso consideran que esta sigue siendo una restricción al libre acceso de la prensa.
 
Por eso, aunque el Gobierno quiere mantener normas para regular las visitas de los medios de comunicación a los centros de reclusión, varios congresistas pedirán excluir cualquier norma que trate de restringir la actividad periodística. “Prefiero una prensa desbocada que amordazada”, dice el congresista Telésforo Pedraza al conocer la propuesta con la que el Gobierno pretende corregir esta polémica propuesta.
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