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| 11/25/2006 12:00:00 AM

Sin paz en la tumba

Un paramilitar que busca acogerse a la Ley de Justicia y Paz desenterró un crimen que en Santander siempre ha tenido un tufillo de estar vinculado con la relación paras-políticos.

El escándalo por los nexos de la clase política con paramilitares llegó a Santander. Ocurrió por cuenta del testimonio de un paramilitar preso, conocido con el alias de 'Cartagena', quien pidió ser escuchado en la Fiscalía para confesar el asesinato, en marzo de 2001, del asesor jurídico de la Gobernación de Santander,Didier Granados. La declaración del hombre sorprendió a la Fiscal del proceso, pues el paramilitar admitió haber sido quien apuñaló al funcionario cumpliendo las órdenes de sus jefes, los comandantes paramilitares del Bloque Central Bolívar 'Setenta' y 'Harold'. Pero lo que más conmoción ha generado es que la orden del crimen habría sido dada por el abogado Gabriel Arenas, hermano del ex gobernador y ex representante a la Cámara Miguel Arenas Prada.

Cuando ocurrió la muerte de Granados, el resultado de las investigaciones condujo hacia un asunto personal. Incluso se condenó a 37 años de cárcel a un hombre que siempre admitió que estuvo en la escena del crimen, pero no participó en el homicidio. Alfonso Amaya, el convicto, dijo que los asesinos habían sido dos hombres. Su testimonio no lo exoneró, pero aportó en el proceso dos retratos hablados de los responsables. Uno de esos retratos coincide de manera precisa con el aspecto físico de alias 'Cartagena', según la Fiscalía.

A Granados lo mataron con sevicia. Fueron 52 puñaladas. Según el condenado por el crimen, Granados fue llevado a un apartamento vacío donde dos hombres lo golpeaban e insultaban, amenazando con matarlo si no accedía a firmar un documento. Además, el testigo Amaya dijo a la Fiscalía que durante el ataque mencionaron a los ex gobernadores Miguel Arenas Prada y Jorge Gómez Villamizar. Lo siguiente es que el cuerpo apareció tirado en la calle y envuelto en una sábana.

La investigación por la muerte del asesor jurídico no avanzó luego de la condena de Amaya. Ahora, la confesión del autor material, que fue revelada por el periódico Vanguardia Liberal, se convierte en la primera pieza que conecta el asesinato de Granados con los paramilitares y con un caso de corrupción en la Gobernación de Santander de esa época. Esta fue una de las hipótesis que hubo en su momento, pero la Fiscalía nunca logró establecer la conexión.

El caso de corrupción está relacionado con un contrato para manejar los recaudos por rodamiento durante cuatro años, un negocio que generaría utilidades por 8.000 millones de pesos al año.

El contrato fue adjudicado en 2000, al final de la gobernación de Miguel Arenas Prada y se puso en marcha en la administración de Jorge Gómez Villamizar, a principios de 2001.

Desde el comienzo, el contrato despertó polémica porque no fue adjudicado por licitación pública, sino de manera directa. Según la Fiscalía, las gestiones de Gabriel Arenas Prada, hermano del gobernador saliente, fueron decisivas para esto.

Inexplicablemente, el contrato sólo funcionó durante dos semanas. Según dijo a SEMANA el ex gobernador Gómez Villamizar, desde el comienzo de la ejecución del contrato se detectaron incumplimientos y lo que hizo su administración fue evitar que las irregularidades avanzaran más. Quien estuvo a cargo de terminarlo fue Didier Granados, el asesor jurídico asesinado.

Con el tiempo las autoridades recibieron versiones según las cuales se habrían pagado 1.200 millones de pesos en comisiones para que se hiciera el contrato. Esta situación es investigada aún por la Fiscalía y ya existe un llamado a juicio contra Gabriel Arenas y varios funcionarios de las dos administraciones.

Los investigadores de la Fiscalía tienen la hipótesis de que lo que buscaban los asesinos de Didier Granados era intimidar a quienes estaban relacionados con la turbia negociación. De esta teoría se desprende otra según la cual los paramilitares podrían tener alguna relación con el negocio.

El ex gobernador Gómez Villamizar dijo a SEMANA que en su caso precluyó el proceso administrativo que hubo en su contra por posibles irregularidades en su decisión de suspender el contrato. Dice que no conoce otras investigaciones que puedan existir relacionadas con ese negocio. También aseguró que no tiene información sobre las nuevas pruebas en el proceso por la muerte de Didier Granados. Además aseguró que nunca durante el desarrollo del contrato, ni luego de su terminación, hubo relación o intimidación alguna por parte de paramilitares o cualquier otro grupo al margen de la ley.

SEMANA buscó contactar al ex gobernador Arenas Prada, pero no respondió ninguno de los mensajes que se dejaron en su teléfono celular y con su asistente.

La declaración de este paramilitar surge en momentos en que hay gran conmoción en el país por las cercanías que se han develado entre los grupos paramilitares y la clase política, y esa confesión podría ser la cresta de una ola que cubra a muchos en un departamento donde hay cantidad de rumores sobre vínculos económicos entre el Bloque Central Bolívar y políticos de la región.

En los informes de las investigaciones por el homicidio que conoció SEMANA no hay referencia a los ex gobernadores, pero sí existen muchos indicios, confirmados por los propios investigadores, de que tras ese contrato estarían intereses de los paramilitares. Esto les ha abierto una puerta para tratar de escarbar el alcance de los negocios de la política regional con los paramilitares.
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