¡Sin Piedad!

Hasta hace pocos dias la mayoría de los observadores políticos estaban convencidos de que el presidente Alvaro Uribe iba a poder sacar adelante el referendo. Hoy lo están dudando. Y la principal razón de este cambio de actitud se llama Piedad Córdoba. No tanto por lo que representa ella como persona sino como símbolo de una nueva realidad política: que a partir de ahora el Partido Liberal le va a hacer oposición al Presidente.

Obviamente, todos los protagonistas niegan esta interpretación. Afirman que se trata de oposición al referendo pero no al gobierno. Pero no se necesita ser historiador para entender que cuando el principal partido político de un país se opone a la iniciativa más importante del jefe del Estado le está haciendo oposición no sólo al proyecto sino al régimen. Más aún si se tiene en cuenta que Colombia es un país de tradición presidencialista y que Alvaro Uribe, a pesar de llamarse a sí mismo independiente, surgió del Partido Liberal, en el cual hizo toda su carrera hasta que lanzó su candidatura presidencial.

Esta nueva realidad política se ha manifestado a través de dos caminos independientes. El primer golpe lo dio el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, cuando al presentar su concepto sobre la constitucionalidad del referendo prácticamente lo despedazó. Y el segundo fue propiciado por el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, quien al dar su opinión en su calidad de coordinador de la comisión de relaciones internacionales, justicia y reforma política del liberalismo le dio el puntillazo final. Los entendedores de la política fina consideran que no deja de ser paradójico que el golpe de la Procuraduría, que por definición es jurídico, tiene bastante de política por detrás. Y el tiro de gracia de Gómez Méndez, que en teoría era para dar orientaciones políticas, terminó empaquetado en sesudo estudio jurídico.

El origen de todo lo que está sucediendo es más político que jurídico. Y se puede sintetizar en una frase: ni el referendo es una maravilla para el país ni el Presidente ha sido una maravilla para el Partido Liberal. En efecto, el referendo era un compromiso de campaña del candidato Alvaro Uribe, cuyo triunfo obedeció a la promesa electoral de derrotar con mano dura la guerrilla y la politiquería. Pero en Colombia no se sabe cuál de esos ofrecimientos es más difícil de cumplir. Desde Jorge Eliécer Gaitán la mayoría de los candidatos a la Presidencia han ofrecido purificar las costumbres políticas. Carlos Lleras, hace 30 años, puso de moda la palabra clientelismo y desde entonces se volvió el caballito de batalla de todo político que quisiera mostrarse como un renovador.

Sin embargo en la práctica las costumbres políticas obedecen a realidades socioeconómicas y a tradiciones culturales que difícilmente se pueden modificar por decreto. En ese campo siempre reinan más las buenas intenciones que los buenos resultados. La Constitución del 91 pretendió revolucionar la democracia y modernizar las instituciones, y el resultado 10 años después es que hoy el Congreso y el gobierno compiten entre sí para ver cuál le hace más cambios. Ni la reforma recientemente aprobada por el Congreso es la panacea ni el referendo lo sería. Ambas son más buenas que malas pero ninguna soluciona los dos grandes problemas del país, que son la guerra y la pobreza. Son más bien retoques positivos a la mecánica política que la mayoría de la población no entiende y que no afectan sustancialmente su vida diaria. Casi todas estas reformas pueden llevarse a cabo a través de leyes o decretos sin que se tenga que reformar la Constitución. Por lo tanto, ni se salva el país si se aprueba el referendo, ni se acaba si se hunde. En esas circunstancias el referendo se convierte en un termómetro de diversos factores políticos. Se miden la popularidad de los personajes, la disciplina de los partidos y el saldo político del Presidente.

Las anteriores variables políticas están determinadas en parte por la relación entre el Presidente y el Partido Liberal. A pesar de su candidatura independiente el liberalismo consideraba a Uribe uno de los suyos. Todos lo conocían y todos lo apreciaban. El se formó en esa colectividad y, aunque a veces fue oficialista y, a veces disidente, siempre fue liberal. Por eso, y porque el Partido Liberal es mayoritario, se esperaba que después del triunfo hubiera una relación fluida y una colaboración estrecha entre ambos. Pero esto no se dio. A pesar de que el partido lo único que quería era entregarse a él y acompañarlo en todo lo que quisiera, Uribe no se dejó. Cuando llegó el momento de repartir la piñata la primera sorpresa fue que los mejores premios fueron para sus enemigos políticos. Noemí Sanín, agresiva contrincante en la campaña presidencial, terminó de socia privilegiada de la coalición gobernante. Su gente acabó colocada en puestos clave, no sólo en los ministerios sino en las embajadas, incluyendo la de España, en donde ella reina en la actualidad.

Esto podría interpretarse como un acto de coquetería política de esos que inspira una personalidad carismática como la de Noemí. Pero casi igual de bien le fue a Andrés Pastrana, quien de buenas a primeras terminó también en el bando ganador. Si algo había quedado claro durante la campaña era que Uribe representaba la oposición total al modelo político de Pastrana. Fue este posicionamiento el que le dio la Presidencia. Pero una vez en la Casa de Nariño se vio más el corazón grande que la mano dura frente al pastranismo y el sanedrín de Andrés, integrado por personas como Luis Alberto Moreno y Guillermo Fernández de Soto, acabó tan bien colocado como el de Noemí.

Mientras el Partido Liberal observaba con cierto desconcierto todos estos desarrollos cayó la bomba atómica: Fernando Londoño fue nombrado superministro. Teniendo en cuenta que era el mayor enemigo del oficialismo liberal, semejante insulto no podía ser accidental. La bancada liberal estaba controlada por Ernesto Samper y Horacio Serpa. Fernando Londoño había tratado de meterlos a ambos a la cárcel durante el proceso 8.000. En este país, donde todo se olvida, esa no era fácil.

Para mostrar equilibrio, Uribe nombró a Serpa embajador ante la OEA. Era un ofrecimiento generoso para un candidato derrotado. Pero si a Serpa le fue bien, no se puede decir lo mismo del Partido Liberal. El primer pronunciamiento de Fernando Londoño fue notificar que en el gobierno de Uribe no habría cuotas burocráticas. Aunque este planteamiento despierta ovación en los clubes del norte de Bogotá, en la provincia colombiana es virtualmente imposible manejar la política sin oxígeno burocrático. En la mayor parte del territorio nacional el principal empleador es el Estado y los parlamentarios siempre han sido los intermediarios entre éste y las necesidades laborales de sus electores.

La única forma de suplir este sistema de repartir el escaso empleo que hay en Colombia sería la carrera administrativa basada en méritos. Pero esto sólo funciona cuando el sistema se implanta en forma masiva, tanto a nivel nacional como local. La meritocracia que se ha ensayado en este gobierno tiene un valor simbólico enorme pero nada más. En un país donde hay 600.000 empleados públicos, escoger ciento y pico por concurso es un saludo a la bandera. El Presidente y su Ministro del Interior parecen haber creído que con la simple iniciativa se habría creado una nueva Colombia y se desentendieron totalmente del problema.

El resultado de todo esto es que en un país con un desempleo cercano al 15 por ciento se creó un vacío de gobernabilidad, pues se eliminó un sistema centenario de repartición del poder sin tener con qué reemplazarlo. Esto acabó con la dependencia que tenía el Legislativo del Ejecutivo por concepto de gratitud y reciprocidad. El sentimiento del partido liberal frente a Uribe es como el del vallenato: "yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida".

Y ese olvido es el origen de que el partido mayoritario desde hace casi un siglo, le acabe de decretar la oposición al Presidente más popular de la historia reciente.

¿Qué va a pasar ahora? Nadie lo sabe. Lo único que es seguro es que el referendo pasó de ser importante como reforma política a ser importante como plebiscito alrededor de la figura del Presidente. Pocos son los ciudadanos que entienden las implicaciones de los 15 puntos contenidos en el referendo. Pero todos entienden que Alvaro Uribe está a favor de éste y que votar por el SI es apoyarlo a él. El problema es que el número de votos requeridos para aprobar el referendo es muy alto. Concretamente se necesita más de la cuarta parte del total del censo electoral. Esto significa más de seis millones de votos. Para ilustrar la dificultad de llegar a esa cifra no es sino tener en cuenta que Uribe llegó a la Presidencia con 5.862.655 votos. Otro dato que ilustra la complejidad de llegar al mínimo requerido es que la Constituyente de César Gaviria en 1991 sacó 3.686.090 votos. Y eso fue en un momento en que la creación de una nueva Constitución era una ilusión colectiva impulsada por la indignación y la frustración nacional que produjo el asesinato de Luis Carlos Galán.

Hoy nada de eso está sucediendo. El referendo de Alvaro Uribe, que inicialmente pudo haber sido una esperanza que unía al país, se ha convertido en el principal factor de división de los colombianos en la actualidad. Ante lo difícil que es entender su contenido la única forma de despertar el entusiasmo nacional alrededor de éste era volverlo la bandera de una cruzada apoyada por todos los estamentos clave de la sociedad. Esto, obviamente, ya no sucedió. Que el histórico Partido Liberal y el carismático Polo Democrático se unan para hundir el referendo es un hecho sin precedentes. Al cierre de esta edición esa coalición estaba en proceso de conformarse e incluía sectores populares como centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles.

Ese es el alineamiento de fuerzas en este momento. Hay dos interpretaciones sobre lo que puede suceder. La primera es que una división de esa magnitud inevitablemente generará dudas en los electores, quienes piensan que si fuera tan bueno todo el mundo estaría de acuerdo. Y por eso, como dice el proverbio, ante la duda abstente. La otra teoría es diametralmente opuesta. Que si los políticos tradicionales se oponen a algo, eso tiene que ser muy bueno y hay que apoyarlo. De acuerdo con esta interpretación, Piedad Córdoba y sus muchachos no pudieron hacerle un favor más grande al Presidente que declararle la guerra a su proyecto bandera.

¿Cuál de las interpretaciones anteriores será la que se imponga al final? Sólo el tiempo lo dirá. Concretamente, sólo se sabrá el 25 de octubre por la noche cuando se cuenten los votos. Pero hay algo que se puede anticipar desde ahora: que no va a ser fácil de aprobar el referendo. A los problemas arriba mencionados se suman otros. Uno de los puntos clave del referendo es la congelación de los sueldos de los empleados públicos. Estos constituyen tradicionalmente el bloque electoral más sólido del país. Si se tiene en cuenta que cada empleado público tiene cuatro o cinco dependientes, habrá alrededor de tres millones de personas que siempre votan y esta vez se quedarán en la casa.

A esto se podría sumar cerca de un millón de pensionados, que vieron su seguridad económica amenazada por el intento de ponerle un impuesto a las pensiones. Esta propuesta finalmente no se incluyó pero el daño en imagen ya estaba hecho. Para los pensionados el referendo dejó de ser un enemigo pero eso no lo convierte en un aliado. Y si a estos cuatro millones se suma el costo en votos que tendrá la ausencia de maquinarias electorales ese sábado, la conclusión es que los votos tradicionales que no se presentarán superarán los cinco millones. Al fin y al cabo los votos de las maquinarias en Colombia están cuantificados en un mínimo de dos millones y esas maquinarias concentrarán todo su esfuerzo en el domingo, que es cuando se eligen gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, y no en el sábado, que es la fecha del referendo. El hecho de que haya elecciones dos días seguidos hace difícil sacar a la gente a votar en ambas jornadas. Los buses cuestan plata tanto el sábado como el domingo. Y los políticos prefieren contratarlos el día en que se juegan su propio pellejo.

Ante este panorama sombrío hay que recordar que Alvaro Uribe no es manco y todavía es inmensamente popular. Seguramente presentará el apoyo al referendo como una forma de apoyar su gestión. Contará con prácticamente todos los medios de comunicación del país y con casi todo el sector empresarial. Si esto no es suficiente y la situación se vuelve dramática, tiene una última carta para jugarse: amenazar con renunciar si el referendo no se aprueba. Hay un antecedente en la historia reciente de un caso parecido. En 1968 Carlos Lleras presentó su proyecto de reforma constitucional y el Congreso se la iba a negar. Notificó entonces que si no había reforma abandonaría la Presidencia. Este chantaje congregó a todas las fuerzas vivas del país y la reforma pasó. Ojalá a Alvaro Uribe no le toque llegar a esos extremos.