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| 8/28/2010 12:00:00 AM

Sin salida

Con el fallo de la Procuraduría y la acusación de la Fiscalía, la situación jurídica de Sabas Pretelt se complica. El gran interrogante es si puede haber un desenlace sin cárcel.

Hace cuatro años, Sabas Pretelt era el hombre del momento. Dejaba el cargo de ministro del Interior y de Justicia en hombros. El presidente Álvaro Uribe lo acababa de nombrar embajador en Roma en un gesto de agradecimiento por haber logrado la reforma constitucional que permitió la reelección. Figuraba en la parte alta de la tabla de favorabilidad en las encuestas y estaba de primero en la fila de presidenciables del Partido Conservador, una agrupación que parecía lista para asumir las riendas de la seguridad democrática a partir de 2010.

Hoy ese logro político de la reelección se volvió una pesadilla. El martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó a Pretelt y le decretó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años. Aunque el ex ministro interpuso un recurso ante el mismo Procurador, pocos ven posible que Ordóñez revoque su propio fallo.

La Procuraduría concluyó que Sabas sí le ofreció al congresista Teodolindo Avendaño una notaría a cambio de que se ausentara de la sesión clave de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 4 de junio de 2004, donde pendía de un hilo la reforma constitucional. Según la entidad disciplinaria, "Sabas participó en las reuniones donde se gestó el ofrecimiento a Teolindo Avendaño e incluso tuvo ocasión para conocer la persona que posteriormente sería designada como notario 67 del Círculo de Bogotá".

Sobre el tema de la notaría, Ordóñez le da plena credibilidad al testimonio de Yidis Medina, condenada por la Corte Suprema por cohecho y quien desempeñó un papel fundamental en la relación de Teodolindo con el Ministro del Interior. El Procurador, que en un fallo anterior había absuelto a Pretelt por lo concerniente a Yidis, explicó que en esta ocasión sí tuvo la oportunidad de interrogar a la ex congresista y evaluar la veracidad de sus declaraciones. Algunos le han atribuido su cambio de posición al hecho de que la Corte Suprema le abrió una investigación precisamente por ese fallo absolutorio.

Sabas negó a los cuatro vientos todas las acusaciones y expresó su sorpresa por la decisión de la Procuraduría. "En el caso de Yidis, estábamos involucradas cinco o seis personas y todas fuimos absueltas. Ese era el tema central porque ella decía que ella y Teodolindo habían recibido dádivas. He servido con entereza y con dedicación, y no me perdonan que haya sacado con transparencia la reelección", le dijo a La W, en una de sus múltiples entrevistas radiales de la semana pasada, en las que causó mucha impresión la tragedia personal que reflejaba. Parecía un hombre acabado que no entendía bien lo que le había pasado.

Para la mayoría de la gente, si Sabas es culpable es por haber hecho lo que se había hecho toda la vida en Colombia: armar mayorías parlamentarias dándoles 'zanahorias' a los congresistas. El ex presidente Uribe defiende a su ex ministro en ese terreno: "Se está confundiendo lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia, que es dar representación, estudiar recomendaciones, que se hace en todas partes del Estado, con el cohecho. El país estaría lleno de cohechos y en todas las instituciones del Estado, si así fuera".

Sabas, sin embargo, no reconoce eso. Asegura con indignación y dolor que él nunca negoció nada con ningún parlamentario como contraparte del voto a favor de la reelección. Eso que nunca había escandalizado a nadie se volvió delito solo por la confesión de Yidis, pues la relación directa entre votos y prebendas generalmente no es demostrable.

En el caso del ex ministro, no se puede decir que haya una prueba reina -un audio o un acuerdo firmado-, como él mismo ha manifestado una y otra vez. La evidencia en su contra es esencialmente circunstancial. Como Ministro de la política, su función principal era contar y asegurar los votos. Todo el mundo sabía que Yidis y Teodolindo estaban más cerca del no que del sí. Yidis ya confesó que su voto fue comprado, y aunque Teodolindo lo ha negado, las pruebas de que su voto también fue comprado con una notaría, que posteriormente fue vendida, son contundentes. Y el hombre que por su cargo desempeñó un papel clave en la creación de esa notaría y en la entrega fue Sabas Pretelt.

Ante esa situación, Pretelt le jugó a buscar la nulidad de su proceso ante la Fiscalía por vicios de procedimiento. Alegó que la Constitución establece que como ministro de Estado solo podía ser investigado y acusado por el Fiscal General de la Nación. Como cuando explotó el escándalo ocupaba ese cargo Mario Iguarán, quien había sido su viceministro, este tuvo que declararse impedido y el caso pasó a manos del vicefiscal. Como Iguarán salió de la Fiscalía, los abogados de Sabas argumentan que el caso tiene que pasar a manos del Fiscal, pues ya no existe ningún impedimento. Esta teoría, que no es absurda, no ha sido aceptada por la Fiscalía.

En últimas, el fallo de la Procuraduría, aunque implica una sanción, es manejable pues se refiere al ámbito disciplinario. Lo que sí preocupa es la acusación de la Fiscalía, que entra en el terreno penal. Si la Corte Suprema, que será la encargada de juzgarlo, decide ponerle la misma pena que a Yidis y Teodolindo, Sabas terminaría en la cárcel o, en el mejor de los casos, con casa por cárcel. Si la Corte considera que su responsabilidad es menor que la de las personas que aceptaron las dádivas, y lo condena a la pena mínima de tres años, el delito sería excarcelable. Lo que parece poco probable, dada la posición que ha tenido la Corte frente a la reelección de Uribe y frente a la yidispolítica, es que después de la acusación de la Fiscalía lo exonere.
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