Sin sombra de duda

Luego de nueve meses de investigación, la gigante cosmética inglesa The Body Shop informó que rompía cobijas con el grupo colombiano Daabon. La causa: dudas sobre el comportamiento ético de estos últimos en un pleito de tierras, que aún no se resuelve, con unas comunidades desplazadas del sur de Bolívar. Los desarraigados alegan que las fincas que ocupa Daabon son de ellos, mientras que los dueños de la empresa aseguran que son compradores de buena fe.

En la Colombia de hace unos años, poco importaba de dónde venían las cosas ni quién estaba detrás de ellas, y con solo garantizar que el capital propio fuera legal era suficiente para salir bien librado de cualquier cuestionamiento. Esto comenzó a cambiar a mediados de los años 90 con la célebre Lista Clinton, que nació en Colombia y hoy es una referencia mundial contra el crimen organizado. En ella no tiene que mediar una sentencia judicial para que un empresario quede vetado del sector financiero y bancario por simple sospecha de lavado de dinero.

Pero hoy no es suficiente no estar en esa lista. Con un mundo cada vez más globalizado, las cosas son a otro precio. Ahora un conflicto laboral, un impacto en el medio ambiente, problemas con las comunidades, pugnas por los títulos de unas tierras o un posible hecho de corrupción puede ser suficiente para acabar con la reputación de una compañía. No en vano los ejecutivos de Coca-Cola tienen presente que el mal manejo que le dieron al asesinato de un líder sindical asociado a su compañía es el segundo hecho que más impacto negativo le ha causado a su marca en más de 100 años de historia, solo superado cuando cambiaron el sabor original de la bebida.

Estos 'riesgos reputacionales' son cada vez más estudiados por las empresas que están llegando al país atraídas por los buenos vientos de inversión. Así lo confirman los representantes de cuatro de las más grandes compañías que hacen inteligencia corporativa y que se han establecido en el país en los últimos años: Control Risk, Kroll, FTI y Andrews Internacional. Ellos confirman cómo multinacionales mineras y del sector agrícola son las que buscan con mayor insistencia estos servicios, solicitudes que para algunos de ellos han crecido 65 por ciento en lo corrido del año, comparado contra todo el año anterior. "Cada vez los empresarios quieren tener más claro con quién se meten a la cama", dice Recaredo Romero, uno de los ejecutivos de Control Risk

Por la característica de su actividad, las firmas guardan confidencialidad sobre sus clientes y las averiguaciones que hacen dentro de los llamados due dilligence reputacionales. Pero cuentan, por ejemplo, cómo algunos clientes han preferido abandonar negocios muy atractivos en tierras en el Urabá, donde ya hay una veintena de palmicultores encausados penalmente por supuestos vínculos con paramilitares. O la situación de un grupo de empresarios que temen quedar en un lío con la nueva ley de tierras por miles de hectáreas que compraron en la zona de Montes de María, pero posiblemente pertenecían a campesinos a los que la violencia desplazó hace una década. No hay duda de que no es un tema menor, en un país donde se alega que puede haber unos cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras en situaciones similares.

Es que los empresarios modernos hoy no solo se conforman con saber si la tradición de una tierra en el papel está bien, sino que exploran más allá. Una negociación sin la debida información les puede significar a sus empresas quedar asociadas ante la opinión pública con grupos criminales.

En el tema minero sucede algo similar. En los últimos seis años, los títulos mineros se cuadruplicaron y hoy son cerca de 8.000, muchos de ellos entregados con solo la cédula. A pesar de la depuración que han buscado hacer las autoridades, aún aparece mucho desconocido en una actividad que, entre otras, es atractiva para el lavado de activos.

Las alertas se han encendido en el Bajo Cauca, donde hay muchas versiones de lavado a través del oro. En Boyacá, por ejemplo, una multinacional canadiense, que cotiza en bolsa, a último minuto se echó para atrás en una cuantiosa negociación, pues al revisar históricamente los balances de su contraparte encontró una inyección injustificada de capital años atrás. Se retiró, pues consideró que el riesgo de un escándalo en algún momento le podía afectar el valor de su acción.

Para las consultoras de riesgo, esta clase de informes son los más delicados de elaborar. De un concepto de ellos dependen millonarios negocios, y son conscientes de que se construyen sobre información que muchas veces no es objetiva. "No solo se trata de si algo es cierto o no, ni siquiera de probar si hay algo ilegal; muchas veces solo basta con cómo perciben a quien se investiga", explica Ernesto Carrasco, gerente para Colombia de Kroll. Por eso sus estudios van más allá de los análisis de antecedentes legales de una compañía. Analizan toda la información que ha aparecido en medios de comunicación y diseñan estrategias para acercarse a las comunidades y las autoridades locales.

La inquietud por el riesgo de un mal nombre para las empresas en el fondo está motivada por una legislación cada vez más estricta en los principales mercados. Durante años, algunas empresas alemanas y francesas, sin el más mínimo sonrojo, aprovechaban que no eran sancionadas en sus países para pagar sobornos y lograr negocios en otras naciones. El caso fue tan notorio que generaba desigualdad en la forma como competían con empresas de otros países más estrictos. La presión internacional las metió en cintura.

También hay regulaciones en materia de corrupción, como la Fcpa de Estados Unidos (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por su sigla en inglés) y el Bribery Act (Ley de Soborno) del Reino Unido. La más reciente es una incluida en la última reforma financiera gringa, que contiene estímulos de hasta el 30 por ciento de las millonarias sanciones en dólares para quien denuncie situaciones anómalas de cualquier tipo, o la autorregulación que se han impuesto algunos grandes jugadores del sector financiero, como Bancolombia, que han suscrito los Equator Principles, en los que se comprometen a evaluar el riesgo socioambiental de los proyectos que financian.

La forma de hacer negocios está cambiando. Y cada vez sale más cara cualquier situación en la que los reguladores internacionales, el mercado o los usuarios vean que una empresa no es cuidadosa en conocer con quién y en qué condiciones hace sus negocios.