Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/02/03 15:50

“Sin un Estado presente y eficiente, tampoco hay respeto por los derechos”

En entrevista con Semana.com, Guillermo Rivera, Alto Consejero para los Derechos Humanos, responde críticas al proceso de paz y explica qué se está haciendo para determinar la cifra real de desaparecidos por el conflicto con las FARC.

“Sin un Estado presente y eficiente, tampoco hay respeto por los derechos” Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

Semana.com: ¿Cómo ha sido la situación de los derechos humanos durante el proceso de paz de La Habana?

Guillermo Rivera: Se ha evidenciado una disminución sostenida de los registros de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; la tasa de homicidio del 2015 es la más baja de los últimos 34 años; la expulsión de ciudadanos de su lugar de residencia hacia otros lugares, huyendo de la violencia, ha disminuido en 79 % durante los últimos cinco años; el secuestro ha disminuido en 47 % en los últimos cinco años, y las elecciones regionales del año pasado fueron las más pacíficas en cuatro décadas.

Semana.com: Pero uno de los argumentos de la oposición es que con el proceso, el tema de derechos humanos se ha relativizado…

G.R.: Las principales críticas al proceso de paz surgen de protagonistas de los dos gobiernos que antecedieron al actual, pero el comportamiento de los indicadores en materia de respeto a los derechos humanos durante este proceso de paz supera con creces los indicadores de la época del proceso de paz del Caguán y los de la época de la llamada seguridad democrática. De otra parte, la Comisión Interamericana de derechos humanos publicó, en el segundo semestre del 2014, un informe en el que concluyó que la principal fuente de violaciones de los derechos humanos en Colombia es el conflicto armado. Se trata de terminar con esta causa.

Semana.com: ¿Cómo lograr que la paz sea algo más que el acuerdo con las FARC?

G. R.: El Gobierno ha planteado la tesis de construir la paz en los territorios en los que ha prevalecido el conflicto. Hoy, en ellos, los ciudadanos tienen limitaciones para el ejercicio de sus derechos por cuenta de la existencia del conflicto armado y el propósito es que el fin del mismo transforme la realidad de tal manera que se puedan ejercer, con garantías estatales de por medio. Las políticas de lo que se ha denominado el posconflicto significan un ejercicio de priorización de la presencia institucional en las zonas afectadas por la violencia. Me refiero a administración de justicia, prestación de servicios de salud, educación e infraestructura. La paz territorial se pretende construir con el concurso de la gente y las autoridades locales de las zonas afectadas por el conflicto y no se trata de una receta descubierta en Bogotá. Sin un Estado presente y eficiente, tampoco hay respeto por los derechos.

Semana.com: En el caso de los desaparecidos, ¿con qué cifras trabajará el Estado? Se sabe que las de Medicina Legal, la Policía y la Unidad de Víctimas no coinciden…

G. R.: El Instituto de Medicina Legal se encuentra liderando un trabajo interinstitucional para la depuración de las cifras del registro nacional de desaparecidos. Esa depuración ha sido una labor muy compleja que en todo caso lo que persigue es tener una mayor efectividad en los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas dadas por desaparecidas. De todos modos es importante decir que la atención a los familiares de los desaparecidos se fortalece con la activación de los protocolos institucionales que se derivan de la aplicación del plan nacional de búsqueda.

Semana.com: ¿Qué acciones se están tomando para garantizar, en el posconflicto, que la gravedad de la situación de derechos humanos no se traslade a las ciudades, una vez firmado el acuerdo con las FARC?

G. R.: El concepto de paz territorial en el que desde el Gobierno estamos insistiendo apunta a transformar las condiciones de los territorios en los que ha prevalecido el conflicto. Si en eso somos exitosos, no habría riesgo de una especie de traslado del conflicto a las ciudades. En este proceso se han tenido en cuenta las experiencias positivas y negativas de otros países en los que se han desarrollado procesos de paz. Los habitantes de las ciudades deben tener en cuenta que el fin del conflicto permitirá, por ejemplo, que la Policía nacional no tenga que volver a destinar hombres y equipos en la lucha contra insurgente y concentrarse exclusivamente, en consecuencia, en la seguridad ciudadana.

Semana.com: ¿Cuál será el papel de la Consejería en las ocho zonas donde funcionará la misión política de verificación y en todo el proceso en general?

G. R.: Como lo ha indicado el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de la Habana, el mecanismo de verificación ya fue objeto de un acuerdo y será coordinado por una misión de las Naciones Unidas.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.