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| 9/7/2011 12:00:00 AM

Sistema de salud de maestros, la causa de las protestas

Los docentes no comparten la idea de que las EPS les presten el servicio de salud. Para los maestros, significa cambiar su régimen especial por el de la Ley 100. Gobierno asegura que el régimen y los beneficios excepcionales a los que tienen derecho se mantienen.

La protesta de este miércoles, convocada por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), demuestra el choque que existe entre los docentes y el Ministerio de Educación sobre el régimen especial de salud. Mientras la federación asegura que el Gobierno busca cambiarles el régimen, éste reitera que “se respeta”.
 
Ese es el motivo principal de las marchas de docentes en varias regiones del país, que fue apoyada por estudiantes universitarios que protestaron contra la reforma a la Ley 30 de educación superior. 

El tema no es nuevo. Un enfrentamiento similar ocurrió a principios del año 2008 cuando se discutió sobre cómo y a quién se debía contratar para prestarle el servicio de salud a esta población. No es cualquier tema: el régimen especial de los 323.000 docentes afiliados (que también tienen los trabajadores de ECOPETROL y los militares) representa 1,4 billones de pesos al año.
 
Un concepto reciente de la Superintendencia de Salud calificó de ilegal la forma como se venían realizando las licitaciones y las contrataciones con IPS (clínicas y hospitales). Por eso, en esta nueva licitación (que se realiza cada tres años), además de las IPS, también podrán participar EPS, empresas de medicina prepagada y cajas de compensación.
 
Según FECODE, no es claro por qué 20 años después de contratar bajo este sistema con IPS, la Supersalud considere que ahora no sea posible porque “las IPS no pueden subcontratar redes de servicio”.
 
Para Rafael Cuello, vicepresidente de FECODE, que los docentes sean atendidos por las EPS significa un cambio de régimen. “Las EPS tienen problemas, el mismo Gobierno lo ha dicho. Además, al meternos a las EPS, automáticamente se cambia el sistema porque a ellas las rige la Ley 100”.
 
Una posición diferente tiene la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien ha reiterado que el régimen de los maestros “se respeta” y que se mantendrán intactos los beneficios y el compromiso de no incluir a los docentes en la Ley 100 de 1993.

Entre los beneficios que se mantienen para los docentes están el no pago de bonos, cuotas moderadoras y copagos; la atención de todo tipo de patologías (sin restricción desde el primer día de afiliados) y la entrega de medicamentos sin límite de precios y cantidad.
 
Está incluida la atención de enfermedades de alto costo como VIH-sida; insuficiencia renal crónica o aguda; patologías cardiovasculares, neurológicas y trasplantes, sin la exigencia de periodos mínimos de cotización o preexistencias.
 
Los docentes temen que estas excepciones a las que tienen derecho no se cumplan al pie de la letra al pasar a una EPS, dado el cuestionado manejo de algunas aseguradoras les han dado a los recursos que el Estado les entrega para atender a los afiliados.
 
“En nuestro régimen, el prestador, además del servicio médico también atiende por enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Eso es de suma trascendencia porque la misma institución valora y califica la pérdida de la capacidad laboral para el reconocimiento y el pago de las pensiones, a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Si nos trasladan a una EPS, por su razón de ser, no podrían prestar este servicio y tendrían que contratar a otra entidad”, explica el vicepresidente de FECODE.
 
Universitarios se unieron a la marcha
 
Los estudiantes de universidades, especialmente las públicas, se unieron a la marcha. Además de apoyar a los docentes, manifestaron su rechazo a la reforma de la Ley 30 de educación superior que será radicada en el Congreso en esta legislatura.
 
Aunque el Gobierno retiró del proyecto la propuesta de crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro –uno de los temas más polémicos que provocó el rechazo de la comunidad educativa–, para los estudiantes esto “no es suficiente”.

“Las universidades están en crisis y es necesario evaluar el modelo, en términos de financiamiento. (... ) Los recursos adicionales que está planteando (en el proyecto de reforma) son insuficientes; diferentes análisis indican que se requeriría cuatro o cinco veces más lo que propone el Gobierno”, explica Giovanny Páez, presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (FENARES).

La jornada de protestas dejó problemas de movilidad y de orden público en Bogotá y Tunja, en donde cinco estudiantes fueron retenidos y dos policías resultaron heridos.

En la capital boyacense, varios estudiantes pintaron fachadas y lanzaron bolsas llenas de tinta y pintura contra los uniformados, que desató un enfrentamiento en la Plaza de Bolívar de esta ciudad.

Excepto en esta dos ciudades, las marchas transcurrieron sin inconvenientes. Según FECODE, en Bogotá 40.000 docentes aceptaron a la convocatoria; en Medellín, 4.000; en Barranquilla, 3.000; en Cali, 5.000; y en Córdoba, 10.000.

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