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| 12/7/2013 3:00:00 PM

¿Julio Gómez compró la Justicia?

Según una auditoria del Tribunal Superior de Bogotá, alguien habría sobornado por el reparto del caso de uno de los cerebros del cartel de la contratación.

Mucho se habla de corrupción en la Justicia pero pocas veces se tienen indicios concretos de cómo funciona. Y menos si se trata de un caso de alto impacto en el país como el del cartel de la contratación de Bogotá.

Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá y funcionarios de la Fiscalía están aterrados por lo que, según están descubriendo, pudo haber ocurrido con el caso de Julio Gómez, el controvertido contratista que ayudó a los hermanos Moreno a saquear las arcas de Bogotá.

El informe de una auditoría forense al que tuvo acceso SEMANA concluye que fue “manipulado” el sistema de reparto de los casos en ese tribunal y que el caso cayó en el despacho del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras. Ese preocupante indicio se sumó a un anónimo, que llegó a ese mismo tribunal, en el que se dice que el contratista Julio Gómez habría pagado 1.800 millones de pesos para que el fallo sobre su caso saliera de determinada manera y 200 millones más al encargado del tema técnico.

¿Cuál es la historia? El caso comenzó en noviembre de 2011, cuando la Fiscalía llegó a un acuerdo con Julio Gómez, que fue muy criticado. Se trataba del primer acuerdo de un protagonista del carrusel con la Fiscalía. Pero nadie entendía cómo podían darle una pena de tan solo cinco años de cárcel a un hombre que estaba en la cabeza del saqueo de billones de pesos en Bogotá simplemente por aceptar los cargos y devolver una suma irrisoria de dinero. El acuerdo no lo obligaba a colaborar con la Justicia ni a ser testigo en ningún caso específico.

El acuerdo era tan leonino para la Justicia que el entonces recién elegido alcalde Gustavo Petro y el procurador Alejandro Ordóñez pusieron el grito en el cielo y llamaron la atención de la entonces fiscal Viviane Morales. Petro le mandó una carta para rechazar el preacuerdo. Y Ordóñez le pidió que al menos le impusiera a Gómez medida de aseguramiento.

Sin embargo, en ese momento, el fiscal del caso Ricardo González siguió adelante con el acuerdo. Y dio una explicación que nunca terminó de convencer del todo. Según él, el contratista Julio Gómez había devuelto 12.500 millones de pesos.

La cifra exacta era 12.290 millones de pesos, y la Procuraduría cuestionó que prácticamente todo el dinero correspondía a un anticipo dado a Julio Gómez por otro contrato, el del deprimido de la calle 94, que finalmente no se construyó y que de cualquier manera Gómez tenía que reembolsar. Es decir, el contratista, para efectos del preacuerdo, solo entregó 290 millones de pesos. Una suma que no se compadecía con el tamaño del detrimento a la ciudad.

El juez dio su veredicto en abril del año pasado. A pesar de lo favorable de la condena para Julio Gómez (cinco años), su defensa sorprendió a todos al apelar la decisión. En ese momento se pensó que era una estrategia suya para seguir en libertad, como en efecto ocurrió. ¿Por qué un condenado seguía libre? fue una pregunta que lanzó SEMANA en su momento y que nadie contestó.

La apelación llegó entonces al Tribunal de Bogotá y por reparto quedó en el despacho del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras. El reparto es una operación automática que hace un software que va distribuyendo los procesos que van llegando de acuerdo con la carga de casos que tenga cada magistrado: al que menos tenga el sistema le asigna el caso que entra.

En octubre del año pasado, el magistrado Ramírez ya tenía lista su ponencia y la llevó, como es costumbre, para discusión con otros dos magistrados con los que hace sala, Ramiro Riaño y Raúl Gutiérrez. En la ponencia, Ramírez le rebajaba de cinco a cuatro años la pena a Julio Gómez (ver facsímil). 

Sus dos colegas le dijeron que no solo no estaban de acuerdo con la ponencia sino que también tenían grandes dudas del acuerdo al que había llegado la Fiscalía. “No puede ser que a una persona que se roba un celular se le condene a diez o 12 años de prisión y a este señor que les robó a todos los bogotanos tenga un pena de cuatro años”, se recuerda que argumentó una persona cercana al caso.

En la discusión también se hicieron notar otros vacíos del acuerdo de la Fiscalía, pues en él se mencionaban al menos cinco delitos pero solo se imputaban dos. “¿Acaso así querían blindar a Julio Gómez con respecto a esos otros delitos?”, se preguntaban.

La insistencia de los otros dos magistrados fue tal, que al fin decidieron que Ramiro Riaño escribiría una nueva ponencia de fallo con el que tumbarían el acuerdo de la Fiscalía con Julio Gómez. Como en efecto ocurrió el 28 de noviembre del año pasado. “Inexplicablemente, la Fiscalía no imputó cargos por delitos con los cuales se encuentra presuntamente comprometido Gómez”, dijo en su momento el magistrado Riaño. 

Por esos mismos días llegó al Tribunal de Bogotá un anónimo según el cual Julio Gómez había pagado 1.800 millones de pesos (1 millón de dólares, decía) a un magistrado. El panfleto fue leído ante toda la Sala Penal y muchos se miraron sorprendidos, pues sabían del tira y afloje que se había dado por este caso entre los tres magistrados.

El anónimo también llegó a la Fiscalía. Y eso fue importante porque en el Tribunal, al parecer el técnico que podía haber sido cómplice, logró embolatar una investigación interna. Sin embargo, la Fiscalía sí actuó. Pidió a técnicos del Consejo Superior de la Judicatura una auditoría al sistema informático del Tribunal Superior y cuál no sería la sorpresa cuando encontraron que en efecto se manipuló el reparto del caso de Julio Gómez.

SEMANA conoció el informe del 25 de octubre y dos cartas del 5 de noviembre (ver facsímil) en las que se dice textualmente: “Hubo manipulación de las bases de datos (…) respecto al reparto de un proceso adelantado en contra de Héctor Julio Gómez González, vinculado al carrusel de la contratación de Bogotá”. Y más adelante precisa: “Dentro de esa manipulación se modificaron las puertas (…) para que al realizarse el reparto le correspondiera al despacho del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras”.

Las ‘puertas’ es un término técnico para referirse al número de expedientes que tiene cada magistrado en el momento que entra un nuevo caso. Y lo que ocurrió en este caso, como lo muestra la tabla del informe de auditoría (ver facsímil), es que alguien se metió al sistema y les subió a todos los magistrados las ‘puertas’ a 200, menos al despacho del magistrado Ramírez al que se las dejó en 195. Y así, cuando entró el caso de Julio Gómez, el software se lo asignó.

El informe explica en detalle que “entre las 15:44:32 p.m. y las 15:46:53 p.m.” modificaron las puertas de 26 despachos. Es decir, en tan solo dos minutos y 21 segundos hicieron la tarea.

SEMANA habló con el magistrado Luis Fernando Ramírez y él niega enfáticamente haber recibido dinero o haber manipulado el fallo. “Es muy apresurado que la auditoría utilice la palabra manipulación porque implica mala fe. y puede haber sido un error técnico”. Así mismo, el magistrado alega que él, en su ponencia que fue derrotada, rebajaba de cinco a cuatro años la pena a Julio Gómez porque “el acuerdo le imponía cinco años con errores aritméticos”. El caso del magistrado está siendo revisado por la Fiscalía.

En cuanto a Julio Gómez, lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. En marzo de este año, el vicefiscal Jorge Perdomo anunció que habían llegado a un nuevo acuerdo con él que le daba diez años de prisión y lo obligaba a colaborar con la Justicia. En abril, un juez legalizó ese nuevo acuerdo por los delitos de peculado, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

No obstante, hace menos de dos meses decidió renunciar al preacuerdo. Al parecer, se dio cuenta de que le salía más rentable ir a juicio. Y lo hizo, además, luego de que obtuvo un principio de oportunidad con el cual la Fiscalía le perdonó el concierto para delinquir.

Ahora, para el 18 de diciembre está programada audiencia para formularle cargos por peculado, cohecho e interés indebido en celebración de contratos. Como Gómez va a aceptar los cargos tiene una rebaja de la mitad de la pena. SEMANA consultó con la Fiscalía cuál podría ser la condena mínima, incluyendo la rebaja, y la respuesta fue: “Seis años y medio”. A eso se le rebaja un año que lleva detenido y otro tanto, porque está estudiando Administración de Empresas.

Es decir, para cuando le lean el veredicto, es posible que pueda recibir la libertad por cumplir dos terceras partes de la condena.
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