Continúa la polémica por la negativa del vicepresidente Angelino Garzón a practicarse la valoración médica por parte de una junta médica nombrada especialmente para este caso, a petición del Congreso.
El día jueves y después de que se conoció esta noticia, el presidente del Con
greso, Roy Barreras, le solicitó al procurador Alejandro Ordóñez rectificar la tesis de su delegada Piedad Mejía, quien asistió al encuentro que sostuvo Garzón con las entidades de medicina del país, otros profesionales de la salud, sus médicos tratantes y asesores de la Vicepresidencia.
Según Barreras, la delegada había apoyado las objeciones que presentó el alto funcionario ante la valoración médica al sustentar que la petición de un examen médico solo se puede realizar cuando se dé una ausencia temporal o definitiva del jefe de Estado.
“Rechazo la opinión de la procuradora y espero el pronunciamiento del propio procurador general, no de Angelino, que es un paciente que tiene que ser evaluado por quien ordena la ley. La procuradora apoyó una tesis que riñe con la lógica y la ley”, dijo Barreras.
Sin embargo, este viernes, Ordóñez aseguró que Mejía no expresó concepto alguno sobre la reunión que se desarrolló en la residencia de Angelino Garzón. “Le di claras instrucciones para que simplemente fuera testigo de lo que allí se desarrollaba, la señora procuradora se hizo ayer presente y no expresó concepto alguno, por tanto esto no puede comprometer a la Procuraduría”, dijo Ordóñez.
“La Procuraduría no ha expresado concepto jurídico alguno, y por tanto, las aseveraciones que se hacen no corresponden a la realidad. La Procuraduría simplemente tiene una función preventiva y hace acompañamientos en orden de ser garante de las garantías constitucionales”, señaló.
El procurador también aseguró que le pedirá explicaciones al presidente del Congreso sobre sus declaraciones y reiteró que quien debe emitir un concepto técnico sobre este asunto es la Sala de Consulta y Servicio Civil y no el Ministerio Público.