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SOBRE RUEDAS

La Constituyente arrancó como una bala, pero le quedan tres interrogantes por resolver en el camino.

3 de septiembre de 1990

Todo fue saliendo a pedir de boca. Primero fue la propuesta que les formuló el presidente electo, César Gaviria, a los partidos políticos el 22 de julio, sobre composición, integración, período y convocación de la Asamblea Constitucional.
Salvo algunas sugerencias previsibles, y dirigidas más bien a perfeccionar el proyecto, todo el mundo salió a aplaudir. El M-19, por ejemplo, celebró la declaración del presidente electo y sólo observó que el número de 50 miembros que proponia Gaviria para integrar la Asamblea Constitucional debia aumentarse a 100 ó 150 para facilitar una mayor participación de las minorías.

Seis dias después vino la propuesta de temario que Gaviria les hizo a las mismas fuerzas políticas. En diez puntos, el nuevo mandatario le fijaba a la Asamblea Constitucional, las bases de la reforma y los criterios que a su juicio debían guiar el proceso de cambio institucional. De nuevo se alzaron voces de todas partes elogiando la voluntad con que Gaviria estaba asumiendo, aún sin posesionarse, sus responsabilidades de Jefe de Estado.

Pero lo que vino a ratificar la capacidad de liderazgo y la habilidad política del nuevo mandatario fue el acuerdo político de consenso que logró la semana pasada alrededor de sus propuestas, con las dos vertientes conservadoras (el alvarismo y el pastranismo) y con el M-19, después de un agotador maratón de reuniones que de día y de noche sostuvo con los voceros de esas agrupaciones, Rodrigo Marín Bernal, Alvaro Villegas Moreno y Antonio Navarro Wolf.

El acuerdo de seis puntos recoge, corregidos y aumentados por los partidos políticos, los diez temas que había planteado Gaviria. Y aunque a simple vista es sólo un compendio de las reformas constitucionales discutidas y aprobadas en los últimos diez años, y que por distintas razones se habían frustrado en la Corte o en el mismo Congreso, hay mucho más en este nuevo proyecto. La reforma de la Administración Pública, por ejemplo, que no se había intentado tocar desde 1968, es la advertencia de que las causas de la crisis nacional no se pueden buscar únicarnente en la negligencia y la corrupción del Congreso o en el descuaderne total de la justicia, sino tarnbién en la notable ineficiencia del Ejecutivo central. La propuesta de la elección popular de gobernadores y la consagración de la soberanía fiscal para los Municipios no es únicamente el reconocimiento de que la descentralización puesta en marcha hace cuatro años con la elección de alcaldes, ha funcionado bien, sino que es un golpe de gracia al carácter centralista de la Constitución de 1886, para adoptar formas de federalización.

Conseguido el acuerdo y en medio de la luna de miel que se vive entre todos los medios políticos y el nuevo presidente de la República, la Asamblea Constitucional es, pues, como una nave que arranca con todos los motores encendidos. El 25 de noviembre habrá elecciones, según un decreto de estado de sitio que Gaviria debe expedir en las próximas semanas. Ese día, en la misma papeleta, el pueblo convocará con su voto a la Asamblea Constitucional para el 15 de enero por un período de 180 días, aprobará el temario de la misma, y elegirá a los 70 constituyentes que integrarán la Asamblea. Sin embargo, no todo es color de rosa, y falta aún mucho trecho por recorrer y muchas escalas técnicas por hacer. En principio los analistas políticos se formulan tres interrogantes sobre aspectos aún oscuros y confusos, y de cuyas respuestas depende en gran parte la buena fortuna de la Asamblea Constitucional.

El primero es cómo va a garantizarse el ingreso de las fuerzas sociales y regionales a la Asamblea Constitucional, a través de la Circunscripción Nacional, adoptada en el acuerdo político, como mecanismo para la elección de los constituyentes. Quienes defienden la circunscripción nacional argumentan que es el sistema que más favorece a las minorías, porque permite que la suma de los votos obtenidos por una minoría en las distintas regiones alcance el cuociente necesario-para ganar un puesto en la Asamblea. Sin embargo, hay otros que sostienen que si lo que se busca es que la Asamblea sea lo más representativa posible de las fuerzas políticas, sociales y regionales, como lo ordenó el mandato popular del 27 de mayo, difícilmente una figura regional puede encabezar con éxito una lista nacional. Y lo que puede ocurrir es lo contrario: que una figura nacional, como sería, por ejemplo, el caso de un ex presidente, se eche al bolsillo un porcentaje tan alto de votación que varios de los miembros de su lista ganen asiento en la Asamblea. En este punto la clave del rompecabezas está en diseñar una fórmula para que representantes de las regiones y de las organizaciones cívicas y sociales tengan cabida en las listas nacionales con posibilidades de salir elegidos. Ya se había pues de regionalizar, de alguna manera, la circunscripción nacional.

La segunda preocupación está en las garantías electorales que habrá que darles a las minorías durante la campaña para la elección de sus voceros a la Asamblea. Después de la bochornosa experiencia sufrida en las pasadas elecciones cuando un grupo de personajes folclóricos, más interesados en darse pantalla que en cumplir una función política, se aprovecharon de las garantías electorales para tomarse la televisión y hasta los dineros del Estado, el reto del nuevo gobierno es cómo ser demócrata, pero no democratero. Y para ello tendrá que llegar a un régimen de garantías que no caiga en el que ya se conoce como el síndrome de Gareña .

El tercer interrogante gira alrededor de la bendición que la Corte Suprema de Justicia tiene que impartirle a todo este proceso: ¿hasta qué punto está garantizado que la Corte no va a atravesarse en este caso, como en tantos otros? Por lo pronto, el presidente Gaviria ha tomado todas las precauciones del caso. El decreto de estado de sitio que piensa expedir es de las mismas características del que el presidente Barco expidió para facilitar la votación del 27 de mayo y que en ese momento fue aprobado por la Corte. Ese decreto simplemente autoriza el conteo de los votos. Ni siquiera es de convocación de la Constituyente. Según quedó establecido es el pueblo el que convocará la Asamblea en la papeleta del 25 de noviembre y no el gobierno.

"Seguramente habrá dificultades, pues nunca faltan. Pero, lo cierto es que esto va como una bala", dijo un parlamentario el jueves durante la rueda de prensa de Gaviria y los partidos en la que se leyó y firmó el acuerdo político. Y si bien es cierto que hasta ahora todo le ha salido a Gaviria como lo ha diseñado, no quiere decir que esté libre de tempestades. Las reacciones al nombramiento del primer gabinete y las relaciones que mantenga con el Congreso, tendrán mucho que ver con el éxito del acuerdo político firmado la semana pasada y, por lo tanto, con la buena marcha de la Asamblea Constitucional. Es de aquí en adelante cuando Gaviria pondrá en juego su enorme capital político.
Puntos claves
Estos son los 10 puntos claves que tratará la Asamblea Constitucional -interesada por 70 miembros que se convocará el prbximo 25 de noviembre por sufragio popular y que sesionará durante un periodo de seis meses, a partir del 15 de enero del año entrante.

1. CONGRESO. Se le amplían facultades pero se le aumentan responsabilidades. Mayores controles.

2. JUSTICIA Y MINISTERIO PUBLICO. Más instrumentos para enfrentar terrorismo y crimen Se amplían facultades de la Procuraduría.

3. ADMINISTRACION PUBLICA. Posibilidad de que la ciudadanía haga observaciones sobre ciertas decisiones administrativas y tenga mecanismos de control sobre los sistemas de contratación.

4. DERECHOS HUMANOS.
Se incluyen nuevos derechos: a la educación, al medio ambiente sano y adecuado, a la información, etc. Algunos de ellos son de aplicación inmediata.

5. PARTIDOS POLITICOS Y OPOSICION. Financiamiento de las campañas y estatuto de la oposición.

ó. REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIrAL. Replanteamiento de funciones, elección popular de gobernadores y soberanía fiscal y municipal.

7, MECANISMOS DE PARTICIPACION. Soberanía popular.
Mecanismos de participación popular en la presentación de proyectos de ley. Posibilidad de voto obligator;o.

8. ESTADO DE SITIO. Gradual de acuerdo con la situación de orden público. Transitorio. Fortalecimiento de la acción de la Procuraduría.

9. TEMAS ECONOMICOS.
Principios de democratización de la propiedad y mecanismos contra la concentración económica y los monopolios.

10.CONTROLFISCAL. Mayores iniciativas para el Congreso. Potestad sancionatoria para la Contraloría