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| 3/23/1992 12:00:00 AM

SOFTWARE MORTAL

Una investigación de la Procuraduría sobre millonarios fraudes en el Seguro Social pone al descubierto los alcances de la delincuencia por computador.

EL 11 DE MAYO DE 1983 COlombia entró en la hasta entonces desconocida delincuencia electrónica, con el descubrimiento del robo de los 13.5 millones de dólares de una cuenta que eI Gobierno mantenía en el Chase Manhattan Bank. Una década después, un fraude más sofisticado, por computador, ha vuelto a poner el tema sobre el tapete. El último caso de corrupción aclarado por la Procuraduría puso al descubierto las peripecias a las que acudió una cadena de funcionarios para asaltar el sistema informático central del Instituto de Seguros Sociales.
La investigación culminó con la destitución de ocho empleados del ISS, la suspensión de tres y la imposición de una multa para otro. También involucró a un revisor de documentos de la Contraloría, el organismo encargado de vigilar que cosas como esas no ocurran. El expediente abrió el camino a la especialización de los investigadores del Ministerio Público en el denso y complejo mundo del software. "Los que delinquen con los computadores son miembros de un desorganizado ejército de voluntarios analistas de sistemas, quienes inadvertidamente demuestran la vulnerabilidad de nuestros sistemas de seguridad. Ellos nos dicen que los sistemas de computadores no siempre son confiables", sostiene Buck Bloom Becker, un consultor norteamericano, autor del libro "Grandes estafas por computador" lanzado por Intermedio recientemente en Colombia, y en el que se relatan los más escandalosos delitos informáticos, que le cuestan a los Estados Unidos unos 500 millones de dólares al año.
El caso ocurrido en el Instituto de Seguros Sociales no tiene la sofisticación de los narrados en el libro y tampoco fue cometido por un "desordenado ejército". Todo lo contrario, incluyó a funcionarios de alto turmequé en el engranaje administrativo del ISS en Cundinamarca y analistas y programadores de sistemas de la oficina nacional del Seguro. Las irregularidades tienen que ver con el trámite y reconocimiento ilegal de pensiones de vejez e indemnizaciones.
El modus operandi de los defraudadores, según la Procuraduría, comenzaba cuando algún derecho habiente del Instituto solicitaba el reconocimiento de la pensión pero le era negado por no llenar los requisitos exigidos por la ley: esencialmente 500 semanas de cotización al ISS durante los últimos 20 años anteriores a la solicitud o mínimo de mil durante cualquier tiempo. El caso más escandaloso tuvo que ver con la petición de pensión de vejez para Salvador Pinto Nieto, a quien dos años antes se le había sido negado, debido a que se demostró que sólo registraba 430 semanas cotizadas ante el Seguro.
La primera inconsistencia grave surgió con la fecha de presentación de la solicitud. El expediente apareció con fecha de ingreso el 13 de abril de 1990. Ese día resultó ser un viernes santo. Un experto grafólogo del DAS demostró que la fecha original (13 de agosto de 1990) fue alterada. Ese cambio buscó incluir mayores beneficios en la liquidación, pues un decreto expedido por eI Gobierno, el 18 de abril de 1990, daba menos derechos que los anteriormente vigentes en cuanto a las semanas de cotización.
La segunda incongruencia tuvo que ver con el tiempo de labores y cotización ante el Seguro del trabajador. En febrero de 1988, el afiliado Pinto Nieto no pudo ser pensionado porque se demostró que registraba únicamente 430 semanas de cotización; sin embargo, en junio de 1990 un certificado de la División de Informática Nivel Nacional del ISS aseguraba que tenía 759 semanas cotizadas. Pinto Nieto, de 70 años de edad, también había sido elevado de categoría para aumentar el valor de su liquidación.
El "milagro" se logró en el gran computador del Seguro Social, una máquina norteamericana conocida como Wang VS 100, cuyos sistemas de seguridad fueron violados por varios empleados de esa sección. Pero como es muy difícil el crimen perfecto, todo se supo. La ingeniera Stella Hernández Rodríguez, analista de sistemas, y el programador de equipos Didier Amín Carlos Muñoz Cotrino, a través de dos terminales, lograron ingresar a los archivos computarizados, ejecutaron programas y corrigieron las cifras que tenían que ver con el afiliado Salvador Pinto Nieto.
Con lo que no contaron, aunque debían saberlo y confiaron en que nunca habría investigación, es que un sistema computarizado tan complejo cuenta con un sumlog, o centro de control. Allí quedaron memorizadas todas las operaciones de ingreso al sistema, que incluso registró alertas cuando se violaron los mecanismos de seguridad. Las claves -o password- de los usuarios de los terminales desde los cuales se consiguió la alteración, quedaron consignadas como prueba en su contra. Y aún que los implicados alegaron haber sido suplantados, la paciente investigación de la Procuraduría concluyó que esto no era posible, porque sólo ellos conocían las claves de seguridad.
Aparte del fraude electrónico, en las demás etapas del trámite de las pensiones también hubo irregularidades. Las anomalías abarcaron desde la recepción de los documentos, la certificación de derechos, pasando por la liquidación de las últimas 100 semanas de trabajo, hasta la aprobación en la Comisión de Prestaciones Económicas. En muchos de los pasos intervinieron funcionarios de secciones que no tenían que ver con el asunto y que incluso llevaban el visto bueno, también irregular, del auditor de la Contraloría ante el Seguro. También se destacó la premura inusual con la cual se resolvió la situación que favorecía a los pensionados y, por ende, a los bolsillos de los burócratas comprometidos.
Gran parte del caso se pudo aclarar gracias al testimonio de la funcionaria Lilián Perdomo Muñoz, quien denunció los hechos, situación que la hizo objeto de amenazas y la obligó al cambio de residencia. "Ha obrado con un alto grado de lealtad para con la institución y con suma responsabilidad y valor", resaltó en sus conclusiones la Procuraduría. El Ministerio Público también destacó la denuncia del ciudadano Rafael Castiblanco Sierra, quien con testigos demostró que Francisco Abril Goyeneche, de la sección de Cobranzas del ISS, le exigió medio millón de pesos para concederle el reconocimiento de la pensión.
Al final, las sanciones se impusieron a algunos funcionarios por acción y a otros por omisión. A unos por no guardar el debido cuidado y a otros por no defender los intereses del Instituto de Seguros Sociales. El caso pasó desde hace algunos meses a la justicia penal y, mientras dos de los acusados se encuentran detenidos, dos ahora trabajan en otra entidad estatal. Cosas de la falta de información interinstitucional. Los funcionarios destituidos son Alden Arias Monsalve, Carlos Eduardo Calle Cifuentes, Arturo González Bazurto, Raúl Arias Roa, Stella Hernández Rodríguez, Didier Amín Carlos Muñoz Cotrino, Francisco Abril Goyeneche y José Daniel Ruiz Monroy, de las divisiones y secciones de prestaciones y seguros económicos del ISS, y Hernán Sanabria Bello, auditor de la Contraloría. Suspendidos por un mes en sus cargos: Trino Esteban González Peña, subgerente financiero encargado del ISS Cundinamarca, Luis Fernando González Bonilla y Yolanda Sierra García, auxiliares administrativos, y le fue impuesta multa equivalente a un mes de sueldo a Marina Castellanos García, sustanciadora de pensiones.
La conclusión de la sanción no podía ser más diciente: "El comportamiento de los funcionarios del lnstituto de Seguros Sociales orientado a conseguir a favor de ciertos afiliados unos reconocimientos prestacionales, pese a que carecían de todo derecho, a cambio de lucro indebido, sin causa justa, es de gravedad suma. Refleja esa actitud un alto grado de corrupción administrativa y de descomposición social, pues muchos de esos asegurados concurrieron también con su voluntad en la operación fraudulenta. Esas actuaciones lesionan no sólo el estado patrimonial y financiero de la entidad que cumple la función pública de la asistencia social en el ramo de la salud, sino la prestación misma del servicio, todo esto, en detrimento de la colectividad usuaria de ese bien. Impónese por esta razón frente a esas conductas una determinación con la cual se alcance la erradicación de esas costumbres viciosas, cual es la separación de los funcionarios de los respectivos empleos a través de la solicitud de destitución al nominador".
Lo cierto es que la revolución de los computadores trajo también consigo un cambio en la forma de cometer los fraudes. Y cada vez menos delitos se cometen abriendo cajas fuertes y más oprimiendo una tecla. -
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