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| 8/1/1994 12:00:00 AM

SOLDADO AVISADO

Por cuarta vez en dos años, existe el peligro de una excarcelación masiva de guerrilleros y narcotraficantes, pero ya no hay instrumentos para conjurarlo.

AL DIA SIGUIENTE DE QUE la Corte Suprema de Justicia decidió, por una votación de 10 contra 8, que Gustavo de Greiff debía retirarse de su cargo y el Presidente debía someter una terna a su consideración, la Corte Constitucional volvió a poner en el tapete, por cuarta vez en dos años, el gran lunar de la gestión del Fiscal: la incapacidad de sus funcionarios para calificar los proceso de orden público en los términos que el propio De Greiff había aceptado tiempo atrás.
Y esta vez la solución no parece verse. Si bien en el pasado la amenaza de que se produjera una excarcelación masiva de presos había sido aplazada gracias a la declaratoria de Conmoción Interior, en esta oportunidad la Corte dejó sin armas al gobierno, que agotó los instrumentos a su alcance. Las excusas y las justificaciones también se agotaron. Como sucede en la historia del pastor y el lobo, después de muchos anuncios de que los sindicados saldrían de las cárceles, ahora, en efecto, los presos van a salir tan pronto esté lista la sentencia de la Corte.

CONMOCION
El problema no solamente no es nuevo, sino que en el pasado ya había dado señales de alerta. La primera vez que el país estuvo a punto de presenciar una salida masiva de presos fue en julio de 1992. En esa ocasión, el Fiscal le transmitió al Presidente su inquietud de que, por cuenta de un limbo jurídico, 5.000 sindicados de narcotráfico, terrorismo y rebelión, salieran de las cárceles por medio de una argucia de sus abogados. Siete presos alcanzaron a obtener su libertad antes de que, por la gravedad de la situación, el gobierno decidiera decretar el estado de conmoción interior para evitar un caos en materia de orden público.
El asunto era un problema de interpretación entre dos decretos expedidos por la Comisión Legislativa o 'Congresito'. Uno de estos decretos -el 2271- convirtió en permanente la Jurisdicción de Orden Público, creada para procesar los casos de narcoterrorismo y guerrilla. El otro, el 2700, es a grandes rasgos el nuevo Código de Procedimiento Penal. Para el gobierno resultaba claro que la primera norma sería aplicada para los delitos relacionados con el orden público y que son de conocimiento de las Fiscalías Regionales y el segundo aplicaría al resto de los casos, es decir, en la justicia ordinaria. Pero una vez ambas jurisdicciones se integraron, comenzaron a presentarse dudas sobre qué normas eran aplicables a cuáles casos.
Así sucedió con el artículo 415 del Código, que contempla las causales de libertad provisional para los procesados, y que establece un plazo de 180 días para calificar el proceso antes de que el sindicado pueda pedir la libertad condicional. Sin embargo, para los delitos relacionados con el orden público, el decreto 2271 preveía algo distinto. En esos casos, sólo se podía apelar a la libertad provisional cuando se hubiera superado la sentencia más alta posible por el delito de que se acusaba al detenido. Con la intención de aclarar la situación, el 'Congresito' y el gobierno agregaron un parágrafo que duplicaba el tiempo de detención cuando las dos jurisdicciones se integraran.
Pero en el afán por aclarar, la introducción del párrafo dió cabida para que algunos abogados argumentaran que habían quedado consagradas dos normas distintas. Los representantes de los sindicados trataron de aplicar el principio según el cual ante la existencia simultánea de dos normas aplicables a una misma situación, sus defendidos podían acogerse a la más favorable. Cuando entró en vigor el Código, más de 1.500 solicitudes de libertad y varias de habeas corpus fueron presentadas en cuestión de horas.
Ante la perspectiva de que salieran libres miles de sindicados, y ante la posibilidad que estas leguleyadas echaran por tierra lo hasta entonces logrado por la política de sometimiento a la justicia, el gobierno apeló a la figura de la conmoción interior y expidió un decreto que aclaraba en qué casos se aplicaba la norma de libertad provisional del Código, y en cuáles la de Orden Público. La conmoción logró, como se lo proponía, atajar la salida masiva de presos. Pero no por mucho tiempo.

SEGUNDO ROUND
En agosto de 1993 la escena parecía copiada de la de un año atrás. La caída del artículo tercero de la ley 15 de 1992, que contempla las cazcalea de libertad provisional para los delitos relacionados con el orden público, volvió a poner a la justicia ad portas de una salida masiva de querrilleros, terroristas y narcotraficantes. El caos en la rama judicial era parecido al de julio de 1992. Y si entonces la situación había ameritado la declaratoria de conmoción, en esta ocasión el remedio fue el mismo.
La declaratoria de inexequibilidad de la norma que definía en cuáles casos de orden público no se aplicaría la norma del Código de Procedimiento Penal sumió a la Corte en un profundo debate. El argumento de la mayoría de la sala consistía en que no era razonable prolongar indefinidamente la detención de un sindicado sin que el proceso fuera calificado.
Sea como fuere, lo que quedó evidenciado con la necesidad de una segunda declaratoria de conmoción fue que buena parte de la responsabilidad del peligro de que se produjera una excarcelación masiva era de la justicia penal, que por ese entonces tenía en sus manos entre 1.000 y 2.000 procesos que llevaban más de un año sin resolución acusatoria. Y si bien en la primera emergencia judicial el problema podía ser que la Fiscalía acababa de ser creada y no había tenido tiempo de poner a andar el anquilosado aparato penal colombiano, en la segunda ocasión este argumento tenía menos peso. Ya había transcurrido un año y las medidas que establecieron rebajas de penas por confesión habían acortado gran cantidad de testimonios y de pruebas. Los recursos para dar a la justicia instrumentos que le permitieran operar eficazmente no habían dado los resultados esperados, y por ello el gobierno, en la norma de conmoción que dictó en ese entonces, incluyó términos de cuatro meses adicionales para que los fiscales que conocían de los procesos, acusaran o dejaran en libertad a los sindicados.

VUELVE Y JUEGA
Pero cuatro meses no fueron suficientes. Más de 1.300 presos estuvieron a punto de salir libres, nuevamente, en mayo de 1994. Y la situación, si bien era la misma de las dos ocasiones anteriores, se dió en circunstancias totalmente diferentes. En el pasado el fiscal De Greiff había alertado al Presidente y a sus Ministros y al procurador, Carlos Gustavo Arrieta, sobre el inminente peligro al cual se enfrentaban el sistema judicial y el país. En esta oportunidad, por el contrario, fueron el Procurador y el gobierno los que advirtieron al Fiscal sobre lo que podía ocurrir. Y en lugar de que, como en el pasado, todos buscaran juntos una solución al problema, en vez de una colaboración de poderes lo que se vio fue un cruce destemplado de declaraciones entre el gobierno y el Fiscal, lo cual agudizó la confrontación existente entre el gobierno y De Greiff.
El ministro de Defensa, Rafael Pardo, hizo saber el dolor que sentían las Fuerzas Armadas de ver que sus esfuerzos por capturar a narcotraficantes y guerrilleros serían inútiles por cuenta del atraso de las autoridades en calificar los procesos. De Greiff dijo que no se trataba de peligrosos criminales, sino de delincuentes menores. Pero ahí no pararon las cosas. A la Fiscalía, que había argumentado que la situación se produjo por falta de pruebas, se le devolvió el asunto como un bumerán, pues el gobierno, indignado, le respondió que la consecución de las pruebas era precisamente su tarea.
Finalmente, y por tercera vez, el peligro fue conjurado gracias al recurso de la conmoción interior. El Fiscal, que en todas sus declaraciones públicas se había mostrado muy reacio a aplicar el estado de excepción, tuvo que terminar por pedirle cacao al gobierno, único poseedor del instrumento que podía evitar la excarcelación masiva. Fue así como, a regañadientes, fue declarada la conmoción y se dictaron las normas de excepción que prolongaron una vez más los plazos para la calificación de procesos y que la Corte Constitucional tumbó el viernes de la semana pasada.

BATALLA PERDIDA
Y la conmoción, en esta oportunidad, no pudo evitar la excarcelación. La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 874 de 1994, por medio del cual el gobierno había declarado el estado de excepción. Argumentando que las normas que se dictaron para evitar que los sindicados a quienes no se les había resuelto su situación jurídica violaban el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, el derecho al debido proceso, a la favorabilidad en materia penal y a la libertad, la Corte tumbó el decreto. No sin alguna razón los magistrados consideraron que personas a quienes no se les ha demostrado su culpabilidad no pueden ser víctimas de la ineficiencia en la administración de justicia y, por tanto, no pueden ser mantenidas indefinidamente en prisión. De este modo. la Corte. con excepción de tres magistrados que salvaron el voto, les cerró el camino a la Fiscalía y al gobierno, que esperaban gozar aún de algunos días para resolver la congestión de los despachos judiciales.
Si bien en estricto derecho la Corte Constitucional no puede prolongar indefinidamente la retención de personas a quienes nadie les ha demostrado su culpabilidad, esta verdad jurídica no es necesariamente aplicable a un país como Colombia, donde la existencia de una vasta red de crimen organizado dificulta la constitución de procesos sólidos y requiere ciertas medidas extremas. Y aunque la Corte considera que la salida de más de 600 presos no es motivo suficiente para declarar un estado de excepción, como lo dijo a SEMANA un alto funcionario de la Casa de Nariño, "es posible que sea necesario que los criminales queden en libertad para demostrarles a la Corte las ventajas de la conmoción ".
Sin embargo, aparte de las consideraciones sobre la oportunidad de una medida de excepción, lo que nadie se explica es cómo es posible que después de tres alertas el país se vuelva a enfrentar a un riesgo de tal magnitud. Y la respuesta, para la opinión calificada, no está sino en la Fiscalía. Aunque, como afirma el ministro de Justicia, Andrés González. "hay sectores de la Fiscalía, como es el caso de Cúcuta y de Barranquilla, que son sumamente eficientes", lo cierto es que el sistema administrativo de secretarías conjuntas en las unidades, el conflicto de competencias que crea la excesiva especialización en el reparto de procesos y la falta de calificación del personal han terminado por llevar al sistema penal colombiano a "uno de sus peores momentos de ineficacia tal como lo calificó un prestigioso abogado penalista de Bogotá.
Si bien son muchos los argumentos que la Fiscalía puede esgrimir para excusar su demora en calificar los procesos -es cierto que desde la última declaratoria de conmoción hasta ahora logró evacuar los casos más sonados-, la verdad es que han transcurrido más de dos años desde la primera vez que el peligro de excarcelación sc presentó, y ya no hay excusa posible para que la institución no haya hecho su trabajo.
Fuentes de la rama judicial señalan que, a pesar de que se consiguieron recursos para aumentar en más de la mitad la nómina de fiscales regionales, cada uno de ellos califica sólo uno o dos procesos por mes. Y si se toma en cuenta que para llamar a juicio no es necesario haber constituido un grueso expediente, sino que basta un indicio grave, es aún más incomprensible que, hoy por hoy, haya todavía 600 personas que llevan más de un año en la cárcel sin que se les llame a juicio. Ese, entre muchos otros, es el gran reto del próximo Fiscal General. -
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