Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2001/08/13 00:00

Soldado avisado

Cada vez es más cercana la posibilidad de que los colombianos responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados por tribunales internacionales.

Soldado avisado

Hace varias semanas, durante una reunión informal entre los negociadores del gobierno y de las Farc en el caserío de Los Pozos, los comandantes insurgentes tomaron la palabra para expresar sus críticas a la posibilidad de que Colombia apruebe el Tribunal Penal Internacional: “Esa es una vaina que no conviene. Si Colombia entrega sus ciudadanos para que sean juzgados afuera se pierde soberanía”, dijo uno de los guerrilleros.

Días atrás las mismas Farc habían añadido un memorando a la propuesta de cese al fuego y de hostilidades que, en sobre cerrado, le habían entregado al gobierno. En esencia el nuevo documento decía que había que ponerle fin a “la extradición” porque “era un acto de hostilidad contra el pueblo colombiano”.

Quienes conocen el pensamiento de ese grupo guerrillero saben que no da puntada sin dedal y que con estas dos manifestaciones le decían con claridad al gobierno que en el futuro no quieren tener problemas judiciales fuera de Colombia.

Pero, ¿es esto probable? La respuesta es sí, y no sólo para los integrantes de las Farc sino también para los de otras organizaciones guerrilleras, para los paramilitares y para los representantes del Estado que resulten responsables o cómplices de masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, genocidios y hasta de la privación de la libertad de personas en violación de normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La verdad es que en un conflicto como el colombiano muchas de las normas que reprimen esos delitos se quedan en letra muerta. No sólo por la actitud permisiva de algunas autoridades sino porque en una negociación es posible acordar la amnistía por razones políticas, al estilo de la otorgada a los militares argentinos de la guerra sucia.

Sin embargo la internacionalización de la justicia, para la cual no hay amnistías ni perdones políticos, ha avanzado en los últimos años a un ritmo vertiginoso, lo que hace que no sea difícil imaginar a los autores de estos delitos tras las rejas y a la sociedad firme ante el rechazo de crímenes contra la humanidad.

El martes de la semana pasada, por ejemplo, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le envió una dura carta al comandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, en la que, entre otras cosas, le dice que esta guerrilla es “responsable de asesinatos y secuestros de civiles, tomas de rehenes, uso de niños soldados, celebración de seudojuicios, tratamiento cruel e inhumano de combatientes capturados y desplazamiento forzado de civiles”. Aunque estos hechos se han vuelto parte de la cotidianidad de los colombianos son escandalosos a nivel internacional.

A tal punto que en abril en Ginebra, Suiza, Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, expuso su informe sobre Colombia ante 53 Estados que forman la Comisión de Derechos Humanos. En esa oportunidad Robinson dio cuenta de lo observado por su oficina, dirigida en el país por Anders Kompass, que ha reportado en todos sus informes las violaciones de la guerrilla a las que esta semana se refirió Vivanco. Pero además se refirió de las violaciones de los paramilitares, las omisiones del Estado y la vulnerabilidad a la que se enfrentan miles de colombianos. El repudio internacional se sintió de inmediato.

¿Qué significa esto? Aunque para las Farc, y para el resto de grupos armados los derechos humanos y el DIH son un conjunto de normas que representan “intereses elitistas”, como les dijeron los comandantes a los enviados de Human Rights Watch, lo cierto es que el desprecio por ellas es una equivocación muy peligrosa pues son herramientas avaladas por la mayor parte de los países del mundo, que se han puesto de acuerdo para disminuir la crueldad de los conflictos armados internos en los Estados.

En las últimas semanas desde distintas partes del planeta se ha mostrado que la cosa va en serio. Hoy, por ejemplo, el otrora poderoso presidente de Serbia Slobodan Milosevic está ante los jueces de La Haya. Carla del Ponte, una fiscal suiza del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPI), lo acusa según las normas internacionales por crímenes similares a los cometidos por algunos de los actores del conflicto en Colombia.

La causa principal responsabiliza directamente a Milosevic de la ejecución de 340 albano-kosovares en 1999. Ese mismo año a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se le responsabilizó de 902 víctimas en 155 masacres según, un reporte del Ministerio de Defensa.

La comunidad internacional parece decidida a eliminar la impunidad en los crímenes de esa naturaleza. Se apoya en el antecedente creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Nüremberg, que enjuiciaron a los criminales nazis. El caso de Yugoslavia, en el que varios responsables han sido juzgados en La Haya por el tribunal especial creado para tal fin, es apenas un ejemplo. Igual cosa sucedió en relación con las masacres perpetradas en Ruanda y Burundi sobre las minorías tutsi y hutu. Sin ir más lejos, el ex general chileno Augusto Pinochet libró una lucha legal para evitar ser enjuiciado en Gran Bretaña, donde estuvo preso durante varios meses acusado por el juez español Baltasar Garzón. En Bélgica, un país que tiene una legislación revolucionaria en esa materia, pues se declara competente para juzgar los crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar de los hechos o la nacionalidad de los autores, se acaba de abrir una causa contra los responsables de las masacres de Sabra y Chatila de 1982 que podría involucrar incluso al actual primer ministro israelí Ariel Sharon.

Además de los mecanismos ya existentes, como el belga, Colombia está a punto de ratificar un tratado específico al respecto. Se trata del Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, que el país suscribió en 1998. Aunque el gobierno de Andrés Pastrana lo mandó al cuarto de San Alejo, el senador Jimmy Chamorro lo desempolvó y ahora se encuentra a sólo cuatro vueltas de ser aprobado en el Congreso. Si bien es cierto que para que entre en vigencia se necesita la ratificación de 60 Estados, ya ha recibido la de 32 y se espera el impulso de otras naciones ejemplo en derechos humanos para ponerlo a marchar.

Por eso existe un importante consenso en el sentido de que Colombia debe ratificarlo. Porque si hay en este momento una nación que sufra los excesos de la guerra es ésta. Aunque para su aplicación aún faltan varios años y además el estatuto solamente se aplicará a los crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cierto es que su sola posibilidad es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los actores armados. Cuando entre en vigencia no habrá escondite en el mundo para los violentos.

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