Viernes, 29 de agosto de 2014

SEMANA.

| 2013/08/08 00:00

Solo Fiscalía conocerá datos personales de ciudadanos

Alto tribunal suspende temporalmente una norma que permitía consultar esa información.

En el mundo interconectado actual la privacidad cada vez tiene un espacio más estrecho en la vida de las personas. Se trata de una pequeña esfera todavía debe ser protegida y en Colombia esa información, que se considera privilegiada, es un tesoro para varias autoridades en sus investigaciones.

Sin embargo, esos datos no podrán estar al alcance de cualquier funcionario. El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, ordenó la suspensión provisional de una expresión del decreto 1704 del 2012, que reguló la entrega de información de suscriptores por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a la Fiscalía General de la Nación o demás autoridades competentes.

En el auto de 19 páginas conocido por Semana.com, el alto tribunal manifiesta que el gobierno se extralimito al otorgarle la capacidad a varias entidades del conocimiento del resultado de interceptaciones y bases de datos en investigaciones.

“Se observa igualmente que al habilitar a otras autoridades el ejercicio de la prerrogativa antes referida se crea un riesgo para el derecho a la intimidad consistente en la fragmentación de la responsabilidad de la obtención de información personal” precisa el texto.

En la sentencia se le pide al Gobierno el reconocimiento de “que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques” en especial si la información obtenida es filtrada y utilizada para desprestigiar a alguna persona.

Así mismo se deja en claro que la Fiscalía es el único organismo autorizado para realizar “registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones así como dirigir y coordinar las funciones de policía judicial”, por lo cual la Contraloría, la Procuraduría y Policía Nacional no podrán conocer el resultado de interceptaciones o búsquedas selectivas en bases de datos.

Para el Consejo de Estado, habilitar a otras autoridades para conocer información privilegiada “crea un riesgo para el derecho a la intimidad, porque divide la responsabilidad de la obtención de la información personal, lo que podría constituir un déficit en la protección de ese derecho” precisa la sentencia.

De esta forma será la Fiscalía el ente encargado de administrar esta información, aunque queda el interrogante en el aire de si esta potestad se le terminará convirtiendo en una ‘papa caliente’.

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