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| 1/12/2013 12:00:00 AM

"Solo con el sistema interamericano sabremos lo que ocurrió en el DAS"

El exmagistrado Iván Velásquez habla del complot urdido contra él para deslegitimar sus investigaciones sobre la parapolítica y de su escepticismo ante la Justicia colombiana.

MARÍA JIMENA DUZÁN: ¿Lo sorprendió la absolución del procurador Ordóñez a Edmundo del Castillo, el secretario jurídico de Palacio de Álvaro Uribe que recibió en la Casa de Nariño a Job, en calidad de enviado de Don Berna con la excusa de que tenía pruebas sobre un complot que habrían urdido usted y la CSJ en contra del gobierno Uribe? (Más tarde la propia Fiscalía descubrió que ese complot nunca existió y que por el contrario lo que había era un complot contra Iván Velásquez y la CSJ).

IVÁN VELÁSQUEZ: Sorprenden varias cosas. La primera es que después de haberle dado tanta publicidad a la formulación de cargos contra Edmundo del Castillo, para demostrar que era una Procuraduría imparcial, independiente, que lucha contra la impunidad y que se atreve a formularle cargos al secretario jurídico de la Presidencia del gobierno Uribe, el procurador lo hubiera absuelto tan silenciosamente. La noticia la conocimos porque El Espectador la sacó la semana pasada, casi mes y medio después de que fue tomada. 

M.J.D.: ¿Y sobre la tesis en la que se basa la absolución según la cual Del Castillo no incurrió en ninguna falla disciplinaria y que, por el contrario, actuó correctamente al no haber dado traslado de la denuncia a la Fiscalía porque no era una denuncia sólida?

I.V.: Me parece una tesis muy grave porque le está atribuyendo a cualquier servidor público la capacidad de determinar si un hecho ilícito debe ser o no conocido por la Fiscalía. Cuando Job va a la casa presidencial y le entrega unas grabaciones que contienen supuestas evidencias de un complot en contra del gobierno, era obvio que el objetivo de estas reuniones era poner en conocimiento de hechos ilícitos a la Fiscalía. Pero, además, es la Fiscalía y no los servidores públicos la encargada de calificar si un hecho es ilícito o no. Hay que recordar que Edmundo del Castillo no se reunió solo una vez con Job, sino por lo menos tres entre enero y abril de 2008, y la del 23 de abril, que es la reunión de la que se ocupa el fallo, es la última. De manera que cuando se produce esa reunión con Job en la Casa de Nariño ya se sabía cuáles iban a ser las pruebas. 

M.J.D.: ¿Usted cree que Edmundo del Castillo sabía que ese complot  era un montaje para inculparlo a usted y a la Corte con el propósito de desprestigiarlos y quitarles legitimidad a sus investigaciones sobre la parapolítica? 

I.V.: Lo único que sé es que las grabaciones que le hicieron a Rafael García, a Henry Anaya y a mí, fueron hechas con equipos del DAS y que todas fueron hechas antes de la reunión del 23 de abril con Job en la Casa de Nariño, que es donde este último le entrega a Edmundo del Castillo las grabaciones prueba del ‘complot’ contra Uribe. De manera que el gobierno en su conjunto, -porque el DAS es gobierno-, estaba al tanto de lo que se venía preparando. Es decir, sabían que estaban buscando grabar a Henry Anaya como efectivamente lo grabaron en el mes de diciembre de 2007 en una conversación que da la impresión de que Anaya trabaja para la Corte y que le está pidiendo al abogado de Don Berna un dinero, lo que probaría que la Corte estaría envuelta en temas de corrupción. 

M.J.D.: ¿Y las otras grabaciones?

I.V.: El gobierno organiza el traslado de Don Berna a la cárcel La Picota donde está preso Rafael García y los instala a los dos en un pasillo que solo ocupan ellos.  A Don Berna le suministran una grabadora especial y valiosísima que él mismo ha descrito con  lujo de detalles y en la que grabó a Rafael García durante varios meses. La otra grabación es una que me hacen a mí, hecha la semana anterior al 23 de abril, fecha de la última reunión de Job en la Casa de Nariño. Es en la Corte con oportunidad de una diligencia a la que asisten Don Berna, su abogado Diego Álvarez y Rocío Arias. No se sabe quién grabó esa conversación. Si fue Don Berna con su potente grabadora o Diego Álvarez a quien el DAS le había entregado la cámara de video con que grabó a Henry Anaya. Lo de la entrega de equipos fue contado por Marta Leal, ya que ella era la encargada de suministrárselos.  

M.J.D.: ¿Y cómo pudo el procurador llegar a la conclusión de que en esa visita de Job a la Casa de Nariño, el señor Edmundo del Castillo actuó como un funcionario ejemplar cuando había evidencias claras de ilegalidades como las que usted relata?

I.V.: Pues porque no investigó. Pero lo más grave es que es falso lo que dice el procurador en su fallo. No es cierto que el doctor Del Castillo hubiera hecho la verificación y se hubiera dado cuenta de que lo que le había revelado Job no era ninguna ilicitud. Luego de que la revista SEMANA destapó el escándalo de Job y de la Casa de Nariño, a los tres días el presidente Uribe sacó una declaración en la que, además de avalar la reunión, dice que “apenas el doctor Edmundo del Castillo las remitió al DAS para que hiciera la transcripción”. O sea que Edmundo del Castillo no se quedó con eso y se lo entregó al DAS. Pero en una entrevista con La W afirmó que se las había dado al jefe de seguridad de la Casa de Nariño. Y en un comunicado del 27 de agosto de 2008, el DAS informa que no solo ya han transcrito las grabaciones, sino que ya les dieron traslado a la Fiscalía porque encontraron que había hechos delictivos. O sea es falso lo que está diciendo el procurador. 

M.J.D.: ¿Y cómo explica que el procurador haya cometido semejante error?

I.V.: Pues porque hubo un afán de absolver en vista de que el caso iba a prescribir muy pronto. (En abril de 2013). Pero, además, por la forma como absuelve el procurador a Del Castillo, es evidente que saca los hechos con pinzas y los analiza por fuera del contexto en el que se producen. Y esa manera de analizar es la mejor forma de llegar a la impunidad. Para la fecha en que se produce el primer fallo a favor de Edmundo del Castillo en 2010 ya la Procuraduría tenía información sobre lo que el DAS venía adelantando, se sabía que Diego Álvarez había recibido equipos del DAS, y que desde altas esferas del gobierno se habían realizado actos inequívocos contra la Corte Suprema de Justicia y nada de eso fue tomado en cuenta. Ahora en la confirmación del fallo que hizo el pasado noviembre, ocurrió lo mismo. El  problema no fue la reunión con Job, sino el contexto en el que se hizo. Y esa reunión es una muestra del concierto para delinquir en el que estaba involucrado el propio Edmundo del Castillo. 

M.J.D.: El hecho de que esta decisión haya sido tomada días antes de su reelección podría ser entendida como un guiño a los uribistas. ¿Alguna opinión al respecto?

I.V.: No podría valorar eso. 

M.J.D.: ¿En qué va la investigación de la ‘casa de Nari’ en la Fiscalía? 

I.V.: En 2011, después de que tuve que interponer una tutela contra la Fiscalía para que se me suministraran copias de la investigación sobre la ‘casa de Nari’, la Fiscalía dispuso reabrirla, luego de que había dictado un inhibitorio. Desde entonces no ha ocurrido nada y ya han pasado dos años.  

M.J.D.: ¿Y la investigación del complot contra usted en el caso  Tasmania? 

I.V.: También está parada porque no hay ningún interés en establecer la verdad. La investigación fue enviada a una Fiscalía seccional donde mi abogado la encontró arrumada después de ocho meses. Sin embargo, cuando estaba activa la investigación contra mí, la Fiscalía fue muy activa hasta establecer que había sido un montaje y que yo no había cometido ningún hecho ilícito, sino que otras personas habían organizado en mi contra un montaje. Cuando la Fiscalía archivó lo mío ya no hubo interés en averiguar quién o quiénes urdieron el montaje. Eso mismo ocurrió con las grabaciones que divulgó SEMANA en agosto de 2009 y en donde sale una conversación mía con el agregado judicial de la Embajada norteamericana. Hubo mucha actividad de la Fiscalía para establecer quién era el que estaba interceptado. Cuando se demuestra que el interceptado era yo y no el diplomático norteamericano, la investigación se frenó y solo terminaron procesados los autores materiales más insignificantes: un agente del CTI y tres miembros de la Policía. ¿Por qué la Fiscalía no siguió investigando si tenía la posibilidad de llegar hasta arriba y saber quién había contratado a estos cuatro señores que no solo interceptaron mi teléfono, sino el de la directora de Investigaciones Especiales de la Procuraduría que, en ese entonces, estaba investigando al DAS?  

M.J.D.: ¿Y en qué va la investigación del DAS?

I.V.: Pues también frenada. No se volvieron a tocar los miles de archivos que tiene en su poder la Fiscalía en los que está demostrada la actividad ilícita de una estructura criminal -y no solo de los capitanes Lagos o Tabares-, de la cual el caso de Job es solo un capítulo. Se ha condenado a muchas personas que no fueron los que urdieron el complot y yo como víctima no sé quienes fueron los que me interceptaron. Y no lo sé porque la Fiscalía fraccionó todo y aunque la responsabilidad es individual, no puede perder de vista el contexto, porque es ahí donde se sucede la actividad criminal. Todos los archivos que se entregaron están arrumados sin que hayan permitido a las víctimas hacer copias para poder revisarlas. Es decir, hay una  impunidad propiciada desde la propia Fiscalía. Pero además en la priorización que está haciendo esa entidad, tampoco aparece la investigación del DAS. La historia de este escándalo, es la historia de cómo se puede generar impunidad a partir del propio poder y por eso a nadie le interesa saber la verdad de lo que allí ocurrió.  El DAS se cerró y el personal fue distribuido en diferentes organismos del Estado y ¿qué paso con la estructura criminal? ¿O es que la estructura criminal eran Tabares y Lagos?    

M.J.D.: Sorprende que una persona que ha sido magistrada crea tan poco en la Justicia colombiana. 

I.V.: Mire, el mes de noviembre del año pasado en la Comisión Interamericana tuvimos una reunión de seguimiento de las medidas cautelares y en esa oportunidad la representación de la Fiscalía dijo que todo estaba a cargo de la coordinación de la Fiscalía delegada ante la Corte, y que con la creación de la Unidad de Análisis y de Contexto iban a sacarlas adelante y resulta que eso tampoco era cierto. Francamente ya no estamos aspirando a Justicia aquí y por eso acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace poco presentamos nuestro caso. A través del sistema interamericano vamos a saber la verdad de lo que ocurrió en el DAS porque se va a obligar al Estado colombiano a que investigue y encuentre la verdad. 

M.J.D.: ¿Se acabó la parapolítica con esta Corte Suprema más interesada en su beneficio propio que en la Justicia? 

I.V.: Creo que eso ya tampoco interesa. La investigación ha quedado a medio camino porque se perdió el contexto y se limitó al acto individual del congresista desconectado de la realidad en que se movió. Prueba de ello es que desde que me salí solo ha habido un inhibitorio contra William Vélez Mesa.   

M.J.D.: ¿Es cierto que está de asesor de la Alcaldía de Petro?

I.V.: Sí, soy asesor externo. 
  
M.J.D.: ¿Usted cree que el alcalde Petro pudo haber incurrido en una ilegalidad al haber contratado directamente a los operadores del aseo en lugar de abrir una licitación?

I.V.: Ese es un tema que se está analizando. Pero pienso que el  contrato interadministrativo que se realizó entre el Acueducto y la Uaesp se apega a la ley.                                                                                                                         
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