"Sólo la tercer parte del Erpac se sometió a la Justicia": Crisis Group

En su último informe, el centro de pensamiento internacional Crisis Group alerta sobre el sometimiento a la justicia del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC) y señala que ha dejado expuestas peligrosas deficiencias del sistema judicial y de la estrategia del gobierno que, de no ser corregidas, "obstaculizarán los esfuerzos para combatir los grupos que se han convertido en uno de los principales retos para la seguridad del país".

El documento, titulado "Desmantelando los Nuevos Grupos Armados Ilegales en Colombia: lecciones de un sometimiento", examina el primer sometimiento del ERPAC, uno de los nuevos grupos armados ilegales y sucesores de los paramilitares, que tuvo lugar a finales del año pasado y que era comandado por Pedro Oliverio Guerrero, alias 'Cuchillo', hasta diciembre del 2010, cuando fue abatido por la Policía.

El informe pone en evidencia y analiza las siguientes fallas que se presentan en las políticas gubernamentales relacionadas con el sometimiento: sólo una parte del grupo participó en el proceso; es posible que los líderes sean condenados a penas de prisión cortas; las estructuras criminales subyacentes probablemente permanezcan intactas, incluidas las redes de corrupción que se adentran en el mundo de la política y los negocios, y el impacto en las dinámicas del conflicto ha sido limitado.

"El sometimiento ha incrementado en el campo las confrontaciones entre grupos que compiten por controlar la herencia del ERPAC", dice Christian Voelkel, analista para Colombia de Crisis Group. "Este sometimiento ha dado inicio a un nuevo ciclo de violencia en los Llanos Orientales, bastión del ERPAC, en lugar de haber establecido bases más sólidas para la seguridad".

El informe señala que el ERPAC ejercía un fuerte control en su área de operaciones y fue responsable de los asesinatos de líderes comunitarios, desplazamiento forzoso, reclutamiento de niños y violencia sexual. "Su influencia aumentó gracias a sus vínculos con élites locales y regionales, así como con miembros de la fuerza pública", señala.

También hace énfasis en que al considerar dichos grupos como bandas criminales (Bacrim) en lugar de como partes del conflicto armado interno, el Gobierno insiste en que sus integrantes no pueden beneficiarse de medidas de justicia transicional o de reintegración y que su única opción es el sometimiento a la justicia criminal ordinaria.

El documento también advierte que el sistema judicial está deficientemente equipado para manejar un sometimiento colectivo que debe equilibrar necesidades en pugna, como estimular a los miembros de los nuevos grupos armados ilegales a entregar las armas al mismo tiempo que garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.

En sus conclusiones, el centro de pensamiento le recomienda al Gobierno que corrija estos defectos mediante la instrumentación de una política explícita de sometimiento. "A través de ella, se deben incrementar las capacidades de las instituciones judiciales como parte central de esta política. Al mismo tiempo, el Gobierno debe asumir liderazgo de manera que no ceda toda la responsabilidad al sistema judicial".

Igualmente advierte que se debe asegurar que las víctimas de los grupos ilegales tengan acceso a los beneficios que han sido extendidos a las víctimas de las guerrillas y los paramilitares, "así como hacer disponibles a los excombatientes beneficios básicos de reintegración en un intento por prevenir que retomen su antigua forma de vida".