Lunes, 22 de septiembre de 2014

| 2013/07/27 08:00

Solución salomónica para el lío de tierras

La propuesta del gobierno para los baldíos da seguridad jurídica para las nuevas inversiones.

Solución salomónica para el lío de tierras Foto: Organización Pajonales

Para resolver el enredo que se armó con el tema de los baldíos y definir cómo se manejarán en adelante las adjudicaciones, el gobierno le está dando los últimos retoques a un proyecto de ley que piensa presentar al Congreso en la primera semana de agosto. 

No ha sido fácil llegar a una propuesta definitiva, pues sobre la Ley 160 de 1994 que prohibió la acumulación de baldíos hay varias interpretaciones jurídicas.

El debate ha generado tanta confusión que la inversión en tierras está prácticamente congelada y muchos de quienes, en los últimos 19 años, compraron predios, que en su origen habían sido entregados bajo la modalidad de adjudicaciones de baldíos, se encuentran en tela de juicio, pues están siendo acusados de actuar en contra de lo dispuesto por la ley que impedía la acumulación.

El tema ha dado para todo. Se ha convertido en la bandera del Polo Democrático que ha agitado el debate en el Congreso y que le costó el puesto al embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, quien fue socio gerente de Brigard & Urrutia, firma asesora de Riopaila, propietaria del macroproyecto en Vichada, objeto de la controversia.

Aunque no tiene antecedentes que un escándalo político se centre en un concepto jurídico, el hecho es que, por estar el antiguo socio de la firma en uno de los puestos públicos más importantes del país, se convirtió en el blanco de la oposición al gobierno.

La renuncia de Urrutia da pie para que el debate ahora se centre en el verdadero meollo del asunto: el problema de las tierras.

Desde hace días, el gobierno viene consultando a reconocidos abogados expertos en derecho agrario para encontrar una fórmula suficientemente sólida que permita resolver el limbo jurídico en el que se encuentra actualmente la inversión rural en Colombia. 

Si bien la defensa del modelo agrícola campesino es conveniente, también hay que reconocer que, dadas las extensiones de la Orinoquia y las necesidades de capital que se requiere para desarrollo, fue un absurdo cerrarles las puertas a los proyectos agroindustriales.

Para rectificar esto el gobierno tiene casi lista la propuesta que llevará al Legislativo. La mejor forma de entenderla es dividir este asunto en tres etapas: antes de 1994; entre esa fecha y 2013 y desde este año en adelante.

En cuanto a la primera parte, es decir antes de la Ley 160 de 1994, el gobierno tiene claro que no hay problema de acumulación de baldíos. Antes de esa fecha ni siquiera se hablaba de UAF (Unidad Agrícola Familiar) en Colombia, además ninguna ley es retroactiva.

En la segunda etapa,  entre 1994 y 2013, es donde mayores interpretaciones se han dado. Acá es donde realmente están enredados los empresarios que adquirieron y acumularon tierras que en su origen fueron baldíos.

Algunos abogados dicen que la misma Ley 160 y algunas sentencias y normas constitucionales señalan que las limitaciones referentes a la acumulación de UAF debieron quedar plasmadas en el sistema de registro público y que, de no haber sido así, los inversionistas podrían seguir con la propiedad de las mismas y explotar los proyectos productivos, pues actuaron de buena fe.

 

Esta tesis, sin embargo, ha sido controvertida por otros juristas que sostienen que por encima de la circunstancia del registro hay una ley que prohíbe la acumulación. Afirman que el hecho de que no constatara la limitación permite que el predio fuera vendido libremente, pero no acumulado con otros, que fue lo que sucedió. Como consecuencia de esta interpretación las tierras tendrían que ser devueltas al Estado. 

El tema en la Casa de Nariño ha sido muy debatido. Algunos juristas creían que la tesis del registro como sustento jurídico para la acumulación de predios era suficientemente sólida para ser incluida en la ley. Otros argumentaron que era demasiado vulnerable para ser aprobado tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional. Esta última tesis se impuso.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este punto la idea inicial del proyecto se modificó y hay una fórmula diferente sobre la mesa, que parece generar más consenso y que permitiría que las inversiones que se están desarrollando, objeto de este debate, continúen su curso. El gobierno es partidario de que los actuales inversionistas privados –nacionales o extranjeros– que adquirieron y acumularon predios, continúen explotando esas tierras. 

Es evidente que dichas inversiones llevaron progreso, han generado empleo e inclusión y han elevado la calidad de vida en esas regiones del país. Por otra parte, hay realidades económicas indiscutibles. En la altillanura, el costo de la tierra corresponde a un porcentaje muy pequeño dentro de la inversión que se requiere para adecuarla y explotarla en forma rentable. En algunos casos, el valor del predio puede representar menos del 10 por ciento de todo el capital que se requiere.

La nueva propuesta del gobierno para resolver las situaciones ya creadas con esos empresarios o personas que acumularon baldíos es que devuelvan las tierras al Estado. A cambio les darían la posibilidad de que hagan uso de los predios mediante un esquema de arrendamiento o leasing. La idea es cobrarles una especie de arrendamiento simbólico, en el entendido de que ellos ya pagaron por anticipado cuando compraron la tierra. Podrían seguir explotando los predios por un tiempo mientras amortizan lo que pagaron cuando compraron. Terminado este periodo tendrían derecho a extenderlo a través de la modalidad de leasing. 

Esta sería una manera de compensar al inversionista que compró de buena fe, hizo grandes desarrollos e inversiones y que por una falla del Estado no se enteró o no tuvo la información para decidir de manera más adecuada. 

Como en muchos de estos casos hay desarrollos de proyectos de largo plazo, como la palma y el caucho, donde se requieren siete años para comenzar a generar rendimientos y más de diez años para empezar a amortizar la inversión, se estaría hablando de concesiones de hasta 30 años. Al cabo de dicho lapso, la tierra volvería al Estado, pero con la posibilidad de que los contratos sean prorrogados.

Con esta fórmula se resolvería el tema legal de los 622.000 predios que se han identificado como adjudicados y que se habrían venido acumulando. Pero también se asegura que los proyectos continúen, pues sería muy grave que se paralizaran, ya que el gobierno no tiene la capacidad ni los recursos para asumirlos. 

Según el proyecto de ley, la fórmula para las nuevas adjudicaciones de baldíos, es decir lo que viene de ahora en adelante, sería similar, o sea, entregar la tierra en usufructo por un periodo establecido, después del cual revierte al Estado o se prorroga. El gobierno tiene claro que en los terrenos donde, por las condiciones de sus suelos, es necesario hacer grandes inversiones, es conveniente que sean desarrollados por inversionistas privados.

Otro tema novedoso es que, con lo que se obtenga de los arrendamientos o de las contribuciones por la explotación de estas tierras, se crearía un fondo y esos recursos se usarían para las adecuaciones y la infraestructura de los campesinos a quienes se les adjudique una UAF.

En el proyecto, que tiene 20 artículos, se mantiene como eje fundamental el concepto de la UAF. También se determina que es necesario hacer un inventario y avalúo de los baldíos que tiene el país. Hay claridad de los que han sido adjudicados de un tiempo para acá, pero no de todos y tampoco de los que no han sido entregados. 

El gobierno establecerá mecanismos para que se les haga seguimiento a los baldíos adjudicados para ver que sí están siendo explotados correctamente.

Otra innovación es que a los campesinos que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarios, les entregarán la UAF en dos etapas. Un periodo de prueba de siete años en el que deberán demostrar que están explotándolas debidamente. Si cumplen este paso, el Incoder hará la adjudicación definitiva.

En síntesis, el gobierno está plenamente convencido de que frente a este tema de los baldíos el proyecto que llevará al Congreso debe estar blindado de todas las interpretaciones de carácter jurídico. Además, busca que la fórmula permita que convivan los pequeños campesinos con los grandes proyectos agroindustriales.

La principal preocupación del gobierno en este momento no solo es que los proyectos productivos en desarrollo no se paralicen, sino que no se desincentive el despegue de nuevas inversiones que ahora están en el congelador por el limbo jurídico. 

Al proyecto le espera un duro debate, incluso antes de llegar al Congreso. Al sector privado podría no caerle bien la idea de devolver tierras, así sea para que se las entreguen nuevamente en concesión. Y a la oposición le podría parecer una especie de amnistía para resolver políticamente un problema jurídico. En otras palabras, aunque esta puede ser una solución salomónica, al gobierno le va a tocar palo porque bogas y palo porque no bogas. 

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