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| 12/15/1997 12:00:00 AM

SOMBRAS Y DUDAS

El famoso contrato de la Registraduría, que se cayó por el caso Mauss, reaparece en medio de controversias

El jueves 6 de noviembre se encontraron en la Casa de Nariño el presidente Ernesto Samper y el vicecontralor Germán Bula Escobar, quien asistía como invitado a la firma del Convenio Interamericano contra la Corrupción. Bula Escobar aprovechó la ocasión para decirle a Samper que estaba a la espera de la respuesta a la carta que él, en calidad de contralor encargado, le había enviado el 29 de enero, en la cual le advertía de las inconveniencias jurídicas y económicas que tendría continuar con el proyecto de adjudicación del contrato de modernización de la Registraduría Nacional, cuyo fin era actualizar los recursos técnicos para mejorar el sistema de cedulación en el país. "Quiero decirle que ese tema a nosotros nos parece bastante delicado y que por consiguiente la Contraloría se va a volver a meter", le dijo el vicecontralor al Presidente.El vicecontralor Bula consideraba que el proceso de contratación que se estaba llevando a cabo en la Registraduría Nacional era absolutamente inadecuado y podía llevar a cometer arbitrariedades y daños eventuales al patrimonio público moral y material. El Presidente le respondió al funcionario que dicha carta aún no había sido recibida por él, pero que apenas tuviera conocimiento de ella le respondería gustosamente. "En 20 minutos la tiene en sus manos", le contestó Bula a Samper. En efecto, media hora después la carta estuvo en poder del Presidente, quien se comprometió a analizar los términos de la misma. Al día siguiente el registrador nacional, Orlando Abello, convocó a una rueda de prensa en la que anunció la adjudicación del contrato de modernización de la entidad a la firma francesa Sagem S.A. De acuerdo con el anuncio del registrador el monto total del contrato es de 41 millones de dólares. La suma será cancelada entre febrero del próximo año y septiembre de 2000. Para ello el gobierno aprobó una partida de 67.000 millones de pesos en los presupuestos de los próximos tres años. El contrato fue adjudicado mediante el sistema de contratación directa, contemplado en la Ley 80 de 1993. En palabras del registrador,"la firma del contrato permitirá a la Registraduría iniciar el proyecto de modernización que requiere".Como era de esperarse, el anuncio no cayó bien en el despacho del vicecontralor, quien aprovechó la ocasión para decir que el presidente Samper no tuvo en cuenta los cuestionamientos hechos por su despacho puesto que nunca había respondido la carta en la que advertía de los riesgos que corría al autorizar la continuación del proceso de adjudicación del contrato. "El contrato fue por adjudicación directa a pesar de nuestro comunicado, donde advertíamos de la necesidad de un proceso transparente. Ello pudo haberse logrado mediante la derogación del decreto 1275 del 27 de julio de 1995. Una salida favorable hubiera sido la de abrir una licitación pública donde hubiera pluralidad de oferentes o mediante un decreto de urgencia manifiesta de la propia Registraduría", dijo Bula Escobar a SEMANA.El decreto 1275 de 1995 modificó el decreto 855 del 28 de abril de 1994, que a su vez reglamentaba la ley 80 de 1993. Esta ley se refiere a la llamada contratación administrativa. El decreto 1275 incluye la identificación de los ciudadanos, en especial la cedulación, como parte de los procesos llamados de 'seguridad nacional'. De acuerdo con el registrador, esta característica especial lo facultaba para llevar a cabo la contratación directa, como en efecto sucedió. No obstante la Sala de Consulta del Consejo de Estado ya se había referido a los alcances de la expresión 'seguridad nacional'. En un concepto emitido en febrero pasado, a raíz de una consulta del Ministerio del Interior, dicha sala consideró que en lo que tiene que ver con la contratación directa de los bienes y servicios requeridos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la realización del proceso de modernización de la cedulación y la identificación ciudadana, así como aquellos que requieren las entidades del Estado para acceder a los sistemas de información, "la regla general no puede ser la contratación directa sino la licitación pública (...)".
Mauss en escena
El vicecontralor Bula Escobar le venía siguiendo la pista al contrato de la Registraduría desde hacía varios meses. Todo se inició cuando a comienzos de noviembre del año pasado recibió varias llamadas anónimas en las que le informaban que estuviera muy pendiente del multimillonario contrato de la Registraduría porque, según el denunciante, quien parecía muy bien informado,"están preparando un negociado para favorecer a los franceses".En una reunión posterior que sostuvo con el entonces fiscal general, Alfonso Valdivieso, el vicecontralor tocó el tema y le informó de las llamadas que estaba recibiendo. "Hombre, Germán, a mis oídos también han llegado esa clase de rumores y creo que el asunto merece toda nuestra consideración", le contestó Valdivieso. En la reunión los dos funcionarios comenzaron a diseñar una serie de operaciones conjuntas para averiguar si se trataba de un mero rumor o si, por el contrario, había fundamentos serios y verificables en las denuncias. En esas estaban cuando el 17 de noviembre la Policía capturó en Medellín al alemán Werner Mauss. Las autoridades encontraron en su poder una carta escrita supuestamente por el ex parlamentario Eduardo Mestre, quien en ese momento se encontraba detenido en la cárcel La Modelo, dirigida a un amigo suyo, al parecer funcionario de la multinacional Siemens, en la que le solicitaba a manera de anticipo la suma 50.000 dólares por sus gestiones exitosas ante la Registraduría para la adjudicación del contrato de modernización de esa entidad. En declaraciones posteriores a SEMANA, Mestre afirmó que si bien conocía a Mauss la carta nunca la envió. "Esa carta no fue escrita por mí. Alguien la falsificó", declaró.
En medio de la confusión que produjo la captura de Mauss, que terminó por meter en el mismo canasto varios temas como negociación de secuestros, procesos de paz con la guerrilla, espionaje internacional y contratación con el Estado, la Registraduría Nacional tomó la decisión de curarse en salud y suspendió el proceso de adjudicación del contrato de modernización. El escándalo le costó la cabeza a Jorge Serpa _primo del entonces ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe_, quien se desempeñaba como asesor externo de la entidad y era la persona que estaba al frente del proceso de adjudicación. Al suspender la Registraduría la adjudicación la gran perdedora fue la Siemens de Alemania, que hasta ese momento se encontraba punteando en todas las calificaciones realizadas por esa entidad. Pero al destaparse el escándalo de Mauss la propuesta de la Siemens perdió su viabilidad política. A ello se sumó el hecho de que la Registraduría consideró que había sobrecostos en su oferta. Quedó entonces una sola empresa aspirando a la adjudicación del contrato: Unisys S.A. de Estados Unidos. La otra licitante, Sofremi de Francia, había sido descalificada por no cumplir con todos los requisitos exigidos para que le fuera adjudicado el contrato. En esas circunstancias lo lógico hubiera sido que el contrato fuera adjudicado a la segunda empresa mejor calificada, en este caso Unisys S.A. Pero la Registraduría no tomó esa decisión. Por el contrario, resolvió suspender el proceso de adjudicación. Esto llevó a la multinacional estadounidense a demandar a la Registraduría por cerca de 26.000 millones de pesos al sentirse afectada en sus intereses. El proceso se encuentra en la actualidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá pronunciarse en los próximos meses. La situación se puso tan delicada que hasta el embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, y la secretaria de Estado, Madeleine Albright, se refirieron al asunto.Unisys confía en ganar la batalla en los estrados judiciales. Maximiliano Echeverry, abogado de la compañía en Colombia, dijo a SEMANA que su empresa decidió demandar a la Registraduría porque se siente perjudicada de forma grave. "Si estamos de segundos y el primero es descalificado, nosotros consideramos que tenemos derecho a que nos sea adjudicado el contrato", afirmó.
Legal pero torpe
Si bien es cierto que jurídicamente la tesis del gobierno puede tener sustento, puesto que está amparada en un decreto que faculta a la Registraduría para realizar contratación directa en circunstancias especiales, la adjudicación del contrato, en la forma en que se hizo, resultaba políticamente inconveniente. Era natural que por tratarse de un contrato tan controvertido, que había sido suspendido en medio de un escándalo nacional, todos los ojos iban a estar clavados en quién o quiénes serían los beneficiados. Lo único que no se podía permitir era que el manto de la duda cubriera el proceso de adjudicación. Por el contrario, la adjudicación directa de la semana pasada, en lugar de despejar dudas lo que hizo fue abrir más interrogantes. Uno de ellos es por qué la primera vez se invitó a tres proponentes a participar de la negociación y la segunda se le adjudicó directamente a una sola empresa. ¿Qué pasó con la resolución 6121 del 29 de noviembre de 1996, mediante la cual la Registraduría decidió dar por terminado el proceso de contratación directa para la modernización tecnológica? ¿En qué momento fue revocada y con cuáles argumentos? ¿Qué tenía que ver Mauss con los contratos de la Registraduría? En la actualidad están circulando rumores en el sentido de que la firma francesa a la que le fue adjudicado el contrato hace parte del mismo consorcio que fue descalificado en la primera ocasión y que había estado por debajo de todos los oferentes. De ser así esto significaría que los franceses, que habían sido descalificados por no cumplir con los requisitos exigidos por la propia Registraduría, terminaron cambiando de vehículo para hacer exactamente el mismo negocio. La decisión del gobierno de adjudicarle no podría ser calificada de ilegal pero sí de torpe. Después de toda la controversia que había generado el proceso para la primera adjudicación lo único que no podía hacer el gobierno era darse el lujo de terminar entregando el contrato mediante procedimientos que dieran lugar a algún tipo de suspicacia. Y eso precisamente fue lo que hizo.
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