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| 10/16/1989 12:00:00 AM

¿Son los asesinos?

SEMANA revela lo que se ha descubierto sobre los sospechosos del asesinato de Galán.

La palabra fue efectividad. Tan sólo tres días después del asesinato del senador Luis Carlos Galán, cinco sospechosos de ser los autores materiales del crimen fueron detenidos en un apartamento del centro de Bogotá. La prontitud con que actuó la Dijin -cuerpo investigativo de la Policía- pareció milagrosa. Sin embargo, esa misma semana se supo que una llamada anónima hecha desde Medellín le había dado a la Policía la clave de todo, al revelar la dirección exacta del sitio donde, según el anónimo interlocutor, se encontraban algunos de los miembros de la banda de sicarios que había acribillado a Galán.
Los cinco detenidos fueron fotografiados y tomados por las cámaras de televisión en una medida que, a pesar de resultar discutible en términos penales, fue de gran utilidad. Una docena de personas que habían estado en la plaza de Soacha la noche del magnicidio se acercó a las instalaciones de la Dijin y cuatro personas, entre ellas una niña, identificaron a cuatro de los cinco retenidos. Pero ahí no paró la colaboración ciudadana.
Un testimonio adicional suministrado a los organismos de inteligencia dio cuenta de que por lo menos tres de los cinco detenidos habían sido vistos en Soacha el día del crimen en horas de la mañana, por un grupo de personas que estaban haciendo deporte.
La identificación así lograda fue inicialmente impugnada no sólo por los abogados defensores sino por el propio representante del ministerio público, por cuanto unos y otros consideraban que el hecho de presentar a los detenidos de antemano como sindicados del crimen, implicaba una manipulación que viciaba la objetividad de los testigos que se presentaran a identificarlos. Por esto, y quizá también por la proverbial desconfianza del público frente a operativos tan efectivos como el de estas capturas, se comenzó a rumorar que la investigación, a cargo del Juzgado 3° de Orden Público, iba a derivar en la liberación de los sospechosos. Sin embargo, el jueves 14 el juez dictó auto de detención no sólo por porte ilegal de armas, sino porque encontró méritos suficientes para vincularlos al caso. En consecuencia, los detenidos debían pasar a la cárcel Modelo, pero ese traslado fue suspendido cuando trascendió que un ex agente de ese centro penitenciario había sido tentado con 15 millones de pesos para arreglar la huída de la Modelo de por lo menos uno de los cinco capturados.
Y si la captura fue rápida, no lo fue menos la aparición de la asesoría legal a los detenidos. A las pocas horas de su retención, los cinco hombres contaban con abogados. Uno de ellos, Gustavo Salazar, defiende a Pedro Zambrano y a Luis Alfredo González, y según algunas informaciones suministradas por fuentes de los organismos de seguridad, es también el apoderado de Jaime Valencia Martínez, propietario de la oficina donde se produjo la captura, y quien se encuentra huyendo, y habría asesorado legalmente a Gonzalo Rodríguez Gacha.
Valencia Martínez es un personaje clave en esta historia. Es un hombre de Rionegro (Antioquia) que posee varias fincas en ese departamento, una de las cuales, llamada San Antonio de Prado y ubicada en las afueras de Medellín, fue allanada por las autoridades en desarrollo de las medidas dictadas el día del asesinato de Galán.
Valencia se presenta como un agricultor que en el pasado estuvo dedicado al negocio de las esmeraldas y que hoy también realiza negocios de compra-venta de carros. Su rostro se conoció la semana pasada, cuando el Noticiero 24 Horas presentó apartes de una entrevista con él. Aunque niega su participación y la de sus empleados en el asesinato, no ha podido explicar la procedencia de las chaquetas de cuero negro encontradas en su oficina, ni exhibe el salvoconducto que ampara las armas halladas también allí.
La relación entre Valencia y los demás detenidos es la siguiente: Pedro Zambrano Delgado es el administrador de su finca de San Antonio de Prado; Luis Alfredo González, su chofer; Norberto Murillo Chalarca su mensajero, solicitado además por los juzgados 3° y 10° de Bogotá, por delito de homicidio; Armando Bernal Acosta, un amigo personal de Valencia que frecuentaba su oficina, y Alberto Hubiz Hazbum, quien venía conversando con Valencia desde hacía varias semanas.
Hubiz Hazbum es el que más especulaciones ha generado. Su ascendencia árabe ha dado pie para hablar de conexiones palestina y libia en el caso. Su hermano y defensor, el abogado Wilson Hubiz Hazbum, argumenta que es absolutamente absurdo pensar en que alguien haya contratado un sicario de 54 años, que es la edad de Alberto Hubiz. Asímismo, destaca que este es un hombre respetable que llegó a ocupar el cargo de vicecónsul de Haití en los años 70, y argumenta que el día de la captura se encontraba en la oficina de Valencia ofreciendo sus servicios como químico. Además, el abogado presentó a las autoridades una certificación juramentada del ex ministro Carlos Obando Velasco, que expresa que el día del crimen se encontraba reunido con Hubiz Hazbum. SEMANA estableció también que las autoridades han encontrado antecedentes de Hubiz Hazbum en Barranquilla, que lo vinculan a caso de producción de metacualona a principios de la década.
Todos estos elementos (la vinculación laboral de algunos de los sospechosos con Valencia, los antecedentes de dos de ellos y las mismas declaraciones de Valencia a 24 Horas, en las que, entre otras cosas, dijo que él era un hombre pobre y que prueba de ello eran sus permanentes sobregiros bancarios de 200 mil y 500 mil pesos) constituyen un cuadro que complica bastante la situación de los detenidos y del propio Valencia. Esto sin contar con los indicios que al parecer existen de que desde la casa de Valencia se habría hecho una llamada a la Dijin ofreciendo 50 millones de pesos para que soltaran a los detenidos. Suficientes hechos como para que, como lo terminó recomendando el agente del ministerio público y acogiendo el juez, se les haya dictado auto de detención a los sospechosos del mayor magnicidio de la segunda mitad del siglo XX en Colombia.
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