“Soy ‘chivo’ expiatorio del ‘choque de trenes’”

Constantino Rodríguez, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hasta el próximo 20 de julio, se notificó por los medios de comunicación que el fiscal general, Eduardo Montealegre, lo denunciará ante la Corte Suprema de Justicia.

No sabe por cuál delito será investigado, pero la decisión de pedirle a la Comisión “inhibirse” de investigar uno de los procesos que se desprendían del llamado 'carrusel' de pensiones de los magistrados es la causa de esta nueva denuncia. El fiscal Montealegre, en un reportaje que le concedió al periodista Yamid Amat, calificó la decisión de Rodríguez como una “grotesca impunidad”.

En diálogo con Semana.com, Rodríguez explica las decisiones que tomó la Comisión de Acusaciones alrededor del proceso sobre el 'carrusel' de pensiones; asegura que la investigación no está archivada, como lo sugiere el fiscal, y se declara un “chivo expiatorio” de lo que llama un 'choque de trenes' entre el fiscal general y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). Esta es la historia.

Semana.com: ¿Cuál era la investigación que tenía en las manos sobre el ‘carrusel’ de las pensiones en el CSJ?

Constantino Rodríguez: La opinión pública está confundiendo dos investigaciones. La del carrusel de pensiones, en la que se investiga si tres magistrados del CSJ, Angelino Lizcano Rivera, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón, incurrieron en irregularidades al nombrar magistrados auxiliares para beneficiarse del régimen pensional, como lo denunció públicamente la contralora Sandra Morelli. La otra, que se desprende de la denuncia que interpuso la magistrada María Mercedes López ante la Fiscalía, en la que denunció una presunta falsedad en documento público porque se habrían modificado las actas de las sesiones en las que se hicieron los nombramientos de los magistrados auxiliares. La denuncia señala que en una sesión no se aprobaron los nombramientos, pero sí aparecían consignadas en las actas. Esa segunda es la que yo estaba adelantando y tras varios meses de investigación se determinó que las actas, por sí solas, no constituían prueba suficiente.

Semana.com: ¿Cuáles diligencias adelantó usted para tomar esa decisión?

C.R.: Actuamos conforme al derecho. Llamamos a versión a la secretaria del CSJ, Yira Olarte, se llamó a versión a los magistrados mencionados y se revisaron los documentos públicos de las actas referidas del CSJ. La investigación fue adelantada por agentes del CTI de la Fiscalía y estos, al igual que los funcionarios de la Procuraduría, dijeron que no había pruebas suficientes para abrir la investigación formal. Con sustento en esas diligencias tomamos la decisión de pedirle a la Comisión de Acusaciones inhibirse de investigar porque las solas actas no eran elemento suficiente de prueba.

Semana.com: ¿Quiere decir que el ‘carrusel’ de pensiones es uno de los nuevos fracasos de la Comisión de Acusaciones?

C.R.: El proceso por el ‘carrusel’ de las pensiones lo llevan los representantes Jorge Gómez Villamizar y Manuel Carevilla. La Comisión de Acusaciones aún no lo ha discutido en pleno, pero ese proceso sigue vigente y muy seguramente en la próxima legislatura se tomarán decisiones. Respecto de la investigación que yo adelanté, hay que aclarar que lo que se profirió fue un auto inhibitorio, no un archivo. Por eso si el fiscal general nos aporta nuevos elementos de prueba, esa investigación por presunta falsedad ideológica se puede abrir en el momento en que haya pruebas sobrevinientes. Estamos a la espera de que el fiscal nos aporte estos nuevos elementos. No hemos sepultado el carrusel de pensiones.

Semana.com: El fiscal insinúa que hubo corrupción en la decisión de la Comisión de Acusaciones, ¿qué le responde?

C.R.: Nunca he entendido por qué el fiscal menciona que hubo corrupción, tendrá que aportar las pruebas y estamos a la expectativa. El fiscal sabe muy bien qué hicimos en el seno de la Comisión. No temo estar en manos de la Corte, nosotros los representantes investigadores estamos expuestos a que por nuestras decisiones se nos abra investigación. A mí ya me demandaron el Corte Suprema de Justicia un proceso por prevaricato por acción por haber llamado a indagatoria al expresidente Ernesto Samper en el proceso por el asesinato de Álvaro Gómez, pero ese proceso se archivó. Eso siempre pasa, nosotros tomamos decisiones contra altos dignatarios del Estado y luego nos denuncian. Lo que hemos hecho en este corto año ha sido por primera vez vincular a varios de los altos dignatarios y esos resultados nos han traído investigaciones. Los congresistas somos los más vulnerables porque sólo tenemos una instancia, pero estamos tranquilos y acudiremos a responder ante nuestro juez natural.

Semana.com: ¿Qué cree que hay detrás de esta investigación que anunció el fiscal en su contra?

C.R.:Todo esto obedece a un choque de trenes que existe en la actualidad entre la Fiscalía y el CSJ. Esto por el caso de la fiscal delegada Martha Zamora, que está siendo investigada disciplinariamente por el magistrado Henry Villarraga por el tema de Sigifredo López. Además, la fiscal Zamora fue la que envió copias a la Comisión de Acusaciones para que investigara a Henry Villarraga por el carrusel de las pensiones. Entonces el fiscal está queriendo ponerme a mí y a dicha comisión como chivos expiatorios en este enredo. Por nuestra parte, obramos ajustados al derecho y concluimos lo que el mismo CTI y la Procuraduría recomendaron, que no había pruebas para abrir una investigación.