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| 10/20/1986 12:00:00 AM

" SPEEDY GONZALEZ "

El contralor general de la República, Rodolfo González corre más rápido que todo el mundo

De ser esta semana la elección del designado a la Presidencia, el ganador sería el senador Eduardo Mestre Sarmiento. Este hecho está desatando una polémica con más ingredientes de emoción que los usuales en este tipo de elecciones. Y curiosamente, la polémica no se centra tanto en la idoneidad del aspirante, ni en las implicaciones revanchistas de su candidatura, ni siquiera en la ola de chismes y rumores sobre su no nombramiento como ministro de Gobierno, sino en la circunstancia de que las posibilidades de su candidatura se deben casi exclusivamente al capricho de un personaje: el contralor general de la República, Rodolfo González García.
"En mi época el designado era señalado directa o indirectamente por el Presidente de la República": señala un ex ministro conservador que, al igual que casi todos los entrevistados para este artículo, insistió en que su nombre no fuera mencionado. Y la razón de esta opinión cada vez más generalizada, así como de las solicitudes de anonimato, radica en la sensación de que la Contraloría se ha convertido en un engendro de enormes poderes que, para muchos, son sólo superados por los del Presidente de la República.
El poder en sí mismo no necesariamente tiene que despertar tantos recelos. La alarma obedece a que en el caso del contralor, su inmenso poder se está ejerciendo más allá de los límites institucionales del cargo. Rodolfo González, además de ser considerado como el hombre detrás de la candidatura de Mestre a designado, ha sido señalado como el gran elector de los presidentes de la Cámara y de la mayoría de sus comisiones e inclusive, del presidente de la República Virgilio Barco, según acusación explícita hecha el año pasado por el entonces precandidato liberal Augusto Espinosa Valderrama. Esto, sin mencionar su propia reelección en el cargo de contralor, fenómeno que dadas las circunstancias actuales, puede repetirse infinitas veces, puesto que no existen límites constitucionales para este efecto.
Todo lo anterior está sucediendo en un cargo cuyas funciones, según lo establecido, son únicamente las de llevar a cabo el control fiscal numéricolegal de las cuentas del Estado. ¿Cómo se ha llegado a una transmutación de lo numérico-legal a lo políticodictatorial en las funciones del contralor? Poder burocrático es la respuesta. Las gracias que está llevando a cabo Rodolfo González no tienen su origen en la eficacia con la que desempeña sus funciones, ni en su habilidad santandereana, sino en que los congresistas colombianos quieren o necesitan los puestos de la Contraloria.
Los puestos son muchos. Tantos que su número real es uno de los secretos mejor guardados. SEMANA intentó durante varios días determinar esa cifra y, comenzando porque la propia Contraloría pone obstáculos para suministrarla, no existe acuerdo entre las diferentes entidades nacionales sobre la cantidad de empleados de la Contraloría. Un columnista del diario El Espectador citó la semana pasada la cifra de 11.623 que obtuvo con fuentes del Servicio Civil. Planeación Nacional, por su parte, fija el número en 14.713. Y una fuente de la Contraloría consultada por esta revista que, por razones obvias, pidió mantener su nombre en reserva, señala que la cifra en la actualidad asciende a 17.560 personas. Esta última cifra coincide con una que causó estupor en una reciente reunión de funcionarios del Ministerio de Hacienda, donde fue revelada.
Esta cantidad de puestos ha hecho que se invierta la relación jerárquica entre la Cámara de Representantes y el contralor general. En su concepción original, el contralor era simplemente un "empleado" de la Cámara, que lo elige, que tenía que rendirle cuentas periódicamente sobre el estado de las finanzas de la nación. Hoy en día, todos los representantes a la Cámara son prácticamente subalternos del contralor o tienen que agacharle la cabeza para obtener y conservar sus cuotas, que en estos días del clientelismo son absolutamente indispensables para sobrevivir en política.
Uno de los mas respetados y exitosos clientelistas del país, explicó a SEMANA todo lo que puede derivarse del control de una piñata burocrática de esta magnitud. "En términos directos, cada puesto tiene que generar entre lO y 15 votos. Pero estos beneficios directos son insignificantes al lado de los indirectos. Un gamonalito de barrio que controla 400 votos puede cambiar de jefe si éste no es capaz de mantenerle al pariente que tiene colocado en la Contraloría. Pero además, hay puestos de puestos. Una cosa es ser empleado medio del Idema y otra muy distinta, auditor de la Contraloría en una entidad nacional". Todo esto sin mencionar los puestos de la Contraloría en el exterior, que son tan cotizados como un Consulado.
Sin embargo, las cosas no siempre han sido así. Desde cuando Carlos Lleras Restrepo fue contralor a fines de los años 30, y manejaba con 300 personas y a punta de lápiz, no sólo esa entidad sino lo que hoy es el DANE, la Contraloría había venido creciendo, ajustándose al desarrollo del país. Sin embargo, fue con la llegada del Frente Nacional cuando se desbordó burocráticamente. Para hablar sólo de los últimos 15 años, los gastos de la Contraloría en 1970 eran de 120 millones de pesos, y en 1985 alcanzaron los 8.293 millones, cifra que no guarda relación con el aumento de los precios en ese mismo período. Y la tendencia no para. Según el ministro de Hacienda César Gaviria en su reciente intervención ante el Senado, el rubro de gastos generales en la Contraloría aumentó en un 153.7% en el primer semestre de este año, en relación con el mismo período en 1985.

Mar de fondo
Obviamente, el fenómeno Rodolfo González (ver recuadro) no es el generador, sino el más reciente usufructuario de este superestado. Su gestión en la Contraloría, aunque salpicada de algunos episodios de arbitrariedad política, ha sido técnicamente competente. Las críticas que se le hacen se centran en su exceso de poder y no en escándalos, a diferencia de lo que sucedió con sus antecesores Julio Enrique Escallón y Anibal Martínez Zuleta.
Pero el hecho de que el actual contralor no sea el causante del problema, no quiere decir que el país no tenga que poner los ojos en el carácter estructural del mismo. Poco después del escándalo Escallón, acusado en su momento de prevaricato y peculado, se planteó la necesidad de una reforma de la Contraloría. Uno de sus puntos básicos era la eliminación de la posibilidad de que el contralor fuera reelegido. Este punto de la reforma nunca pudo ser aprobado en el Congreso, donde ya se sentía la influencia del nuevo contralor, Aníbal Martínez, y su aspiración, posteriormente satisfecha, de ser reelegido. Algo similar sucedió con la reforma constitucional promovida por el gobierno de Belisario Betancur, que también contemplaba la no reelección del contralor y que se hundió en el Congreso el año pasado.
Teniendo en cuenta los dos casos anteriores, podría decirse que el quid del asunto es la reelección del contralor. Pero la cuestión es mucho más compleja.
Se trata, entonces, de una reforma integral, que incluiría no sólo transformar su organización, sino los mecanismos del control fiscal. En 1976, un economista e investigador alemán, Juergen H. Wolff, pasó una larga temporada en Colombia, analizando los problemas de la Contraloría. En esa época, cobró fuerza la idea de que el problema clave era la inmoralidad, no sólo en la Contraloría, sino en toda la administración pública. En un artículo que escribió en esos días para la revista Universitas, Wolff demostró que la cosa iba mucho más lejos, y que lamentablemente la opinión pública se engañaba al creer que la sola remoción de un funcionario deshonesto, significaba la solución de los problemas.
La tesis central de Wolff es que, "la organización y los procedimientos del control fiscal en Colombia, manifiestan defectos fundamentales que conducen con alguna necesidad a la ineficiencia en cuanto a los fines del mismo y a la tentación de la falta de honestidad para muchos de los funcionarios encargados del control fiscal". Para Wolff, lo primero que hay que hacer es establecer la carrera administrativa en la Contraloría, de tal manera que sus funcionarios se nombren por concurso y no por recomendación, y su estabilidad no esté sujeta al arbitrio del contralor. Por otra parte, considera que existe un exceso de cobertura de la Contraloría, pues no sólo esta tiene un auditor en todos los organismos del orden nacional, sino que este sistema de auditores hace "cohabitar" bajo el mismo techo a controladores y controlados, quienes "se conocen mutuamente, toman, como colombianos, tinto juntos, (y) en una palabra pueden tener relaciones amistosas".
Pero el problema no es sólo de tomar tinto juntos, sino que, como explica Wolff al referirse al control previo, por cuenta de éste "la Contraloría se ve mezclada con la administración que presuntamente tiene que observar y criticar". Wolff pone como ejemplo un caso: si la Contraloría, en virtud del control previo, ha dado el visto bueno a gastos de una entidad y esta es luego acusada por malos manejos, difícilmente puede ser independiente para criticar tales procedimientos en la etapa de control posterior y llevar las cosas hasta el terreno de lo penal si sus propios miembros están implicados.
En este orden de ideas, Wolff propone la eliminación del control previo y del sistema de auditores permanentes, que sería reemplazado por uno de visitadores que --como sucede en Francia o Alemania-- aparecerían sorpresivamente en una entidad un día, para llevar a cabo una inspección fiscal. Aparte de los beneficios de separar tajantemente a controladores y controlados, habría obviamente uno más en el terreno burocrático, pues al desaparecer los auditores permanentes, la nómina se reduciría considerablemente, con lo cual, el Sansón vería peluqueada buena parte de su poder.

Todo esto, que suena muy bonito en el papel, requiere grandes dosis de voluntad política para llevarse a cabo. Por la sencilla razón de que quienes tienen que tomar esta decisión, los congresistas, son precisamente los principales beneficiarios del sistema vigente. Proporciones guardadas es tan difícil como esperar que, por razones de interés nacional, los parlamentarios consideren conveniente congelar las dietas o eliminar los auxilios parlamentarios. Pero la verdad es que en estas épocas, cuando las instituciones están amenazadas por todos los frentes, las reformas, o se hacen ahora por la vía pacífica, o de pronto acaban haciéndose más tarde por la vía violenta.--

¿González Presidente?
Para ser un hombre tan poderoso que, según quienes lo conocen, aspira a ser Presidente de la República, Rodolfo González García es casi totalmente desconocido para el ciudadano promedio. Al Palacio de Nariño puede que no llegue, pero lo cierto es que a sus 44 años ha recorrido muy rápidamente mucho trecho. Nacido en el ambiente de un típica familia bumanguesa de clase media, tuvo desde muy joven inclinaciones políticas y periodísticas que ya se manifestaban cuando, en los años sesenta, viajó a Bogotá a estudiar economía en la Universidad Nacional. Pero aun separado de su patria chica, siguió manteniendo estrechos vínculos con la persona que habría de tener un papel preponderante en su vida pública: Alejandro Galvis Ramírez. El delfín de la dinastía de los Galvis impulsó la carrera de su íntimo amigo, convenciendo a su padre, el patriarca Alejandro Galvis Galvis, de nombrarlo director del periódico Vanguardia Liberal a comienzos de la década pasada, cuando González contaba apenas con 30 años de edad. Ocho años duró en esta posición la cual le sirvió para convertirse en influyente personaje de la política santandereana. En 1978 buscó proyección nacional, al ser elegido representante a la Cámara por Santander. El viejo Galvis consideró en ese momento que existía una incompatibilidad entre las aspiraciones políticas de su protegido y sus funciones periodísticas, lo cual produjo su desvinculación de la dirección del periódico. Sin embargo, la amistad con Galvis hijo se mantuvo y, aunque las relaciones con Galvis Galvis acabaron siendo bastante agrias, después de su muerte, Galvis Ramírez le abrió de nuevo las paginas del periódico, del que desde entonces no ha dejado de ser orientador editorial.
Una vez elegido a la Cámara, y en mancorna con el senador Eduardo Meste, habría de formar un poderoso bloque parlamentario regional, cuyo núcleo se conoció con el nombre de Confederación Liberal de Santander. Este grupo fue el promotor original de la candidatura de Virgilio Barco para 1982 y, después del revés de ese año, fue uno de los pilares de la victoria de 1986.
En una elección considerada palo en su momento, González había derrotado a Jaime Castro en la carrera para la Contraloría en 1982. La relación de González con esa entidad había comenzado tiempo atrás, cuando el hoy contralor era presidente de la Comisión de Cuentas de la Cámara, cargo desde el cual rindió un informe favorable a la gestión de su antecesor Aníbal Martínez Zuleta.
Ya como cabeza de la Contraloría, el desconocido y discreto parlamentario se convirtió no sólo en un eficiente fiscalizador de las cuentas públicas sino en hábil negociador de cuotas políticas, consolidando su poder en muy poco tiempo. Cuando se empezó a hablar de la candidatura de Barco en 1984, el contralor, con las cartas en la mano, comenzó a jugarlas a favor de su coterráneo. El juego fue tan exitoso que llegó a producir una protesta del otro aspirante liberal, Augusto Espinosa Valderrama.
La gestión de González se ha caracterizado por un trabajo concienzudo a nivel técnico, mezclado con bastante política. Si Jiménez Gómez dijo que iba a ejercer una "procuraduría opinante" puede decirse que González hizo lo mismo en el caso de la Contraloría.
Rodeado de un grupo de técnicos bastante competentes, González le cantó la tabla en más de una oportunidad a la administración Betancur. El programa de ajuste y los proyectos de carbón y petróleo fueron duramente criticados por el contralor en forma repetida. Igualmente se enfrentó a otros poderes como la Federación de Cafeteros, metiendose con el intocable Fondo Nacional del Café. Estas opiniones no fueron siempre bien recibidas pero, no obstante, demostraron una independencia frente al gobierno de Betancur que muchos se preguntan si podrá mantener frente a la actual administración.
Menos bien recibida que sus opiniones, ha sido su disposición a utilizar el poder de su cargo para negociar, presionar o manipular con fines políticos. Ejemplos de estos han sido su demora en la refrendación del contrato del crédito Jumbo y sus disputas en el Instituto de Crédito Territorial. En el caso del crédito Jumbo, considerado por la administración Betancur como uno de sus más grandes éxitos en materia económica, el contralor demoró 62 días para estamparle su firma al contrato.
Según la publicación La Nota Económica, esa dilación le costó al país 859.733 dólares (más de 176 millones de pesos) en comisiones de compromiso. Si esa cifra parece alta, la del Instituto es todavía mayor. Una serie de contratos por 14 mil millones de pesos firmados a finales del año pasado entre el ICT y compañías constructoras para la edificación de 12 mil unidades de vivienda popular, no se han podido llevar a cabo porque la Contraloría no les ha dado el visto bueno, a pesar de que hace más de un mes la discusión jurídica alrededor del caso fue fallada a favor del ICT por el Consejo de Estado. Los reajustes al valor original de los contratos se estiman en no menos de 1.500 millones de pesos.
Pero esto no puede preocupar a González. Hoy el contralor general de la República ha decidido enfrentarse, ni más ni menos, que al Presidente de la República en la elección de designado. Sus susceptibilidades políticas por el no nombramiento de Mestre en el gabinete han llevado a González a la decisión de desagraviar a su amigo midiendo fuerzas y dejándose contar, haciéndolo elegir designado. De conseguirlo, sus ojos --según sus allegados-- estarían clavados en la candidatura presidencial de 1990. La gran duda, sin embargo, es si los parlamentarios que hoy necesitan de sus cargos, le den la nominación de su partido cuando, retirado de la Contraloría, haya perdido la capacidad de otorgarlos.
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