SU MAJESTAD EL PETROLEO

Desde hace varios días los colombianos vienen viendo grandes titulares de primera plana sobre un debate que involucra al Ministerio de Minas, a Ecopetrol y a la petrolera británica British Petroleum _BP_ alrededor del polémico contrato de Piedemonte. Ese debate alcanzó su punto más alto el viernes pasado cuando el ministro de Minas, Rodrigo Villamizar, revocó una resolución emitida por su despacho dos semanas atrás, en la que determinaba que el gas es el hidrocarburo principal que existe en el campo cobijado por el mencionado contrato. Para la mayoría de los colombianos el lío no pasó de ser una incomprensible discusión físico-química sobre las características de un hidrocarburo. Sin embargo el episodio de los últimos días fue apenas un capítulo más de una novela que ya va para dos años y medio, en la cual el gobierno y la BP han buscado diversas fórmulas para aumentar la rentabilidad de la empresa británica. ¿Cuáles son los argumentos de la petrolera en esta discusión? ¿Ha actuado el gobierno de manera equivocada? ¿Qué viene ahora que se cerró un capítulo más del polémico debate?
Los orígenes Desde comienzos de 1995 la BP ha venido expresando a funcionarios del gobierno colombiano su insatisfacción con sus condiciones de rentabilidad en el contrato de Piedemonte suscrito en 1992. Sin embargo estas discusiones sólo trascendieron a la opinión pública en agosto del año pasado, cuando el ministro Villamizar planteó la posibilidad de que se revisaran los términos del contrato de Piedemonte de manera que se aumentara la rentabilidad de la petrolera. Esta posibilidad generó un inmenso debate en el que varios observadores señalaron que una modificación de esa naturaleza resultaba inconveniente si se tenía en cuenta que el aumento de la rentabilidad de la BP iría en detrimento de los ingresos de la Nación. Ante esta situación muchos se preguntaron por qué al firmar el contrato de Piedemonte, en 1992, la BP había estado conforme con la rentabilidad del mismo, pero con el paso del tiempo había empezado a manifestar su intención de modificarlo. Ese interrogante tiene varias posibles respuestas. La primera es que la BP querría lograr las condiciones que conseguiría si se suscribiera un nuevo contrato en el presente. En efecto, la distribución de los ingresos entre la Nación y la BP en el contrato de Piedemonte se rige por un esquema llamado 'escalonado', el cual estuvo vigente entre 1988 y 1994, período en el cual se firmó el contrato con los británicos. Sin embargo el gobierno encontró que ese esquema resultaba poco atractivo para las petroleras y optó por cambiarlo por el llamado 'factor R' hace tres años. Según los niveles de producción que se calcula que tendrían los pozos del Piedemonte, el esquema 'escalonado' sin duda resulta menos atractivo para la BP que el actual.Los voceros de la BP, sin embargo, han señalado que su inconformidad se debe a que las circunstancias del proyecto han ido cambiando y con ellas la rentabilidad esperada del mismo. Según Iain Conn, vicepresidente de la petrolera, hay dos elementos fundamentales que justifican la solicitud de la empresa. Por un lado, la inseguridad de la zona se ha traducido en un incremento de los costos del proyecto que ha redundado en una menor rentabilidad del mismo. Por otro, los costos de exportación resultaron ser más altos de lo previsto, mucho mayores incluso que los de cualquier otra región petrolera del país. El incremento de los costos sería el resultado de la complejidad geológica de la zona, la cual obligaría a la empresa a buscar el petróleo a más de cinco kilómetros de profundidad, con la consecuente elevación de los riesgos y del presupuesto para cubrirlos.
Al margen de cuáles hayan sido las motivaciones de la empresa para pedir una mayor rentabilidad, lo cierto es que la propuesta del gobierno de modificar el contrato generó una verdadera tormenta. Los observadores más críticos llegaron a afirmar que la compañía británica estaría tratando de aprovechar la debilidad política de la administración Samper para sacar una mayor tajada del Piedemonte. Otros señalaron que una modificación de las reglas del juego pondría en tela de juicio la estabilidad jurídica del país ante la comunidad internacional. Los más pragmáticos advirtieron que si se hacían modificaciones a las condiciones con la BP, también habría que reformar otra veintena de contratos escalonados que están vigentes en la actualidad. Fueron tantas las críticas que llovieron sobre la posibilidad de cambiar las reglas del juego que a finales de octubre del año pasado, sólo dos meses después de ventilar la idea ante la opinión pública, el gobierno anunció que no habría modificaciones al contrato de Piedemonte.

¿Gas o crudo?
Pero no tardó en empezar a gestarse una nueva posibilidad para satisfacer las aspiraciones de la BP. En el mes de noviembre Villamizar consultó a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas acerca del tipo de hidrocarburo que hay en el Piedemonte. Fue entonces cuando empezó el lío que ha ocupado la primera plana de los periódicos en los últimos días. Ante la solicitud del Ministro, los técnicos emitieron un concepto que señalaba que se trata de un condensado, un tipo de hidrocarburo que no está contemplado en el contrato de Piedemonte. De hecho, la cláusula legal que señala cómo se debe distribuir la producción del proyecto entre Ecopetrol y la BP sólo contempla la posibilidad de que haya dos tipos de hidrocarburo en el campo: gas y crudo. La diferencia entre los dos no es poca. El contrato establece que para definir los porcentajes de distribución de los ingresos entre las dos partes se debe usar como criterio la escogencia de cuál es el hidrocarburo principal que existe en el campo. Si se tratara de crudo se incrementaría la participación de Ecopetrol en las ganancias. Si, por el contrario fuera gas, la que aumentaría sería la tajada de la BP. En este caso la rentabilidad para la petrolera británica en el proyecto aumentaría de 10 por ciento a 15 ó 16 por ciento.
Lo que sucedió después ya es historia conocida. Ante semejante dilema el Ministro decidió consultar al Consejo de Estado, cuya sala plena conceptuó que el hidrocarburo principal del Piedemonte era el gas. Con base en esa decisión, y mientras los funcionarios de la BP respiraban más tranquilos, el pasado 18 de abril Villamizar expidió la resolución 80750, a través de la cual el Ministerio establecía que el hidrocarburo que debía determinar la distribución de los ingresos del campo era el gas. Pero días más tarde el Consejo de Estado cambió su posición, argumentando que la consulta del Ministerio había sido mal formulada, aparentemente orientada a buscar una respuesta específica. Como si fuera poco, el Ministro cometió un grave error que terminó por tumbar la resolución. El contrato establece que el Ministerio sólo puede pronunciarse acerca del hidrocarburo principal al autorizar la explotación del campo, lo cual sólo puede darse tras declarar la comercialidad del mismo. Y para sorpresa de algunos, la BP aún ni siquiera ha hecho la solicitud de comercialidad. De esta manera, la resolución se quedó sin piso jurídico y fue revocada el viernes pasado.
¿Y ahora?
El reversazo de Villamizar no cierra la posibilidad de que la rentabilidad de la BP se aumente por la vía de la escogencia del gas como hidrocarburo principal del Piedemonte. Sin embargo la petrolera se encuentra en medio de un círculo vicioso, pues el Ministerio sólo se puede pronunciar si la empresa pide la comercialidad del campo. Pero ésta sólo se le mediría a hacerlo si tuviera certeza sobre su rentabilidad esperada, para lo cual debería tener claridad anticipada de cuál va a ser el hidrocarburo principal. En medio de semejante enredo algunos piensan que la solución puede venir por el lado de Ecopetrol, pues al fin y al cabo es la socia de la BP en el contrato. Si la junta directiva de la empresa estatal, que es presidida por el mismo Villamizar, decide que el hidrocarburo principal es el gas, la petrolera británica recibiría una señal clara que difícilmente sería controvertida después por el mismo Ministerio. Sin embargo una posición como esa de seguro volvería a alborotar el avispero en la opinión pública, especialmente si se tiene en cuenta la millonaria tajada de los ingresos que se calcula perdería el país. Por el momento la BP ha sacado sus cartas más fuertes. Por una parte ha advertido que si se determina que el hidrocarburo principal es el crudo no solicitaría la comercialidad del campo por la baja rentabilidad que le representaría. De otro lado, la petrolera ha sacado a relucir su sociedad con una empresa de Julio Mario Santo Domingo en la concesión de Recetor, vecina a la de Piedemonte, en una jugada que aunque ha desconcertado a muchos podría haberle representado una mayor simpatía a su causa en algunos círculos como el Congreso de la República. Lo cierto es que en el episodio de las últimas semanas las autoridades tacaron burro. El gobierno debe ser claro frente al país y la comunidad internacional y la solución que se pretendía encontrar a través de la resolución del Ministro de Minas no era clara con ninguno de los dos. Y aunque las cifras revelan que las condiciones de los contratos petroleros en Colombia no son muy atractivas a nivel internacional, si el gobierno quiere cambiarlas debe proponerle al país un debate global sobre la política petrolera nacional (ver gráfico). Cualquier cosa distinta es confundir la física con la química.