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| 9/27/2013 12:00:00 AM

El cheque que esperan los congresistas

Senadores y representantes aún no reciben el pago del mes, que debería llegar con siete millones de pesos menos.

Los secretarios administrativos de Senado y Cámara de Representantes atraviesan por una encrucijada. No han podido firmar los cheques correspondientes al mes de septiembre de los 266 congresistas, y hoy los parlamentarios no han recibido su mesada.

La encrucijada consiste en que los secretarios no saben cuánto dinero deben asignar a los congresistas luego de que el Consejo de Estado decidió revocar el Decreto 861 de 1992 que establecía que los congresistas recibirían, además de sus salarios básicos, una remuneración adicional correspondiente a las primas de localización y vivienda y a la de salud, lo cual significa un recorte de casi siete millones de pesos en el sueldo que históricamente han devengado los padres de las leyes. 

Actualmente, los congresistas devengan un sueldo básico de cinco millones, cifra que se aumenta con los gastos de representación, que corresponden a 10 millones de pesos, más las primas de localización y vivienda, que son de seis millones y la prima de salud, que es de 1,6 millones de pesos. Junto con otros ítems, el salario total es de 24 millones, pero con el recorte establecido por la decisión del Consejo de Estado, los senadores y representantes dejarían de recibir siete millones de pesos, por lo que sus salarios se reducirían a 17 millones. 

Los encargados de firmar los cheques no saben si girar lo que tradicionalmente han ganado los congresistas, o si deben aplicar la disposición del fallo del Consejo de Estado. 

La situación no es fácil, pues de la sentencia judicial también se verían afectados otros 1.920 funcionarios entre magistrados de las altas cortes, magistrados auxiliares, magistrados de tribunal y magistrados auxiliares, así como el del procurador, viceprocurador, procuradores delegados, fiscal general, fiscales delegados, contralora, vicecontralora.

Todo porque la ley vigente señala que ningún funcionario, excepto el presidente de la República y los embajadores, podrán tener una remuneración superior a la de un congresista. 

Es por eso que si a los senadores y representantes se les paga el sueldo con el recorte establecido por el Consejo de Estado, los demás salarios también se les deberían aplicar esta nueva disposición. 

La situación tiene en aprietos al Gobierno, especialmente al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien estudia la forma de interpretar el fallo, pues la mayoría de congresistas tienen origen distinto a Bogotá, donde es la sede del Capitolio, razón por la cual a los parlamentarios se les había asignado la prima de localización.

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestó que se pedirían certificaciones para los congresistas que tienen su lugar de residencia fuera de Bogotá, para establecer a cuáles funcionarios se les debe aplicar el recorte. Sin embargo, el ministro de Hacienda asegura que este procedimiento no sería eficaz, pues la jurisprudencia establece que el sitio de residencia es el lugar donde trabajan. Es decir, para el caso de los congresistas sería la capital. 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que está buscando resolver vía decreto la compensación a altos funcionarios del Estado por la reducción en su remuneración en primas de salud y localización ordenada por la Corte Constitucional. Se buscaría generar una nueva prima que compense lo que se pierde por salud y localización. Pero aclaró que, “contrario a lo que se viene diciendo, el Gobierno no está buscando solución al problema porque se afecten los salarios del Ejecutivo ni pretende beneficiar a los congresistas. 

El limbo del asunto es qué pasará con los otros salarios que se verían afectados con el recorte a la remuneración de los congresistas”. De momento, los parlamentarios aún no reciben su salario correspondiente a septiembre, un mes en el que los senadores han brillado, entre otras, por las dilaciones que le han aplicado al estudio de la reforma a la salud, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno, que en el Legislativo no avanza. Quizás una forma de hacer paro para que el Gobierno resuelva las compensaciones del salario que fue reducido por orden del Consejo de Estado. 
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