Super Sherlock

Esta semana podria ser aprobada la reforma más ambiciosa a la justicia que se haya hecho en el país en los últimos 50 años. La plenaria del Senado decidirá si aprueba en último debate una reforma a la Fiscalía, que haría que la justicia colombiana termine siendo muy similar a la que se ve en las películas al estilo del legendario Perry Mason.

El proyecto busca acercar el sistema penal colombiano al norteamericano, en el que la Fiscalía se dedica a investigar pruebas para acusar a los sospechosos de haber cometido un delito. Esta entidad perdería gran parte de las funciones judiciales que detenta hoy y que han llevado a muchas personas a criticarla por ser 'juez y parte'.

Hoy, por ejemplo, un fiscal libra orden de captura contra un sospechoso, lo oye en indagatoria y luego determina si lo acusa o lo deja en libertad. "Es como si en un partido de fútbol una misma persona hiciera de arquero, de delantero y de árbitro a la vez, afirma Juan David Riveros, profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes. Con la reforma se busca que sea sólo delantero".

Bajo el nuevo esquema el fiscal tendrá que solicitarle a un juez -que en adelante se llamará juez de garantías- que ordene, si así lo considera, medida de aseguramiento. Y una vez complete su investigación el fiscal presentará ante otro juez, en una audiencia, las pruebas que sustenten su petición de cerrar la investigación o pasar a la etapa de juicio. En esa misma audiencia el defensor del sindicado aportará las pruebas y los argumentos que demuestran su inocencia. Con todas estas pruebas el juez decidirá si lo condena.

Muchos analistas consideran que esta modificación les dará mayores garantías a los colombianos y frenará los abusos que se han cometido en los últimos años. Argumentan que así se evitarían casos como el de Alberto Hubiz Hazbum, que duró injustamente preso tres años sindicado del asesinato de Luis Carlos Galán; o más recientemente el de Javier Carvajalino, que luego de tres meses salió libre porque el Fiscal determinó que su único pecado era ser hermano de 'Andrés París', miembro del secretariado de las Farc.

"Si la Fiscalía te quiere hacer daño te dicta una medida de aseguramiento, que la toma por sí y ante sí. Pero si te quiero favorecer precluyo la investigación. Yo con yo me convenzo de que no hay forma de acusar", explica Riveros, quien como asesor de la Corporación Excelencia de la Justicia trabajó en la elaboración de este proyecto de reforma constitucional. La Corporación venía impulsándo desde hace cuatro años, hasta que el fiscal general, Luis Camilo Osorio, asumió su defensa hace un poco menos de uno. "Los fiscales se gastan un 80 por ciento de su tiempo en las decisiones de tipo judicial y sólo un 20 por ciento en investigar, afirma Osorio. Resulta puliendo el verso que no es de él".

La Fiscalía, sin embargo, conservará la facultad de realizar allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones y, en casos muy excepcionales, capturas. Pero estas medidas quedarán sujetas a un control posterior por parte del juez de garantías.

De ser aprobada la nueva ley, además implantaría juicios orales, públicos, y eventualmente -cuando las condiciones lo permitan- regresarán los jurados de conciencia. Hoy, si el fiscal decide acusar escribe su decisión y le pasa al juez cientos de folios con las pruebas. El juez las estudia y decide. Todas las pruebas serán controvertidas por el defensor en una audiencia pública. Luego el juez decidirá la suerte del sindicado. "El caso puede resolverse en semanas, como máximo, nunca en años, como sucede hoy", dijo a SEMANA el Fiscal General, quien espera reducir a días los 2,6 años que dura hoy en promedio un caso ante la justicia penal.

La última modificación importante y favorable que tiene el proyecto es que rescata el papel de las víctimas. La Fiscalía podrá decretar medidas para protegerlas (por ejemplo, ordenar que el marido violento no se acerque a tantos kilómetros de la mujer golpeada) y se creará un fondo de reparación para, por ejemplo, costear los gastos fúnebres de las víctimas más pobres.

Lo polemico

Los puntos anteriores del proyecto de ley que está a punto de pasar cuentan con el apoyo casi total de los penalistas. Hay dos puntos, sin embargo, que son muy polémicos. Y tres micos que le ponen los pelos de punta a más de uno.

El primer punto polémico es el del principio de oportunidad, que fue eliminado por la comisión primera del Senado pero que podría resucitar en el último debate. Según este principio el Fiscal General tendría la facultad para investigar a una persona cuando lo considerare pertinente y abstenerse cuando considere que no es oportuno. Este poder operaría en casos pequeños, como hurtos de menor cuantía o delitos querellables, en los que el Fiscal podría trasladar el caso a unidades de apoyo. Pero también podría ofrecerle a un secuestrador que se abstiene de investigarlo a cambio de que delate a su banda. O podría, por ejemplo, en caso de una amnistía, abstenerse de iniciar nuevos procesos contra guerrilleros o paramilitares que ya se reinsertaron. O decidir no investigar a un funcionario amigo del Presidente que lo nominó.

El otro punto que es polémico y ha llevado a algunos a decir que de aprobarse esta norma el Fiscal se volvería el hombre más poderoso del país, es el que le abre la posibilidad de intervenir en las actuaciones de sus fiscales.

"El proyecto, inicialmente orientado a disminuir los poderes de la Fiscalía, en la práctica los aumenta permitiendo, por ejemplo, la captura administrativa y disponiendo las directrices del Fiscal General en todos los casos", afirma el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, uno de los críticos de esta reforma. "Le autorizan que meta legalmente las manos en los procesos, lo que ya venían haciendo los fiscales generales sin autorización", afirma la penalista Ximena Castilla, quien se opone a estos superpoderes.

Mauricio González, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, coincide en esto pero dice que "le da más responsabilidad al Fiscal, le permite diseñar estrategias generales para perseguir el crimen, y no es grave que lo haga, por lo que ya no tendrá funciones judiciales sino sólo administrativas".

Fuera de estos temas sensibles al proyecto de reforma le colgaron en el Congreso dos micos y un orangután. Los micos no pasaron: la doble instancia para la pérdida de investidura y el poder de los congresistas para votar artículos de las reformas constitucionales pese a que tuvieran un conflicto de intereses. El orangután, que sí será discutido esta semana, es el que le asigna funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, introducido por el senador Rafael Pardo. De ser aprobado se reformaría la Constitución, permitiéndole al Ejército realizar allanamientos, interceptaciones y capturas sin orden judicial. Estas facultades -que hasta la semana pasada, cuando la Corte Constitucional las tumbó, tenían vigencia excepcional por el decreto de conmoción interior- serían permanentes.

Los críticos de esta medida consideran que fuera de ser un mico, que hizo su debut en séptimo debate, se prestaría para abusos de la Fuerza Pública. Sus defensores argumentan que desde hace años la Policía está armada hasta los dientes y que cumple funciones que en nada la diferencian de los militares. Y que además, en casi la mitad del país no existe Policía.

Este punto se robará el show. Pero, más allá de la suerte que corra este artículo, si se aprueba el resto de la reforma es probable que con un super Sherlock Holmes la justicia penal finalmente haga, en realidad, justicia.