Home

Nación

Artículo

| Foto: Guillermo Torres

SALUD

Supersalud pone en cintura a seis EPS

El órgano de control impuso medidas cautelares a Capital Salud, Nueva EPS, Cruz Blanca, Salud Total, Coomeva y Emssanar por incumplimiento en atención a pacientes con cáncer.

19 de febrero de 2016

La atención en salud en el país sigue causando dolores de cabeza a las autoridades. Cada día es más larga la lista de personas que se quejan por el mal servicio de las EPS, de las tardanzas en autorizaciones y de las barreras de acceso para acceder a tratamientos, procedimientos o entregas de medicamentos.

Por eso, la Superintendencia Nacional de Salud no para de tomar medidas con algunas entidades promotoras de salud que no cumplen con sus funciones. Esta vez el turno es para Capital Salud, Nueva EPS, Cruz Blanca, Salud Total, Coomeva y Emssanar, a las que les fue impuesta unas medidas cautelares por el incumplimiento en la prestación de servicios de oncología.

Según la Supersalud, estas EPS han puesto barreras y no brindan una atención integral a los pacientes con cáncer en el país.

“A través de estas medidas cautelares les estoy dando un plazo máximo de 48 horas para que entreguen a la Superintendencia un informe detallado sobre el trámite y resultados de cada uno de los casos que les hemos remitido, acompañado de los soportes que permitan su verificación”, aseguró este viernes el superintendente Norman Julio Muñoz.

El Grupo de Soluciones Inmediatas de Salud del órgano de control será el encargado de hacer seguimiento a que se cumplan las medidas cautelares. De no cumplirse lo ordenado y con lo estipulado en la Circular 004 de 2014 –en donde dan instrucciones para la atención de pacientes con cáncer-, la Supersalud impondrá las sanciones correspondientes.

“Este tipo de medidas se adoptan para solucionar las situaciones que ponen en riesgo la vida de los usuarios”, dijo Muñoz. Y aseguró que, desde ahora, también sancionará a los representantes legales de las EPS, quienes deberán pagar la multa de su propio bolsillo.

Según el superintendente, las sanciones a los representantes podrían ser hasta de 137 millones de pesos. Una decisión que podría no caer muy bien entre los directivos de estas entidades, pero que empezará a regir de ahora en adelante.