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| 8/8/2017 4:50:00 PM

Primer 'corrientazo' por impuesto a la energía en el Valle

La Superservicios ordenó a una empresa suspender el cobro de la polémica tasa, que se hace a través de la factura de servicios públicos. ¿Por qué?

Ese tributo impulsado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres y aprobado en la asamblea desde julio de 2016, tiene como finalidad financiar el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Dicho en otras palabras, el polémico impuesto se creó con el propósito de fondear proyectos tendientes a mantener la seguridad de los vallunos. En su momento se dijo que el dinero que se recaude se usará en la construcción de un nuevo Comando de Policía departamental, la dotación de motocicletas y vehículos para que los agentes patrullen las calles de las ciudades y otras ayudas tecnológicas.

Pero justo ahora que esa Ordenanza acaba de cumplir un año, le apareció la primera piedra en el camino.

Se trata de una resolución emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SPD, en la que le ordena a la Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica SA ESP, Dicel, en Cali, Valle, suspender los cobros de dicha tasa que hace a través de la factura de servicios públicos.

La medida es de carácter individual, es decir, en este caso favorece solo a la usuaria que hizo la reclamación. Se trata de la diputada del Centro Democrático, Juanita Cataño; ella elevó ante esa entidad un Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación, luego de que la empresa Dicel le negara la petición de suspender el cobro de esa tasa, a través de la factura de servicios públicos.

Cabe aclarar que la diputada Cataño es rival política de la gobernadora y férrea crítica del impuesto a la energía. De hecho, Cataño interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle, tendiente a tumbar la Ordenanza, basada en tres argumentos jurídicos, según ella: la manera como la recaudan; por tratarse de una tasa, no es obligatorio su pago; y porque el argumento de la seguridad no es viable, ya que se trata de una responsabilidad y deber que recae sobre el Estado.

Ahora, con la Resolución de la Superservicios se sentó un precedente y el impacto podría extenderse a todos los usuarios de ese servicio y que no estén de acuerdo con el cobro de la polémica tasa, a través de sus facturas de energía.

La razón es sencilla; en esa resolución proferida el pasado 25 de julio, la Superservicios vuelve a ratificar su postura frente a cobros diferentes y que son incluídos en las facturas de servicios públicos, “(…) Y, evidentemente, el cobro de la tasa de seguridad es un concepto totalmente ajeno a la tarifa del servicio”, explicó la entidad en su resolución.

Así las cosas, la Superservicios dejó la puerta abierta para que cualquier valluno objeto del famoso impuesto, eleve otro derecho de petición o exija el derecho de igualdad sobre los alcances de la resolución que favoreció a la diputada Juanita Cataño.

Frente a ese revés normativo, la gobernadora Dilian Francisca Toro le salió al paso a las especulaciones que surgieron alrededor del tema, en el sentido de que la resolución le tumbó el impuesto a la energía, “el cobro de la tasa de Seguridad goza de legalidad y no ha sido suspendido por la Superintendencia de Servicios Públicos”, dijo a través de un comunicado.

Agregó la mandataria, que en el caso específico que atendió la Superservicios, “se realizarán los ajustes de forma a que haya lugar, con las empresas de servicios públicos que la están cobrando”.

De igual manera, adelantó que una solución a la vista es la posibilidad de “implementar un desprendible adicional para el pago de la tasa”, explicó la gobernadora, luego de aclarar que la tasa mensual que paga el predio objeto de la resolución, es de un promedio de 2.000 pesos.

Como se recordará, el impuesto a la energía solo cobija a los estratos 4, 5, 6 y los sectores comercial, industrial, especial y públicos del departamento. Ese tributo tiene una vigencia de tres años, es decir durará hasta el 2019 y con posibilidad de prórroga.

En la actualidad existen 16 empresas entre distribuidoras, comercializadoras y prestadoras del servicio de energía en el Valle del Cauca y que son objeto de esa tasa. En cuanto a los usuarios, se estima que son alrededor de 175.882 residenciales y otros 94.453 no residenciales, objeto del polémico tributo.

Según cifras oficiales, durante los primeros seis meses del año esa tasa le significó ingresos al departamento por cerca de 5.361 millones de pesos; y de acuerdo con la gobernadora la meta es “llegar a los 15.000 millones de pesos al cerrar el año”.

Así las cosas, el polémico impuesto a la energía que ya cumple un año de vigencia en el Valle del Cauca, acaba de provocar su primer ‘corrientazo‘; y aún está pendiente el fallo de la demanda que cursa en el Tribunal Administrativo.

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