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| 5/14/2013 12:00:00 AM

“Suspensión de pena no es igual a impunidad”

La ministra de Justicia habló sobre la polémica reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

Según la ministra, la suspensión temporal de la pena no representa impunidad y los recursos para que las entidades territoriales se responsabilicen de los centros de reclusión estarán contemplados dentro del documento Conpes.

Semana.com: ¿Cómo avanzan las alianzas para las construcciones de los nuevos centros de reclusión?

Ruth Stella Correa:
Actualmente se están adelantando estudios de ingeniería básica del anteproyecto arquitectónico del lote ubicado en el departamento de Cauca, en el que se construirá un establecimiento de reclusión con 4.500 cupos. Además, la Corporación Andina de Fomento (CAF) está trabajando en la elaboración del comparador público privado que deberá ser presentado al Gobierno próximamente. También se está analizando la viabilidad y la factibilidad de construcción de un centro de reclusión en los terrenos ubicados en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Santander, Risaralda y Meta.

Semana.com: ¿De qué manera van a garantizar que no se presente impunidad cuando se plantea la suspensión de la pena para casos de delitos menores?

R.S.C.:
En primer lugar, esta institución jurídica ya hace parte del ordenamiento vigente, lo que pretende la reforma es permitir que más personas puedan acceder a este mecanismo, bajo la idea de que ciertos infractores penales no deben verse privados de la libertad por la poca significación de sus actuaciones. En segundo lugar, el gobierno nacional considera de vital importancia aclarar que la suspensión condicional de la pena no se puede asemejar al concepto de impunidad. Tanto así, que no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible, pues simplemente se trata de un mecanismo mediante el cual el penalmente responsable da cumplimiento a su condena por fuera de un establecimiento penitenciario y sin perjuicio de la exigibilidad de las penas no privativas de la libertad que contempla la legislación penal.

Semana.com: Hay inquietud por parte de varios sectores ante la posible privatización de la seguridad, ¿cómo funcionará el esquema propuesto en la reforma?

R.S.C.:
La reforma al código penitenciario permite que en casos excepcionales (insuficiencia de personal o cuando la buena prestación de servicio así lo requiera, se pueda acudir a vigilancia privada). Al respecto es importante aclarar dos puntos: el primero es que este tipo de alternativa estará regulado por el gobierno nacional y dicha reglamentación deberá establecer los casos específicos en los cuales se podrá hacer uso de este tipo de vigilancia y, en segundo lugar, se trata de una iniciativa que no busca, de ninguna manera, privatizar la actividad de custodia que realiza el INPEC.

Semana.com: ¿De dónde saldrán los recursos para que las entidades territoriales se encarguen de los centros penitenciarios?

R.S.C.:
Actualmente la Ley 65 de 1993, en su artículo 17, establece la obligación de que las entidades territoriales construyan y administren establecimientos para personas en detención preventiva. Sin embargo, desde el mes de enero se solicitó al DNP la realización de un documento Conpes sobre infraestructura penitenciaria y carcelaria que proyecte la construcción de nuevos establecimientos y asegure los recursos para tal fin. En las mesas de discusión se determinará la forma de financiar las obligaciones de los entes territoriales con el fin de garantizar que cuenten con los recursos indispensables.

Semana.com: ¿Cuáles serán las EPS que estarán a cargo de la salud de los presos? ¿Cuáles están interesadas?

R.S.C.:
Para garantizar la salud de los presos se ha venido participando en una serie de mesas de trabajo desde el pasado mes de enero. Para que esta instrumentación sea posible es necesario que las mesas de trabajo logren fijar previamente el Modelo de Prestación de Servicios de Salud para la población Reclusa, el valor de la UPC y se debe aprobar el Manual Técnico Administrativo para la prestación de los servicios de salud elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Una vez se lleven a cabo estas tareas, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios llevará a cabo las actuaciones administrativas para la contratación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que se encargarán de la prestación del servicio de salud a la población reclusa.

Semana.com: De acuerdo con el estudio que adelantan, ¿de cuánto será la UPC de los presos?

R.S.C.:
Como se dijo anteriormente, la fijación de la UPC diferenciada es una labor que actualmente se realiza por una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Al respecto es importante saber que existen diferentes modelos de abordaje para realizar el cálculo de la UPC y que han existido obstáculos como la falta de información suficiente sobre el perfil epidemiológico de la población reclusa.

Semana.com: Para el proceso de tecnificación y descongestión judicial, ¿hay consenso entre la institucionalización del sector?

R.S.C.:
El Proyecto de Reforma ha sido socializado con el Consejo Superior de Política Criminal, el cual ha manifestado su apoyo a las medidas que se pretende adoptar, particularmente el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra dispuesto a crear nuevos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el objetivo de que estos puedan operar desde el interior de los centros de reclusión. Lo anterior buscando agilizar los procesos de este tipo de funcionarios judiciales.

Las declaraciones se hicieron a propósito del gran debate nacional sobre el “El futuro de las cárceles: reforma penitenciaria y sistema penal colombiano”, que se adelantará este jueves 16 de mayo convocado por SEMANA, el Ministerio de Justicia y la Universidad Libre. Este debate contará con la presencia de la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa; el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre; el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entre otros invitados. Inscripciones en www.forossemana.com o comuníquese al 6073007 en Bogotá.
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