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| 8/26/2002 12:00:00 AM

Tapando el hueco

Las reformas pensional y laboral del gobierno demuestran la dimensión de la quiebra del país y el enorme sacrificio que tendrán que hacer los colombianos.

Una vez mas, con el proyecto de reforma pensional y los planes de reforma laboral, el nuevo gobierno comprobó que el país está más quebrado de lo que parecía, y que literalmente habrá que trabajar, trabajar y trabajar: más duro, por más años, por menos plata y más solidariamente.

Para empezar el hueco de las pensiones es monumental. Sólo dos de cada 10 colombianos en edad de pensionarse reciben mesadas. Los otros viven de ahorros propios, si tienen suerte, o de la generosidad familiar. Pero para pagarle a ese 20 por ciento de dichosos colombianos que cobran pensión, el gobierno tiene que subsidiarlos. Es decir, de cada peso que reciben hoy, sólo aportaron 52 centavos mientras trabajaban. Los otros 48 centavos los pone el gobierno con los impuestos de todos.

El Instituto del Seguro Social tuvo que pagarles el año pasado a sus afiliados 700.000 millones de pesos adicionales a lo que recibió de aportes de todos los cotizantes. Esta situación es, por supuesto, insostenible. El cálculo del gobierno es que antes de tres años el ISS ya no podrá pagar todas las pensiones.

El problema de presentar este panorama apocalíptico es que es difícil de creer. Para muchas personas el año 2018 del que habla el proyecto o incluso 2009 está lejano y de alguna manera se piensa que si nunca se han dejado de pagar las pensiones, seguramente se encontrarán soluciones sin tanto esfuerzo. La verdad es otra. En países como Argentina que no hizo sus correctivos a tiempo, llegó el día en que el gobierno no pudo pagar las pensiones completas a los jubilados. Hoy hay personas allí que reciben menos de una tercera parte de la pensión que deberían estar recibiendo. La deuda de ese país con sus jubilados es gigantesca. Si Colombia no hace esos correctivos hoy, llegaría a una situación similar antes de lo que se piensa.

¿Se puede hacer algo al respecto? Sí. Los colombianos aportan 13,5 por ciento de su salario para pensión, mientras que en países similares esta tasa oscila entre el 18 y el 20 por ciento. Así mismo, se jubilan a los 20 años de trabajo, mientras que en países como México deben aportar por 34 años y en Chile 35 años. Y por último, si el colombiano se jubila con 65 por ciento de su sueldo en promedio, en el resto de países latinoamericanos se pensionan con apenas el 44 por ciento de sus salarios en promedio.

El proyecto del gobierno busca que las personas coticen durante más años, se jubilen a mayor edad y ahorren más para la pensión mientras trabajan.

El sistema de pensiones colombiano no sólo está quebrado y requiere más recursos (gente trabajando más años y aportando más dinero) sino que también es inequitativo y necesita equilibrar las cargas. Obviamente si el Estado tiene que subsidiar 48 pesos de cada 100 que paga en pensiones, le da un subsidio mucho mayor a quien se jubila con 17 millones de pesos que al que lo hace con el salario mínimo. Esto quiere decir que hoy muchos pobres, cuando pagan IVA por la compra de un televisor están ayudando a financiar una parte de la pensión del señor que recibe los 17 millones de pesos.

De ahí que el nuevo proyecto busque cambiar esta situación. Propone que a partir de 2009, quien gane más de 20 salarios mínimos de sueldo, se pensione con el 55 por ciento y no con el 65 por ciento como lo harían los que ganan menos. Ahora bien, si esa persona pudiente trabaja durante más semanas puede alcanzar hasta el 70,5 por ciento de su salario. Si quien gana menos cotiza por más semanas, también podrá jubilarse hasta con el 80 por ciento de su salario.

Además quienes ganen más de 20 salarios mínimos, alrededor de seis millones de pesos, tendrán que aportar 14,5 por ciento para ayudar a financiar una pensión de medio salario mínimo para ancianos indigentes . Esta norma regiría cuando se apruebe la ley. No obstante, como no se puede cambiar el régimen actual para los ya pensionados o cerca de pensionarse pues se trata de derechos adquiridos, se propone cobrar un impuesto a quienes hoy reciban una pensión superior a los tres millones de pesos. Ese dinero también irá para los ancianos.

La parte que seguramente creará la mayor polémica tiene que ver con la eliminación de privilegios en las pensiones de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los maestros públicos, empleados de Ecopetrol, congresistas, magistrados de las altas cortes y presidentes. Estos trabajadores tienen regímenes distintos a los que contempla la Ley 100 de 1993, bajo la cual están regidos el resto de los colombianos. Algunos cotizan muy poco, o por muy poco tiempo, o reciben pensiones más altas, o una combinación de estos factores. Por ejemplo, las solas pensiones del Ejército costaron en 2000 1.370 millones de pesos y las de la Policía, 860 millones de pesos. De estas sumas, la Nación tuvo que pagar el 85 por ciento y los afiliados sólo aportaron el 15 por ciento.

También este proyecto contempla explícitamente que los nuevos trabajadores de Ecopetrol entren en Ley 100 y pide facultades extraordinarias para el Presidente de la República para que reestructure el régimen de las Fuerzas Armadas y el de los docentes, y los acerque lo más posible al de Ley 100.

No alcanzó el ministro de la futura cartera de Seguridad Social, Juan Luis Londoño, a presentar el proyecto de ley en el Congreso cuando se vino la avalancha de críticas. La perspectiva de trabajar muchas más horas no es halagüeña. "La reforma es sumamente regresiva, dice Miguel Antonio Caro, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Aumentar los requisitos y disminuir los beneficios pensionales es un absurdo. Se está montando un sistema para que la gente nunca pueda pensionarse".

Elías Raad,vicepresidente de la comisión séptima de la Cámara, entidad que tendrá que estudiar el proyecto de ley, dijo que "es importante desmontar la bomba pensional a como dé lugar, aunque hay que revisar propuestas como la de darle facultades al gobierno para eliminar los regímenes especiales".



El desempleo

El otro gravísimo déficit que tiene Colombia es el de empleo. La mitad de los colombianos en edad de trabajar en el campo están desempleados y uno de cada cinco de ellos que vive en las 13 principales ciudades está desocupado. Es una tragedia personal y cotidiana, con secuelas futuras difíciles de medir en cifras: depresión, tensión familiar, deserción escolar de los hijos, pérdida de la vivienda y créditos incumplidos. Pero además un desempleado queda en la intemperie social. Un trabajador formal tiene seguro de salud, caja de compensación, cesantías, protección de riesgos profesionales, acceso a capacitación en el Sena y a créditos para vivienda. Se podría decir que está sobrecubierto. En el momento en que pierde el empleo se queda sin nada: ni capacitación, ni acceso a crédito, ni EPS, ni siquiera recreación y pone en riesgo su pensión. En muchos casos, además, ya se ha gastado la mayoría de su cesantías con retiros parciales para vivienda o remodelación, o incluso, en cosas no tan ortodoxas como las vacaciones.

Como tantas personas han perdido su empleo en los últimos años por la crisis económica, el temor a quedarse desempleado está muy generalizado. Una encuesta de Gallup de enero de este año revela que el 80 por ciento de las familias están preocupadas por perder el trabajo y el 50 por ciento muy preocupadas. Esto tiene un efecto perverso sobre la economía. La gente no planea a futuro, no se endeuda a largo plazo, no realiza consumos importantes como cambiar el carro o la nevera, no remodela su casa ni se va de vacaciones. Eso frena la actividad económica y produce más desempleo.

La lógica detrás del grueso de la reforma laboral que presenta el gobierno de Alvaro Uribe es entonces, incentivar la contratación de más personas por la vía de una legislación más flexible, tenderles una mano a los desempleados y contribuir a que la gente se sienta más segura en su trabajo.

Para lo primero, proponen disminuir el recargo por pago de horas extras. También sustituir el pago doble para domingos y triple para festivos, por vacaciones. Es una propuesta que obviamente se ha recibido mal. ¿Cómo puede quedar feliz una persona que gracias a las extras por dominicales y feriados ha pagado un mejor colegio para sus hijos, con la perspectiva de tener que pasarlos a un colegio malo, a cambio de más vacaciones?

"Es una contraprestación que le da el gobierno a los empresarios por los impuestos que van a tener que pagar para la guerra", dice Caro, de la CUT.

El gobierno se defiende con un estudio sofisticado, según el cual al no tener que pagar los dominicales dobles, por ejemplo, los dueños de los supermercados y los restaurantes podrán extender sus horarios de servicio al público los domingos y feriados. Sin pagar recargos nocturnos, las industrias podrán implantar dos turnos de trabajo de ocho horas cada uno y emplear el doble del personal. "Está calculado que con estas medidas se pueden generar 160.000 empleos por año", dice el ministro Londoño.

La principal crítica, no obstante, sigue siendo que se esté degradando la calidad de los empleos actuales, y se estén sacrificando conquistas laborales de años, en aras de producir un supuesto aumento en el empleo. (Ver entrevista)

El gobierno insiste en que los empleados formales son una minoría privilegiada y que deben ser más solidarios con la mayoría que no tiene empleo. De ahí que hayan tomado tres medidas que por primera vez intentan proteger al desempleado. La primera contempla crear un fondo común con un porcentaje de las cesantías aportadas (que no podrán ser retiradas) para que los aportantes al sistema que queden sin empleo puedan recibir medio salario mínimo por seis meses. No es un seguro de desempleo abierto a toda la población, como sucede en otros países. (Ver tabla reforma laboral)

La segunda destina un porcentaje de los aportes patronales al Sena para que esta entidad capacite a los desempleados en nuevas destrezas que les permitan obtener un nuevo trabajo y para crear un sistema de información de desempleados en el cual aparezca la historia laboral de cada persona. Así el país podrá saber quiénes son y qué necesitan los tres millones de desempleados que figuran sin rostro en las cifras del Dane.

Por último, el proyecto busca que la persona que quede desempleada pueda seguir afiliada a una caja de compensación que a su vez, podrá darle créditos de vivienda, educación o para montar un negocio propio. Por ejemplo, una persona que se quede desempleada a los 48 años sabe que le quedará casi imposible conseguir un puesto. Querrá montar una microempresa, ¿pero qué banco le podrá prestar si no tiene empleo? ¿Y sin ingresos ni para comer, cómo puede conseguir recursos para iniciar su negocito? La idea es que las cajas no sólo protejan a los empleados sino también a los desempleados.

En materia de acrecentar la estabilidad laboral, el proyecto presenta tres ideas: 1. Que aquellos empresarios con mayor rotación de personal tengan que hacer un aporte a las cesantías mayor. 2. Que los empresarios no tengan que pagar indemnizaciones tan costosas a sus empleados más antiguos, para que así no tiendan a despedirlos para evitarlas. 3. Impone un pago de indemnización a los contratos a término fijo con el ánimo de que los empleadores que hoy le hacen trampa a la ley laboral con el abuso de esta práctica sean penalizados.

La practica

El gobierno asegura que la revolución en protección social no se va a quedar sólo en leyes. Nada se saca con hacer un enorme esfuerzo colectivo por tapar el hueco pensional y atender a los desempleados si la plata que se recaude se vaen ineficiencia o, peor, en más Foncolpuertos. Sólo por este caso las demandas le pueden costar al Estado 35 billones de pesos. Por eso la reforma pensional también contempla poder invalidar pensiones obtenidas en forma ilegal.

El debate de las reformas será arduo. Habrá muchas críticas válidas, y otras no tanto. Los intereses de quienes pueden perder privilegios estarán sin duda en juego. Y ya se sabe que las minorías organizadas hacen más presión que las mayorías silenciosas, como los desempleados o los ancianos indigentes.

Ojalá, al final se mantenga la sana filosofía de las reformas, tanto en términos de responsabilidad (gastar lo que se tiene) como de equidad (que el esfuerzo lo hagan los que más tienen).
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