Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2001/04/23 00:00

Tarjeta roja

El asesinato de más de 100 sindicalistas en el último año puede traerle al país graves consecuencias económicos.

Tarjeta roja

El 19 de diciembre pasado Valmore Locarno Rodríguez, presidente del sindicato de la carbonífera Drummond, pidió protección porque temía por su vida. El gobierno no se la brindó pues para esa fecha el fondo de protección de dirigentes sindicales que maneja el Ministerio del Interior se había quedado sin recursos. Convencido de que su muerte entonces era inevitable Locarno viajó en enero a Barranquilla, distribuyó sus bienes entre sus hijos y le advirtió a su familia que se preparara para lo que pudiera pasarle.

Su fatalismo se cumplió. El martes 13 de marzo 15 hombres armados se le atravesaron al bus que transportaba a varios trabajadores del yacimiento carbonífero en La Loma a Valledupar, bajaron al dirigente sindical, de 38 años, y al vicepresidente del sindicato de la misma multinacional, Víctor Hugo Orcasita, de 36, y los internaron en el monte. Horas después aparecieron asesinados. Con su muerte, los dos sindicalistas se sumaron a los 112 que, según la ONU, fueron acribillados en el año 2000.

El viernes pasado, 10 días después, el Ministerio de Hacienda trasladó 5.000 millones de pesos al fondo de protección que no les pudo proveer los escoltas y chalecos antibalas que quizás los habrían salvado. Una ironía, podrían pensar muchos, si no fuera porque coincide con la intervención este lunes del ministro de Trabajo, Angelino Garzón, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para evitar que Colombia sea sancionada con una comisión de encuesta —que sería una especie de ‘descertificación’ laboral— por no proteger debidamente la vida de los sindicalistas.

En efecto, el consejo de administración de la OIT decidirá el 31 de marzo si le recomienda a la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reunirá en junio, nombrar una veeduría permanente para que juzgue la situación de los trabajadores sindicalizados en Colombia, una medida que el gobierno tratará de evitar a toda costa por las consecuencias nefastas que traería para el país.

El ministro Garzón argumentará que en Colombia no existe una política de Estado contra los sindicalistas ni contra el sindicalismo. Dirá que una prueba de ello es que si así fuera él —con una amplia trayectoria como líder sindical— no estaría de ministro. Y propondrá que, en cambio de sancionar al país, la OIT fortalezca el papel de su representante especial en Colombia con una infraestructura similar a la de la Oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos que ayude a crear una mayor conciencia sobre la necesidad de respetar el sindicalismo.



Las consecuencias

En la Conferencia Internacional del Trabajo en 1998 la delegación de los trabajadores colombianos, con el apoyo de los representantes sindicales de otros 25 países y de los gobiernos nórdicos, presentaron una queja que no prosperó contra el Estado colombiano por incumplir los convenios sobre protección sindical. Hace un año, mediante un intenso cabildeo, el equipo del presidente Andrés Pastrana promovió un acuerdo con el movimiento sindical para pedirle a la OIT que reconociera los esfuerzos que adelantaba en el proceso de paz y en la protección de dirigentes sindicales y que en cambio de sancionar al país nombrara un representante suyo en Colombia para la cooperación. La OIT accedió y nombró al ex ministro de Trabajo de República Dominicana Rafael Alburquerque como su representante especial con la advertencia de que si no mejoraba la situación el castigo sería inevitable.

El gobierno llega esta semana con información poco alentadora. La violencia contra los sindicalistas no ha menguado. Por el contrario, desde que Alburquerque vino por primera vez al país en septiembre 49 sindicalistas han sido asesinados. Tampoco ayudará en la defensa del gobierno la muerte de los dirigentes sindicales de la Drummond, el asesinato de José Luis Guette, presidente de Sintrainagro en el Magdalena, baleado el 21 de marzo después de una jornada de estudio del pliego de peticiones que presentarían a los productores independientes de la zona bananera, y el atentado a Wilson Borja, presidente de Fenaltrase, en el que aparece vinculado un sargento activo de la Policía. Como tampoco lo beneficiará el que de los 92 casos sobre los cuales Alburquerque solicitó información relacionada con los respectivos procesos penales en sólo uno existe una referencia concreta que involucre como presuntos autores del homicidio a integrantes de los grupos paramilitares. De los casi 600 casos de sindicalistas asesinados en los últimos años no hay uno solo que se haya resuelto.

Sin embargo los más optimistas piensan que, pese a que Colombia en cierta medida se merecería la sanción, es probable que se salve nuevamente. Dicen que no tendría mucho sentido que por un lado 26 embajadores hubieran ofrecido su respaldo a la negociación de paz en San Vicente del Caguán a principios de este mes y, por otro, esos mismos países le volteen la espalda a Colombia ahora.

Porque si bien la comisión de encuesta es una sanción de tipo político y moral y no comercial, ésta podría tener enormes repercusiones económicas para el país. Primero, porque podría ser utilizada como un mecanismo de presión por los sindicatos y las ONG de los países desarrollados, principalmente los europeos, que tienen una gran influencia sobre sus gobiernos para que le retiren al país los beneficios arancelarios.

En concreto, la Ley de Preferencias Andinas (Atpa) que se prorrogará a partir del 5 de diciembre de 2001, dice que el presidente de Estados Unidos podría no certificar al respectivo país beneficiario si éste no cumple “los derechos laborales internacionalmente reconocidos”. Una condición aún más estricta aparece en la Ley de Paridad Comercial de la Cuenca del Caribe (Cbtpa), cuyos beneficios Colombia quiere que se hagan extensivos a sus textiles.

Además de lo que puede ocurrir con las preferencias arancelarias, con una comisión de encuesta Colombia daría ‘papaya’ para que las ONG influyan sobre la opinión pública de sus países con campañas de desprestigio contra productos colombianos. Basta recordar la caída en la demanda de flores colombianas en Alemania y el Reino Unido cuando las ONG de esos países montaron hace unos años una campaña contra la floricultura nacional por el supuesto uso de mano de obra infantil y de agroquímicos tóxicos.



¿Que se puede hacer?

Más allá de si la OIT sanciona o no a Colombia lo que queda claro es que la comunidad internacional tolerará cada vez menos la barbarie que se vive en este país. Y que su rechazo se traducirá en medidas concretas que afectarán a toda la población.

Para nadie es un secreto la estigmatización que sufren los sindicalistas en Colombia. En parte por la desproporción entre los beneficios que ostentan los dirigentes de los sindicatos frente al 90 por ciento de trabajadores colombianos que no están sindicalizados. Pero, sobre todo, porque con frecuencia sus reivindicaciones tienen coincidencias con el discurso de la guerrilla, así como se podría decir que las de los ganaderos las tienen con el discurso de los paramilitares, sin que eso signifique que comulguen con sus acciones. “Es más fácil organizar una guerrilla que un sindicato, dice un líder obrero. El que lo dude que intente armarlo en su lugar de trabajo”.

La inminencia de una sanción por parte de la OIT envía un mensaje contundente de que la intolerancia frente a los sindicalistas tiene que cambiar si Colombia aspira a acceder a los beneficios de un mundo globalizado. “Se necesita que la sociedad colombiana, los empresarios, la Iglesia y los medios de comunicación realicen una gran campaña de defensa del sindicalismo como institución clave en una democracia”, afirma Angelino Garzón. Y el primer paso en ese sentido, dirá el Ministro en Ginebra, es la firma de un acuerdo de respeto a la población civil en el marco del derecho internacional humanitario. Presión en ese sentido es lo que Garzón les pedirá a los países miembros de la OIT en Suiza.

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