Martes, 24 de enero de 2017

| 2010/08/05 00:00

Tate quieto a políticos

El fallo que revocó la tutela que permitió al destituido gobernador del Valle recuperar su cargo cierra un boquete jurídico que hacía indestronables a los mandatarios locales. Pero el mal sigue.

La historia política del ex gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía Campo, no termina y deja en evidencia la interinidad por la que atraviesan varias regiones del país por cuenta de la inseguridad jurídica. Foto: SEMANA

La novela alrededor del futuro político del ex gobernador del Valle Juan Carlos Abadía Campo, promete extenderse y de paso dejó en evidencia la interinidad por la que atraviesan varias regiones del país por cuenta de la inseguridad jurídica.

En esa óptica encajan a la perfección varios departamentos cuyos mandatarios fueron sancionados o destituidos. Al problema del Valle se suman Cauca, Putumayo, Bolívar y Córdoba, por mencionar algunos casos recientes.

La polémica tutela de primera instancia fallada el 10 de junio por Carlina Varela, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, sorprendió al país porque era la primera vez que un juez de menor instancia suspendía los efectos de una decisión tomada por una entidad de las altas esferas del Estado.

Con ese fallo Abadía logró suspender por 47 días la sanción disciplinaria que lo destituyó e inhabilitó por un período de diez años para ejercer cargos públicos.

Pero la semana pasada, la magistrada Julia Emma Garzón, presidenta de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), lideró la sentencia que revocó la tutela y dejó en firme la sanción del 25 de mayo del presente año en el que la Procuraduría General de la Nación (PGN) le imputó al gobernador del Valle por participación en política, al comprobarle que promovió una reunión con 21 alcaldes del Valle y el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias.

En la sentencia del CSJ salen fuertes descalificaciones a la magistrada seccional que falló la tutela, al punto de considerar que “... medidas de semejante magnitud, no pueden ser viabilizadas por conducto de motivaciones etéreas, gaseosas o con vicios o defectos de motivación...”.

Además, en la sentencia los magistrados catalogan de “inaudito” que la decisión de suspender la sanción de la PGN fuera tomada sólo por la magistrada seccional y no por todos los miembros de la sala, como ordena la Ley. Remata la indignación compulsando copias disciplinarias ante el mismo CSJ y la Fiscalía para que se investigue el actuar de la funcionaria judicial.

En síntesis, el fallo del CSJ deja claro que para el caso de mandatarios sancionados por la PGN siempre existirá el recurso del contencioso Administrativo y no la tutela. De paso cierra el boquete jurídico abierto por el ex gobernador Abadía.

Aunque todos coinciden en que la jugada jurídica de Abadía no era otra que ganar tiempo para frenar la posibilidad de convocar a nuevas elecciones, tal como ordena la Ley en los eventos que se presente la vacante antes de los 18 meses de culminar el periodo para el cual fue elegido el mandatario.

Hoy ese punto es materia de controversia y varios juristas consultados por SEMANA creen que el asunto dará para una nueva pelea que culminará en el Consejo de Estado.

Abelardo de la Espriella es uno de ellos. Si bien el jurista se esfuerza en aclarar que no tiene ningún interés con el destituido gobernador, basa su argumento en que “el espíritu de la norma es no incurrir al Estado en un gasto innecesario cuando la vacante se presenta dentro de los 18 meses restantes, tal como ocurre con el caso de Abadía”, dijo a SEMANA.

Al respecto, Raimundo Tello, secretario jurídico de la gobernación del Valle y uno de los hombres de confianza de Abadía, se limitó a decir que “de acuerdo con la Constitución, no veo procedente un llamado a elecciones”.

No obstante, para el abogado y experto en temas constitucionales Juan Manuel Charry, la simple revocatoria de la tutela confirma que la sanción al gobernador estaba bien hecha y como tal, “la fecha de su destitución es la del día en que quedó en firme la decisión de la Procuraduría, es decir antes de los 18 meses”.

Charry va más allá y advierte que la baja seguridad jurídica en la que se encuentra el país es la causa de todos esos males y califica de responsables al legislador y los mismos jueces, “Estamos saturados de intérpretes jurídicos: Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros”, explicó a SEMANA.

Por ejemplo, desde el pasado 16 de abril Cauca tiene a su gobernador, Guillermo Alberto González, destituido en primera instancia e inhabilitado por doce años para ejercer cargos públicos. El proceso lo adelantó la PGN por el sonado caso de Probolsa, donde ese ente territorial invirtió en forma irregular cerca de 15.000 millones de pesos para Salud y Educación, en una firma que no estaba autorizada para captar dineros públicos. Como la sanción aún no está en firme, en esa región tampoco habrá elecciones y de presentarse la vacante, se designará un gobernador encargado.

En similar situación se encuentra desde abril del presente año el departamento de Putumayo, cuyo gobernador, Felipe Alonso Guzmán, también fue destituido e inhabilitado por quince años, investigado por el delito de detrimento patrimonial al legalizar unos gastos que no hacían parte de sus funciones como mandatario. Pero como la medida no ha sido confirmada, tampoco habrá elecciones.

Desde septiembre de 2009 el departamento de Bolívar tiene como gobernador encargado a Jorge Mendoza Diago, hermano del Fiscal General de la Nación (e.), Guillermo Mendoza Diago.

El titular Joaco Berrío, fue separado del cargo por orden de la PGN, tras una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la Secretaría departamental de Salud.

La suspensión inicial del gobernador Berrío fue por tres meses, se prorrogó a nueve y finalmente renunció el pasado 14 de mayo. En la región se sabe que los problemas políticos y judiciales de Berrío comenzaron por discrepancias burocráticas con el senador Javier Cáceres, quien lo avaló por Cambio Radical cuando era candidato en el 2007. Como Cáceres era el representante del partido que lo llevó a la Gobernación, tuvo la potestad de formular la terna para elegir al sucesor.

Tras la renuncia de Berrío faltando 19 meses para terminar el período para el cual fue elegido, el Gobierno Nacional debió convocar a elecciones y la Registraduría fijó como fecha para esa jornada democrática el próximo 5 de septiembre.

Pero le resultó otro palo a la rueda. La Registraduría reveló que solicitó al Ministerio de Hacienda una partida de 9.868 millones de pesos para celebrar las elecciones en Bolívar; y mediante un boletín de prensa denunció que hasta el momento no ha recibido respuesta. Hay quienes aseguran que en ese río revuelto el más beneficiado es Cáceres, ya que el gobernador encargado -Jorge Mendoza- fue postulado por él.

El caso de Córdoba es más incierto aún. La permanencia de su actual gobernadora, Martha Sáenz, depende de un fallo del Consejo de Estado.

En esa Corte analizan una Acción Popular contra la inscripción de la gobernadora porque presuntamente estaba inhabilitada para ser candidata, y otra demanda contra su elección. Lo curioso del asunto es que el primer caso iba ser resuelto meses atrás, pero fue suspendido por la sección plena del Consejo, alegando que ante la otra denuncia se debían fallar conjuntamente por criterios de economía procesal.

Para muchos, esa medida fue otra jugada con propósitos similares a la tutela del Valle, que en el fondo lo único que buscaba era evitar la vacancia del gobernador antes de los 18 meses que establece la Ley para convocar a nuevas elecciones. Y lo lograron, porque aunque el Consejo de Estado falle en contra de la gobernadora Sáenz, su partido político -El Liberal- será quien postule la terna ante el Presidente de la República para elegir al mandatario encargado por lo que resta del período.

Con ese panorama no es descabellado afirmar que en varias regiones del país los mandatarios son indestronables y, como en el pasado, muchos de ellos ahora se eligen a dedo.

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