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| 5/7/2011 12:00:00 AM

Tatequieto

En medio de tanto escándalo, la aprobación del estatuto anticorrupción es una luz al final del túnel. Quedó con dientes pero su eficacia dependerá de la firmeza y la voluntad política con que se ponga en práctica.

Cuando Manuel Nule hizo la provocadora afirmación de que "la corrupción es inherente a la naturaleza humana" medio mundo se le vino encima. Pero después de los escándalos destapados en los últimos días, hasta los más enfurecidos con la declaración de Nule deben estar repensando su posición. Hay una sensación generalizada de que se están robando al país. En la última encuesta de Invamer Gallup, el 70 por ciento de los colombianos piensa que la corrupción está empeorando y más de la mitad desaprueba la forma como el presidente Juan Manuel Santos está enfrentando el problema.

Por eso, la aprobación del estatuto anticorrupción en el Congreso, el miércoles pasado, tiene una gran importancia. La iniciativa fue un empeño del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Y fue un hueso duro de roer: se demoró ocho meses en el Capitolio y solo en la Cámara de Representantes requirió nueve sesiones de plenaria y una comisión especial para darle el visto bueno. "Fue una lucha muy berraca", confesó Vargas.

Al menos en teoría, el estatuto promete ser un arma letal para combatir la corrupción. Es la primera vez que se logra un trabajo interinstitucional en el que la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y el gobierno se sientan a diseñar un instrumento de esta naturaleza. Según Alfonso Prada, representante del Partido Verde y ponente del proyecto, "hay un quiebre en la lucha anticorrupción. Los órganos de control y el gobierno hicieron una mirada transversal para atacar los focos de esos delitos".

Aunque en medio del trámite se oyeron rumores de que los congresistas lo habían "trasquilado", en la última versión aprobada en la plenaria de la Cámara se recuperaron varios artículos claves y se adicionaron importantes instrumentos de control fiscal. El representante del Polo Germán Navas Talero admite que "hicimos lo posible para crear una buena herramienta. Tengo que aceptar que quedó con dientes".

El estatuto cuenta con más de 150 artículos que atacan la contratación pública y la financiación de campañas. También amplía el plazo de las investigaciones y los términos de prescripción (quedan máximo en diez años), implementa el proceso verbal, acaba con la 'puerta giratoria', crea una política antitrámite y una Comisión de Moralización, incluye un capítulo especial destinado al sector salud y, más que nada, ataca la corrupción del sector público y fortalece el control interno.

Los avances más llamativos del estatuto tienen que ver con la 'puerta giratoria' y la financiación de campañas políticas por contratistas del Estado. A partir de ahora, los exservidores públicos no podrán gestionar ante el Estado intereses privados durante los dos años después de su retiro. Con esto se busca acabar el tráfico de influencias, el uso indebido de palancas y la transferencia de información privilegiada.

Otro gran avance se refiere a los dineros en las campañas. El estatuto prohíbe a quienes las financiaron ser contratistas del Estado si el candidato a quien apoyaron resulta vencedor. Además, los aportes de los particulares se limitaron al 2,5 por ciento del respectivo tope electoral.

En todas las entidades del sector central los jefes de control interno dependerán del presidente y así podrá tener un perro guardián en cada entidad para advertir irregularidades. Por otro lado se aprobó el principio de oportunidad para el cohecho. Si una de las dos partes admite el delito y se compromete a reintegrar el dinero robado, se puede acoger al principio de oportunidad, lo cual es fundamental para romper el vínculo delincuencial. Por último, se eliminó el secreto profesional de los contadores y revisores fiscales, para que puedan denunciar actos de corrupción.

Otro tema taquillero, y nada fácil de aprobar, resultó la eliminación de todos los beneficios y subrogados penales de quienes cometen delitos contra la administración pública. De ahora en adelante no habrá libertad condicional, suspensión condicional ni casa por cárcel para los empleados públicos.

Los temas de contratación y salud -coincidencialmente con la coyuntura nacional- merecieron un capítulo aparte. Este instrumento dota al sector salud con más mecanismos de control, tipifica la estafa y aumenta las penas en una tercera parte. Y las personas que hayan cometido un delito no podrán volver a contratar con el Estado por veinte años. Los interventores tendrán que responder por el incumplimiento en la ejecución de contratos y también por omisión. Se exige que las obras públicas cuenten con diseños y estudios serios antes de abrir las licitaciones, y los anticipos del Estado solo podrán ser manejados por fiducias autorizadas.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría lograron más facultades para luchar contra el delito. El procurador, por ejemplo, tiene tres meses para revocar fallos, se facilitan los procesos verbales y la Fiscalía cuenta con más tiempo para investigar y con autorización para operaciones encubiertas.

El lunar del proceso legislativo corrió por cuenta del capítulo que reglamentaba el cabildeo, que se cayó en la última plenaria de Cámara. Estos artículos buscaban reglamentar quién puede hacerlo o no y creaba un registro público para hacer más transparente la relación entre intereses privados y funcionarios. También quedó pendiente el debate sobre si se debe prohibir del todo a los contratistas del Estado financiar campañas y la discusión sobre las personas políticamente expuestas -ordenadores de gasto y su entorno familiar- y el control que el Estado puede tener sobre sus finanzas. Estos temas serán discutidos en la conciliación, y es probable que algunos de ellos se revivan y la ley se sancione, con todos los juguetes, en el mes de junio. Y los servidores públicos tendrán que pensar dos veces antes de delinquir.

Con la aprobación del estatuto, el gobierno no se podrá quejar de que no tiene instrumentos para sancionar a los corruptos. Pero ahora tendrá que demostrar que las normas no solo son un texto, sino que se pueden llevar a la práctica. Ha habido muchas leyes 'perfectas' que se quedan engavetadas en el Congreso y se vuelven amarillas por el desuso. El desborde de los delitos contra el erario y la proliferación de escándalos obligan a que ese no sea el destino del nuevo estatuto anticorrupción.
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