Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/11/04 15:00

La nueva avanzada de los taxistas contra Uber

El gremio interpuso una acción popular con la que busca que un juez garantice la seguridad y la calidad del servicio. Es decir, que bloquee la aplicación.

Taxistas interpusieron acción popular contra la Presidencia para acabar a Uber. Foto: SEMANA

Justo cuando el gobierno nacional está a punto de revelar el decreto que regularía la plataforma Uber, que ha creado una inmensa controversia en el país, el gremio de taxistas, representado en Asoproctax, interpuso una acción popular en contra de la Presidencia y los ministerios de la Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) y Transporte, bajo el argumento de defender los intereses colectivos de los usuarios.  

En la acción jurídica interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los integrantes del gremio alegan que Uber viola la ley con anuencia del Gobierno.  

Para respaldar esa afirmación aseguran que existen dos circulares de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte de julio y diciembre del 2014, que prohíben a las plataformas tecnológicas o aplicativos prestar el servicio público de pasajeros.

El documento, que fue radicado el 26 de octubre y conocido por Semana.com, busca que sean protegidos los derechos de los ciudadanos que contratan el servicio de transporte individual y de esta manera evitar “el daño contingente y hacer cesar el peligro que pueden correr los usuarios”.   

En la acción el gremio pide que se ordenen acciones administrativas para garantizar el buen servicio. Según los taxistas, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha dado cumplimiento a ley para regular el servicio que presta Uber, lo que estaría en detrimento de la calidad y la seguridad de los usuarios.

Como se sabe, de tiempo atrás los representantes de los taxistas han dicho que los vehículos que trabajan con la plataforma no cuentan con los seguros para prestar el servicio.

Pero esta no es la única acción judicial que han interpuesto los taxistas. En septiembre, solicitaron al fiscal general, Eduardo Montealegre, examinar si su despacho tenía la competencia de desactivar dichas plataformas tecnológicas, entre ellas Uber, para así evitar una vulneración al ordenamiento jurídico”.  

Las medidas no sólo son jurídicas. A mediados de octubre cerca de 2.000 conductores de vehículos amarillos salieron a las calles para protestar contra los carros particulares que prestan servicio público a través de aplicaciones. Y en repetidas ocasiones se les ha oído a los representantes de los taxistas aplicar vías de hecho para frenar a quienes trabajan con la aplicación.

Fue por eso, y por los problemas de orden público que se estaban generando, que el Gobierno decidió apresurar un decreto que está por salir y que, se supone, le pondrá punto final a esta polémica que ha pasado de castaño oscuro.

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