Las deudas y otros problemas que aún tiene la extinta Telecom

Cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidió liquidar Telecom en el 2003, se establecieron varias medidas para mitigar el impacto social que generaría la salida de centenares de operarios. Se suponía que personas próximas a pensionarse y madres cabeza de familia recibirían un especial tratamiento que impediría que sufrieran penurias relacionadas con la supresión de la empresa. Los incumplimientos fueron de tal magnitud, que dieron lugar a decenas de litigios judiciales. Aunque fueron resueltos definitivamente por la Corte Constitucional hace años, siguen siendo incumplidos por Telecom.

La falta de diligencia de la liquidada empresa le costará la cárcel a su representante legal. Así lo determinó el juez primero promiscuo de San Marcos (Sucre), quien ordenó arrestar por 30 días a la gerente del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, Hilda Terán Calvache, por no dar cumplimiento al fallo por medio del cual la máxima instancia constitucional puso fin a la pelea que por casi 11 años libró un grupo de trabajadores para que se respetaran acuerdos de indemnización y reubicación que estaba obligada a cumplir la empresa.

Según el auto, emitido el jueves pasado y conocido por Semana.com, la orden de detención se debe cumplir en el reclusorio de Las Mercedes, en Corozal (Sucre). Por eso el juzgado hizo saber de su decisión a la Policía Nacional, a la Sijín y a la Gobernación de Cundinamarca.

La historia

Hace 13 años el Gobierno decidió poner fin a las operaciones de la legendaria Telecom. La aparición de nuevas tecnologías y, con ellas, la disminución cada vez más evidente en la demanda de los servicios que prestaba la empresa, convencieron al Ejecutivo de que se trataba de un activo poco competente en el mercado de las telecomunicaciones. Su solución fue la liquidación.

Teniendo en cuenta que semejante determinación dejaría cesantes a miles de trabajadores, la propia administración de Álvaro Uribe estableció mecanismos para que los grupos más vulnerables de operarios no sufrieran un mayor impacto. Así, se establecieron planes especiales para personas próximas a obtener el derecho a la pensión, se fijaron mecanismos para reubicar a trabajadoras que fueran madres cabeza de familia y se fijaron compromisos para indemnizar a quienes debieran ser despedidos sin justa causa.

Como muchos de los compromisos fueron incumplidos, tras 11 años de litigios judiciales, la Corte Constitucional le puso punto final a cada uno de esos expedientes. A través de un fallo de tutela unificado estableció quiénes tenían derecho a ser reubicados e indemnizados y quiénes se habían provechado de la buena fe de los jueces y de la administración pública.

Desde julio del 2014, el tribunal le dio tres meses a la demandada para iniciar un plan de reubicación a extrabajadores. Para conseguirlo, debía contar con la asistencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El objetivo era que, un año después de la sentencia, estas personas ya estuvieran laborando.

Además, la corporación estableció que muchos de los trabajadores no habían recibido la indemnización a la que tenían derecho, pues la terminación intempestiva de sus contratos era la consecuencia de una decisión unilateral para poner fin a las operaciones de la empresa. Como no existía un motivo valedero para terminar su vinculación laboral, lo justo era el resarcimiento económico.

Pero un año y medio después del histórico pronunciamiento, la situación para unos y otros sigue siendo la misma. Por eso iniciaron incidentes de desacato contra el PAR de Telecom. Su respuesta fue que los operarios que exigían las indemnizaciones ya las habían recibido en el momento de ser desvinculados de la empresa y que las reubicaciones estaban en curso.

El juez primero promiscuo de San Marcos consideró inexcusables esas explicaciones. Sostuvo que al no haber prueba del pago de las indemnizaciones y tras haber sobrepasado el plazo de un año que le impuso la Corte para darles puestos de trabajo a padres y madres cabeza de familia, no quedaba otra alternativa que sancionar el incumplimiento.

Así, además de estar obligada a pasar una temporada en prisión, la gerente del PAR de Telecom, Hilda Terán Calvache, deberá cancelar una multa cercana a siete millones pesos, equivalente a 10 salarios mínimos mensuales vigentes.