"Tenemos derecho a la defensa y a la presunción de inocencia"

MARÍA JIMENA DUZÁN: Partamos de la base de que todos los funcionarios públicos, incluidos los militares, tienen el derecho legítimo a la defensa y que la defensoría militar Demil cumple esa labor. Sin embargo, en estas semanas han arreciado las críticas contra los abogados de Demil. ¿Cuál es la relación que tiene el Ejército con esa entidad?

GENERAL ALEJANDRO NAVAS: En el Ejército tenemos una estrategia de defensa jurídica que tiene varios pilares: uno es la defensoría militar, Demil; el otro es una fundación integrada por universidad y empresas privadas, y la Defensoría del Pueblo, que tiene a nuestro servicio unos cien abogados. Un cuarto pilar que todavía no se ha constituido es un proyecto de ley que radicó el ministro de Defensa hace unos cuatro o cinco días en el Congreso, que es el de la defensa técnica militar. Cuando ese proyecto se convierta en ley, el Estado va a sufragar los gastos de la defensa de nuestros hombres, y en ese caso Demil pasaría a un segundo lugar.

M.J.D.: Sáqueme de una duda: ¿Demil es una entidad del Ejército o privada?

G.A.N.: Es privada. Pero claro que uno se podría confundir. Tú me puedes decir: ¿y cómo puede ser privada si nosotros, es decir los oficiales activos, formamos parte de ella?

M.J.D.: Pero no existe solo esa contradicción inexplicable, general. Según la columnista de 'El Tiempo' Laura Gil, Demil aparece en la página del Ejército como parte del organigrama.

G.A.N.: Esos son errores que se cometieron y que hemos corregido. Demil estuvo contemplada en nuestro organigrama precisamente para recordarnos que teníamos esa entidad ahí, no más. Y fue un error de su director, el saliente coronel (r) José Filadelfo Robayo, no salir a los medios a explicar bien de qué se trataba. Te aclaro: Demil es una entidad privada que tiene una personería jurídica y que tiene un director ejecutivo y una junta directiva.

M.J.D.: ¿Y quiénes forman parte de esa junta directiva?

G.A.N.: Pues los socios. Es decir, oficiales y suboficiales activos y retirados y un representante de los soldados. Así quedará a partir de la reforma de los estatutos, que ya sucedió el 28 marzo. Antes, los miembros de la junta eran oficiales activos. Y sus afiliados son todos los oficiales y suboficiales activos y retirados o soldados profesionales y civiles que se han querido afiliar. Aproximadamente el 50 por ciento de la fuerza se encuentra afiliada y cada militar aporta voluntariamente el 0,95 del salario básico y a partir del primero de junio será el 1 por ciento.

M.J.D.: Lo que uno se pregunta es si estos abogados pueden utilizar helicópteros militares para hacer sus investigaciones, como lo denunció Daniel Coronell, en casos en que además se trata de la defensa de militares que han cometido delitos que no tienen que ver con sus actos de servicio o que podrían tratarse de un abuso de los derechos humanos…

G.A.N.: Tu enfoque es razonable, pero merece una aclaración. Por estatutos, Demil no defiende a militares socios que cometan delitos de lesa humanidad ni ajenos al servicio, como el acceso carnal violento. ¡No los defiende, mujer! El exteniente Muñoz confesó la comisión de las violaciones y está preso. Nosotros lo retiramos de la fuerza y lo pusimos a disposición de las autoridades judiciales para que continuara la investigación en torno al otro delito que se le imputaba, que era el del asesinato. Sin embargo, él no era el único sospechoso. Ahí había milicianos de los grupos subversivos y vecinos. Es en ese proceso que está siendo defendido por Demil, no por el de las violaciones, porque ese crimen ya fue aceptado.

M.J.D.: General, pero esa línea que usted traza es muy sutil, porque se trata de delitos conexos, posiblemente cometidos por la misma persona.

G.A.N.: Yo creo que ante todo hay que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Nosotros tenemos el derecho a la defensa. El exoficial dijo: "Este delito lo cometí; el otro, no". En este caso, Demil entró a defender a uno de sus socios. Y como en estas lides del derecho no somos expertos, por eso ponemos a disposición a todos los presuntos incursos en delitos. Hasta donde tengo conocimiento, Demil obró de buena fe. Acudió al llamado de defensa de uno de sus afiliados, y para eso Demil tiene unos abogados y ellos comenzaron a recoger pruebas.

M.J.D.: ¿Pero pueden los abogados recoger esas pruebas viajando a los sitios en helicópteros militares y amedrentando a los testigos, como lo denunció el mismo Coronell?

G.A.N.: Ante las dudas de esas columnas, hemos abierto una investigación disciplinaria. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, en esa aérea, cuando va la Cruz Roja a investigar, se le presta un helicóptero; cuando va la Defensoría del Pueblo, se le presta el helicóptero; cuando va una comisión, se le presta el helicóptero. En este caso, fue una comisión de la Demil y se le prestó ese helicóptero, porque hubiera sido una irresponsabilidad mandarlos de otra forma, porque los asesinan. Pero además tengo entendido que ellos mismos solicitaron el helicóptero.

M.J.D.: ¿Y en cuanto a la versión de que amedrentaron a los testigos…?

G.A.N.: Eso dice la columna de Coronell. Seguramente el periodista, con buenas intenciones, cogió como fuente personas del área que dijeron eso quién sabe con qué intenciones. Eso es respetable, no lo cuestiono, y para eso están haciendo las investigaciones disciplinarias.

M.J.D.: General, y para complicar más el panorama, asesinan a la juez que lleva el caso del exteniente Muñoz.

G.A.N.: Fíjate cómo es de fácil despertar una sospecha entre una cosa y otra. Si yo estuviera en los zapatos del exteniente Muñoz, yo sería el menos interesado en ese asesinato. Si el teniente se siente inocente, mal haría en cometer una brutalidad de esas. Además, esa jueza llevaba 60 casos más.

M.J.D.:¿Por qué me da la impresión de que usted cree que a la jueza la mataron las Farc?

G.A.N.: Yo no me matriculo con ninguna tesis, para no influir en la investigaciones, pero sé, por informaciones públicas, que presuntamente fueron milicianos. En todo caso, tenemos confianza en la justicia y somos respetuosos de los fallos judiciales. Esa es la mejor forma de responderle a la sociedad, ya que el Ejército está para proteger a la población y no para causarle ningún daño.

M.J.D.: Cuando uno habla con las madres de los jóvenes de Soacha asesinados, ellas aseguran que las maniobras dilatorias de los abogados de los militares implicados son las que han impedido que hasta ahora haya habido una condena por esos 'falsos positivos'.

G.A.N.: Esos son los procedimientos jurídicos. Las personas que están sindicadas están detenidas en nuestros centros de reclusión y están disponibles para cualquier requerimiento, y nosotros somos garantes y facilitamos el transporte para que lleguen a los juzgados.

M.J.D.: ¿Usted, que fue comandante de Tolemaida, sabe de las irregularidades que están ocurriendo allí con los militares presos condenados por delitos de lesa humanidad?

G.A.N.: Le aclaro que fui comandante de esa base hace más de ocho años. Ahora, respecto a las irregularidades que en algún momento se presentaron, estas fueron controladas, corregidas y se asumieron acciones disciplinarias, penales y administrativas.

M.J.D.: Se lo pregunto porque SEMANA sabe que en la cárcel de Tolemaida hay 260 militares condenados por delitos de lesa humanidad que están activos, con salarios, ascensos y que se dan el lujo de tener negocios, de vivir por fuera de la cárcel e, incluso, de hacer viajes a San Andrés.

G.A.N.: Se pudieron haber presentado algunas irregularidades en el pasado, pero en la actualidad los detenidos no gozan de privilegios. Se encuentra un personal activo detenido, pero en atención a las normas legales que disponen que a pesar de que hayan sido condenados, su retiro de la Fuerza solo es viable hasta treinta días después de quedar en firme la condena, es decir, ejecutoriada mediante decreto del ministro de Defensa para los oficiales y resolución del Comando del Ejército para los suboficiales.

M.J.D.: ¿Pero tienen derecho a ganar dinero y a andar en carros?

G.A.N.: Es que el Centro de Reclusión está dentro de la base y hay muchos insumos que se producen dentro del Centro de Reclusión que son vendidos a las distintas unidades que están dentro del fuerte militar.

M.J.D.: ¿Es cierto que el Ejército no está combatiendo por cuenta de la salida de los 27 militares vinculados presuntamente con los 'falsos positivos'?

G.A.N.: Te voy a explicar una cosa: en el Ejército hay 240.000 efectivos. De ellos, alrededor de 1.500 hombres están encartados con la justicia entre sindicados y condenados. Si tú haces una regla de tres, eso da el 0,1 por ciento. Eso significa que el 99,9 por ciento está en las filas. Esto no es óbice para que haya una baja moral en la tropa. Por el contrario, estamos en un reentrenamiento basado en una campaña: fe en la causa. Es una filosofía, una fuerza interior que da vigor y ánimo al combatiente. Es sentirse mil soldados en uno; es creer en Dios, en que hay un ser superior a quien hay que temer. Nuestros soldados no están de capa caída. Lo que pasa es que se ha formado un síndrome que han querido impulsar los mismos adversarios a través de sus diferentes formas de lucha y de sus agentes internacionales.

M.J.D.: Pero esa tesis no se la he oído al comunismo internacional, sino más bien la he leído en columnas de Plinio y de Fernando Londoño.

G.A.N.: Mire: yo me recorro el país y en todos esos sitios los soldados nuestros vibran y se les siente fuego en el corazón. Obviamente, hay que avivar esa llama.