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| 10/11/2008 12:00:00 AM

Tensión militar

Quién lo creyera: cuando las Fuerzas Armadas pasan por el mejor momento de su historia, hay roces internos por el manejo de los derechos humanos.

Este año ha sido quizás el mejor para los militares en toda su historia. Los éxitos en la guerra contra las Farc los han cubierto de gloria y de una popularidad que supera el 80 por ciento. Pero así como han cabalgado en laureles y aplausos como nunca antes, pocas veces se habían visto con la espada de Damocles de la justicia sobre sus hombros como ahora. Qué ironía.

El viernes pasado la Fiscalía ordenó la captura del ex comandante general del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales por los hechos del Palacio de Justicia, proceso al que están vinculados otros generales que fueron héroes en su tiempo, como Rafael Samudio, y coroneles como Alfonso Plazas Vega.

A este espinoso proceso se suma la detención del controvertido general Rito Alejo del Río, quien por segunda vez está investigado por nexos con paramilitares cuando fue comandante del Ejército en Urabá, hace más de una década. A medida que se conocen detalles de lo que fue el imperio de las autodefensas en muchas regiones, han salido a la luz nombres de por lo menos una docena de altos oficiales.

Como si fuera poco, el tema de los ‘falsos positivos’ o una serie de misteriosas muertes de jóvenes, que podrían ser homicidios fuera de combate, tienen a los militares con los pelos de punta. Hace dos semanas, cuando se conoció la misteriosa desaparición y la muerte en combate de 11 jóvenes en Ocaña, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, enviaron un mensaje claro: respaldan la actuación de la Fiscalía y buscarán que se llegue hasta el fondo de la investigación para saber si estos muchachos murieron o no en combate.

Todas estas detenciones, las actuaciones de la Fiscalía y las declaraciones que ha dado el propio Ministro tienen en alta tensión a los militares. El Presidente ha recibido a algunos generales en retiro que le han manifestado su preocupación de que le pusieron el pecho a la guerra, en momentos en que no había plata ni recursos, y ahora tienen que responder por su propia cuenta ante una justicia que no evalúa los contextos en los que actuaron.

Otro grupo de militares en retiro, dentro del que se encuentra el general Manuel José Bonnet, ex comandante del Ejército, han visitado los medios de comunicación con similar mensaje: “la sociedad nos manda a la guerra y después nos castiga sin piedad”, dice. Bonnet critica duramente al gobierno por lo que considera una entrega del fuero militar a la Fiscalía desde cuando ésta investigó la masacre de Jamundí, lo que a su juicio era de competencia de la justicia militar.

Otros ex militares van más allá. Hace pocas semanas circuló un documento anónimo en el que se acusaba a los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de ser un instrumento de la “guerra jurídica” de la insurgencia. Incluso varios oficiales de Acore, el gremio de los oficiales retirados, señalan que hay fiscales que recorren las cárceles buscando a presos que atestigüen contra altos militares que están siendo procesados.
La insatisfacción también ronda entre militares activos. “Nos dejaron solos”, dice un coronel, mientras otros dicen que todo se debe a que Juan Manuel Santos está en campaña por la Presidencia. El proceso contra el coronel Hernán Mejía es quizás el que ha dejado en evidencia las tensiones y las diferencias que hay frente a los derechos humanos dentro del estamento militar. Mientras algunos miembros del alto mando consideran que hay que respetar la actuación de la Fiscalía en la investigación que se le sigue por presunto homicidio y vínculos con paramilitares, otros, soterradamente, le han ayudado a emprender una campaña mediática contra los investigadores de la Fiscalía, a los que acusa de haber comprado testigos en su contra.

Pero el asunto tiene mucho más fondo del que se cree. En realidad, dentro de los militares hay dos visiones sobre cómo se debe y se puede librar la guerra, que están colisionando en una misma generación de oficiales. Una visión es más apegada al pasado, cuando los militares no estaban sometidos en la práctica a controles de los otros poderes ni de la comunidad internacional. De hecho, muchos oficiales dicen que aunque están ganando la guerra en el campo de batalla, la están perdiendo en los tribunales. Años atrás, una ola de investigaciones y detenciones de altos militares como la que ha habido en los meses recientes habría desatado un ‘ruido de sables’ como los que conoció el país durante gobiernos anteriores. Si hasta ahora no ha ocurrido, es porque también el alto mando sabe que hay nuevas exigencias políticas globales que no tienen reversa. Dicho en otras palabras, el próximo año se vence la salvaguardia que hizo Colombia para los crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional y, para entonces, si no se hace justicia en el país, quienes cometan este tipo de delitos quedan expuestos a ser juzgados en La Haya.

La de otros oficiales, encabezados quizá por el comandante de las Fuerzas Armadas, general Padilla de León, es la visión de que las Fuerzas Armadas tienen que sintonizarse con las nuevas exigencias no sólo operacionales, sino en derechos humanos, si es que quieren no sólo ganar la guerra sino hacerlo preservando la democracia. Por eso han impulsado la existencia de unas claras reglas de enfrentamiento en cada operación, asesores jurídicos que revisen los planes de guerra a la luz de los derechos humanos, y que se privilegien como indicadores de éxito militar los desmovilizados antes que los muertos. El apretón de tuercas en derechos humanos parece que no tiene reversa. Aunque muchos lo van a sentir de manera dolorosa frente a los tribunales civiles.
 
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