Tensión política por 'presuntos negocios' de congresistas con bienes de Estupefacientes

El Congreso aún no supera el pesado lastre de la ‘parapolítica’, un escándalo que propinó un golpe a su imagen y legitimidad, cuando otra oscura sombra parece tenderse sobre algunos de sus miembros.

Se trata de las presuntos negocios o beneficios que habrían recibido algunos congresistas para que, a través de personas cercanas a sus respectivos círculos, se convirtieran en depositarias de múltiples bienes administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que habían sido incautados a la mafia.

Lo grave del episodio es que estos señalamientos, que aún sólo son evidencias preliminares para las autoridades judiciales, se desprendieron cuatro semanas después de que la DNE haya sido intervenida por orden del Gobierno y a solicitud del propio director de la entidad, Juan Carlos Restrepo, quien afirmó que muchos bienes o desaparecieron o perdieron su valor.

Los nombres de casi una veintena de congresistas y ex congresistas han sido relacionados por la Policía desde que su departamento de investigación, que lleva un mes analizando archivos de la entidad, comenzó las indagaciones para establecer qué fue lo que pasó en Estupefacientes.

La hipótesis preliminar es que, al parecer, los bienes en manos de la DNE habrían servido para pagar favores políticos. Y eso está por probarse.

Pero en el Congreso la tensión por esas sindicaciones ha crecido. Y antes del debate del estatuto anticorrupción, generó un fuerte encontrón entre el senador conservador Hernán Andrade (uno de los mencionados en los informes de la Policía) y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

Andrade acusó a Vargas de tener intereses en esa información y lo responsabilizó de las filtraciones a los medios de comunicación. El Ministro, en tono temperamental, juró que nada tenía que ver y aclaró que no tenía nada personal contra el Partido Conservador, al señalar que congresistas de todos los partidos son los que aparecen en los archivos de Estupefacientes y que el debate es judicial y no político.

Hace tres semanas, cuando Vargas Lleras sostuvo una diferencia con los conservadores, había advertido que detrás de las irregularidades en estupefacientes estarían comprometidos algunos parlamentarios. No dio nombres.

Pero la primera evidencia fue difundida por la periodista María Jimena Duzán, quien en su columna de SEMANA aseguró que un hermano de la senadora nariñense Myriam Paredes (P. Conservador) era uno de los principales depositarios de los bienes de la DNE.

En sus emisiones de sábado y domingo, Noticias Uno reveló una lista superior de congresistas que, a través de interpuestas personas, habían sido depositarios de bienes de la mafia.

En la lista entregada por ese informativo aparecieron los senadores Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya, Ómar Yepes Alzate, el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, el representante Óscar Bravo, todos ellos conservadores, además de otros dirigentes como Lucero Cortés, Miguel Pinedo y Enrique Caballero, entre otros.

Por eso los congresistas conservadores que aparecen salpicados por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes le pidieron claridad a las autoridades y al Gobierno, para que les informen qué personas cercanas a ellos supuestamente manejan bienes de esa entidad.

El senador conservador, Eduardo Enríquez Maya, le remitió derechos de petición a Estupefacientes para que le informen si hay indicios de alguna eventual irregularidad en el manejo de bienes que lo involucren a él o alguna persona cercana.

Myriam Alicia Paredes admitió que un hermano suyo manejó bienes de Estupefacientes, pero afirmó que lo hizo con apego a la ley. "Conozco a mi hermano, sé de sus calidades profesionales y humanas, sé y estoy convencida de su transparencia con la que ha manejado durante este tiempo esos bienes, pero él tendrá que dar una explicación ante la opinión pública y ante la Dirección Nacional de Estupefacientes", precisó Paredes a Semana.com (la respuesta completa a esta columna está en un comunicado). 

El presidente del Partido Conservador José Darío Salazar tiene otra lectura, y asegura que su colectividad es víctima de una “conspiración desde las columnas de opinión” que, a su juicio, pretenden señalar al partido como el responsable de la corrupción en el país.

¿Un escándalo mayor?

Pero ahí no termina la controversia. Y mientras las autoridades siguen sus pesquisas, las cuales aún no han sido valoradas por la justicia competente, otros dirigentes advierten que el escándalo puede ser mayor.

En diálogo con Semana.com, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) dijo que en el departamento de Valle del Cauca, donde mayor cantidad de bienes han sido incautados a las mafias del narcotráfico, la situación podría ser “preocupante”.

"El Valle del Cauca es el departamento en el que se ha incautado el mayor número de propiedades al narcotráfico, cerca de 28.000 bienes que corresponden al 25% del total nacional. Es hora de que tengamos claridad sobre los destinatarios en la región, porque no puede seguir ocurriendo que existan personas de la clase dirigente del Valle de Cauca, sus familiares o aliados en la urnas, haciendo parte de este carrusel que carcome y desangra las finanzas públicas, y sacando el mejor provecho de unos bienes que pasaron a manos del Estado y que deben ser adjudicados en procesos transparentes y equitativos".

El congresista le pidió a Estupefacientes hacer públicos los adjudicatarios de bienes incautados a las mafias.