Las polémicas decisiones de la jueza Teresita Barrera

La juez 10 de Conocimiento, Teresita Barrera, se declara garante de la Constitución y la ley. Ella, al pie de la letra de los códigos, ha dejado en libertad a un varias personas a las que, según su concepto, deben respetársele sus derechos en medio del garantismo de la legislación colombiana.

Sin embargo, la polémica la acompaña. Su determinación más reciente fue haber dejado en libertad a cinco personas vinculadas con el multimillonario fraude de la comisionista Interbolsa, algo que ya comienza a levantar voces de indignación.

Entre ellas está el italiano Alessandro Corridori, señalado de ser el máximo responsable del descalabro de la comisionista, así como su esposa, la empresaria Claudia Jaramillo. También Carlos Arturo Neira, representante legal de P&P Investment. Ellos fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de abuso de confianza, administración desleal y manipulación de acciones.

La juez decretó su libertad tras acoger la tesis de los abogados de los implicados, que argumentaron que sus clientes pasaron más de 120 días desde cuando  fueron privados de su libertad sin que se iniciara el juicio en su contra. El proceso, sin embargo, seguirá su curso.

La fiscal que tiene el caso en sus manos, Alexandra Ladino, manifestó que fue una solicitud de libertad repentina en la que el ente acusador ni las víctimas por el caso fueron notificados de la decisión. No obstante, los ojos también se posan sobre el ente acusador, por haber dejado pasar tanto tiempo sin haber llevado el caso a juicio, como muchas veces ocurre.

Más controversias

Sin embargo, este no es el único caso que ha tenido en la lupa las actuaciones de la jueza. El pasado 10 de junio ella ‘tumbó’ la imputación y la medida de aseguramiento contra el ‘hacker’ Andrés Sepúlveda, señalado de haber intervenido las comunicaciones de los miembros de la delegación del Gobierno en los diálogos con las FARC, que se adelantan en La Habana, con el ánimo de desprestigiarlo de cara a las elecciones presidenciales.

En su momento, el fiscal general, Eduardo Montealegre, la acusó públicamente a la juez de haber faltado a su deber al revocar la medida de aseguramiento y anular la actuación de la Fiscalía. Incluso, como pocas veces ocurre, solicitó a la Judicatura que la investigara.

Para la togada, la acusación de Montealegre por el delito de prevaricato por acción no sólo la afectó a ella, sino a todos los funcionarios que imparten justicia en el país “porque cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, el mensaje que se envía es que cometió un delito”.

Otro caso más tuvo sucedió en noviembre del 2012. Entonces, Barrera fue duramente cuestionada por dejar en libertad a Laura Moreno y Yessi Quintero, involucradas en el presunto homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares. En esa oportunidad, la jueza argumentó que a la Fiscalía se le había vencido el plazo para dar inicio al juicio oral, por lo que las jóvenes debían ser puestas en libertad.
 
En un perfil de El Espectador, la jueza dice que su ética ha sido incorruptible, cosa que le ha ocasionado enemigos. “Nacida en Montería (Córdoba), se graduó como abogada de la Universidad de Medellín y recién egresada empezó a litigar en derecho civil. Mientras cursaba un diplomado se enteró de que la Seccional de Fiscalías de esa ciudad estaba recibiendo hojas de vida y, aunque no tenía experiencia en derecho penal, se presentó. Algunos meses después fue nombrada en el cargo de fiscal, tras lo cual recibió las primeras amenazas”, señaló la nota.
 
No todo ha sido polémico en ella. En noviembre del 2005 fue nombrada jueza única penal del Circuito de Zipaquirá. Tres años más tarde, condenó a 60 años de prisión a Orlando Pelayo, que secuestró y asesinó a su hijo de 11 meses, Luis Santiago Lozano. El país aplaudió la decisión de tan repudiable crimen.
 
En el caso de los señalados por el caso Intebolsa, si nada extraordinario ocurre, recobrarán su libertad, este jueves. Semana.com pudo establecer, con fuentes del ente acusador, que uno de los caminos que podría tomar la entidad es interponer una tutela por violación al debido proceso.
Pero mientras esto ocurre, Corridori y sus presuntos cómplices estarán en libertad mientras cientos de inversionistas todavía reclaman el dinero que perdieron en la estafa y que fueron a parar a los bolsillos de las  cabezas de la trama.