Miércoles, 22 de febrero de 2017

| 2001/02/26 00:00

Terremoto jurídico

Conmoción por la detención de la plana mayor de los reconstructores del Eje Cafetero.

Terremoto jurídico

Hay ocasiones en que algunos episodios regionales no llegan a registrarse en su dimensión real en la capital. Eso es precisamente lo que sucedió con la detención de Diego Arango Mora, Alvaro Patiño Pulido y Manuel Santiago Mejía la semana pasada por parte de la Fiscalía General. Antes de explicar de qué están acusados es necesario dejar claro que en el mundo paisa y en el Eje Cafetero la detención de estos personajes equivale a que fueran detenidos en Bogotá una noche Antanas Mockus, Pedro Gómez y Luis Carlos Sarmiento Júnior, acusados de haber desviado recursos para la remodelación del Parque de la 93.

Aunque las comparaciones no son milimétricas Manuel Santiago Mejía es hijo del más respetado patriarca antioqueño y a su turno uno de los empresarios más prestigiosos de su generación. Diego Arango es vicepresidente del Comité Nacional de Cafeteros y el gran soñador ecológico de esa zona. Y Alvaro Patiño Pulido es un popular ex alcalde de Armenia convertido hoy en uno de los líderes cívicos de la región.

Los tres formaban parte del equipo de prohombres que sin motivación de ninguna clase diferente del altruismo se dedicaron a meterle el hombro a la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto del 25 de enero de 1999. El enredo legal en que están obedece a diferencias de interpretación jurídica sobre el alcance de ciertas normas y el mandato que ellos tenían para sacar al departamento adelante después de la tragedia.



El lio juridico

¿Pero cuáles son los cargos de la Fiscalía contra estas tres personas? El argumento del fiscal que asumió el caso es que los miembros de la junta directiva del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) autorizaron una inversión en el Parque Nacional del Café y —en su opinión— ello no era posible puesto que se trataba de una entidad privada y éstas no pueden recibir auxilios. La naturaleza privada del parque obedece a que pertenece a una fundación sin ánimo de lucro de la Federación Nacional de Cafeteros. Otro argumento en contra de los acusados es que el parque no había sido afectado por el terremoto y los recursos tenían que canalizarse a reconstruir lo destruido.

Por esas razones el fiscal del caso los sindicó del delito de peculado por extensión con beneficio a terceros por la suma de 1.900 millones de pesos. Aunque el proceso apenas se halla en la fase inicial, conocida como la definición de la situación jurídica, la sentencia por los cargos de peculado por extensión puede ir de seis a 15 años.

Sin embargo los abogados encargados de la defensa de los tres detenidos sostienen que con el estatuto de emergencia económica —decretado después del sismo en el Eje Cafetero— se reglamentaron también los decretos que establecían las funciones que debía cumplir el Forec, entidad que había sido creada por el gobierno para hacerle frente a la tragedia. Dichas funciones no se referían exclusivamente a la reconstrucción física de los inmuebles afectados. También incluía —argumentan los sindicados— la recuperación social y económica de esas poblaciones. Y en este contexto el Parque del Café es vital.

Fue por ese motivo que la junta directiva del Forec decidió destinar una parte de los recursos de la entidad a la reconstrucción de éste, que se ha convertido en uno de los grandes orgullos del Eje Cafetero y sin duda uno de los mayores generadores de empleo de la región, especialmente en el municipio de Montenegro, uno de los más afectados con el terremoto. Aunque el Parque Nacional del Café contaba con una póliza de Agrícola de Seguros el monto de la misma no alcanzaba para hacer las reparaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento después de la tragedia.

Pese a las implicaciones que tiene el caso, debido a las características de los afectados y a lo complejo de la situación, también es claro que nadie cuestiona la pérdida de un solo peso. Lo que está en discusión es un tecnicismo sobre si los miembros de la junta directiva del Forec podían, o no, hacer una inversión en el Parque Nacional del Café para posibilitar la recuperación económica de la zona.

La situación de los tres acusados no es idéntica: Mejía y Arango sólo están vinculados por su responsabilidad como miembros de junta directiva. En lo que tiene que ver con el ex alcalde Alvaro Patiño Pulido, la Fiscalía sostiene que habría actuado ilegalmente en la aprobación de la compra de un lote para la construcción de la nueva sede del comando de la Policía del Quindío. El predio —de acuerdo con la investigación de la Fiscalía— pertenecía a la sociedad limitada Los Corales, de la cual hacían parte tres de sus hermanas.

El organismo investigador sostiene que en la negociación se habría incurrido en sobrefacturación puesto que el lote vendido por la sociedad Los Corales al Forec tenía un avalúo de 600 millones de pesos antes de la tragedia y fue vendido por 2.600 millones de pesos después del sismo. No obstante, Patiño ha sostenido que se declaró impedido para participar en la negociación y que, además, la valoración del predio no fue arbitraria puesto que se basó en el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Armenia.



¿Que sigue?

De cualquier manera lo cierto del caso es que la solidaridad del Eje Cafetero con los detenidos no hace que el problema tenga una solución automática. Si la Fiscalía, ante la presentación de nuevas pruebas, llega a la conclusión de que los sindicados actuaron de buena fe y que no hay dolo de ninguna naturaleza, se requieren las vías jurídicas si se desea modificar el proceso. Ni siquiera los detenidos pretenden una decisión arbitraria a su favor pues no se consideran víctimas de una persecución sino de un caso de subjetividad jurídica.

Ante esta actitud sólo existen dos recursos: el de reposición, que consiste en que ante nuevos hechos el fiscal del caso modificara su decisión. O la apelación, que consiste en que un superior modifica la decisión original. Independientemente de cuál sea la conclusión jurídica a la que se llegue y el tiempo que se requiera para un fallo justo, lo sucedido suena un poco desproporcionado. Dadas las características de la situación sería conveniente que el fiscal del caso usara su discrecionalidad para otorgar la libertad condicional mientras falla la justicia.

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