Sábado, 25 de octubre de 2014

| 1992/07/20 00:00

TERRORISMO DE IMPERIO

Reacciones en Colombia y el mundo por la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de tolerar el secuestro en el extranjero de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia de ese país.

TERRORISMO DE IMPERIO

DESDE LAS ACUSACIONES de abuso sexual contra el juez Clarence Thomas, la Corte Suprema de los Estados Unidos no había dado tanto de qué hablar. La providencia dictada en el caso Estados Unidos vs. Alvarez Machaín en el sentido de que nada impide a las autoridades de Washington secuestrar a un ciudadano extranjero para llevarlo a comparecer ante la justicia noteamericana levató ampolla, como era de esperarse, en los países latinoamericanos, y despertó toda clase de controversias en la prensa y en la opinión pública norteamericanas.
Pero en realidad, lo nuevo es el escándalo, porque los Estados Unidos históricamente se han comportado como si el fallo existiera. Para la justicia norteamericana lo importante no es cómo el acusado llegue al juzgado, sino que esté allí. Se trata de una doctrina que data de tiempo atrás, cuando el territorio norteamericano estaba prácticamente despoblado y para hacer justicia era necesario recurrir a los cazadores de recompensas, encargados de capturar a los delincuentes sin importar los medios empleados para lograrlo. Poco a poco, lo que al principio fue sólo un sistema de hacer comparecer ante los jueces a los acusados, se convirtió en una doctrina judicial aplicable según las circunstancias. Sin embargo, con el paso del tiempo se impusieron los derechos ciudadanos, y lentamente la teoría según la cual el fin justifica los medios fue quedando en el olvido.

Pero todo indica que la concepción del nuevo orden mundial que se derivaría del fracaso del comunismo y de la desintegración de la Unión Soviética, ha hecho resucitar los ánimos intervencionistas y revivir las viejas doctrinas así como se produjeron hechos como el secuestro de Frederick Ker, acusado de hurto en una Corte de Illinois, que fue secuestrado del Perú; el de José Ramón Matta Ballesteros, narcotraficante hondureño secuestrado de su casa en Tegucigalpa y llevado ante las Cortes norteamericanas; la invasión a Panamá para capturar al general Noriega y el caso de Alvarez Machaín, que es precisamente el que llegó hasta la Corte Suprema y originó el controvertido fallo.

Alvarez Machaín fue solicitado en extradición por el gobierno norteamericano por participar en el asesinato y en la tortura de Enrique Camarena, un agente de la DEA que operaba en México. Sin embargo, aduciendo falta de pruebas, las autoridades mexicanas se negaron a extraditarlo. Tras largas investigaciones, agentes estadounidenses dieron con su paradero y sobornaron a policías mexicanos para que lo sacaran de su consultorio en Guadalajara. De allí, Alvarez fue transportado hasta California, donde fue entregado a la justicia de los Estados Unidos. Enjuiciado y encontrado culpable en primera instancia, Alvarez apeló el fallo aduciendo que para ser juzgado había sido secuestrado, y que además se había violado el tratado de extradición que une a México y a los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones aceptó la invalidez de la sentencia, pero a través del Sollicitor General una figura similar a la del Defensor del Pueblo en Colombia Washington demandó la decisión del tribunal, y de este modo el caso llegó a manos de la Corte Suprema, donde el asunto adquirió una gran trascendencia internacional.

En efecto, la ponencia del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William Rehnquist, causó revuelo no únicamente entre los juristas sino también en los 102 países con los que Estados Unidos tiene firmados tratados de extradición, pues declara la autoridad regal para desacatar los tratados vigentes con el fin de llevar a un acusado hasta las cortes norteamericanas, aduciendo que el acuerdo en cuestión no contemplaba la ilegalidad del secuestro.
No solamente la providencia fue interpretada como un claro desafío a la soberanía nacional de México y una potencial amenaza contra todos aquellos países susceptibles de encontrarse en una situación similar, sino que atenta claramente contra los principios elementales del derecho internacional. Incluso Argentina, que desde la llegada de Carlos Menem a la Presidencia había pasado agachada ante muchas de las decisiones norteamericanas que han despertado toda clase de reacciones en el ámbito internacional, condenó enérgicamente la decisión.
Las reacciones en los otros países latinoamericanos tampoco se han hecho esperar. Voceros oficiales de Bolivia calificaron la providencia de irrespeto contra los países pequeños y un imperio de la ley del más fuerte. Venezuela criticó ácidamente la decisión, que calificó de "novedosa modalidad de terrorismo internarional" La reacción política ha llegado a tal punto, que se ya se habla de llevar el caso ante la Organización de Estados Americanos e incluso hasta el Tribunal Internacional de La Haya. Sin embargo, una vez resuelto el caso por parte de la Corte Suprema, es poco o nada lo que se puede hacer. El único que podría llevarlo a instancias internacionales es el gobierno mexicano, que no ha dado muestras de tener interés en ir más allá de exigir y recibir explicaciones por parte de las autoridades norteamericanas y entablar discusiones sobre posibles reformas al tratado de extradición con Estados Unidos, sobre todo en momentos en los cuales se encuentra maniatado por estar en plena negociación del Tratado de Libre Comercio.

Pero la cosa no paró ahí. Los editoriales de la propia prensa norteamericana han sido tajantes, e incluso los tres miembros de la Corte que negaron su voto a la providencia han calificado de monstruosa la decisión de legitimar el secuestro, patrocinado por el propio gobierno, de extranjeros perseguidos por la justicia norteamericana. Los tratados de derecho internacional tardaron años en establecer un marco legal para llevar a cabo ese tipo de arrestos, y no solamente las autoridades norteamericanas se pasaron por la faja los mecanismos establecidos, sino que ahora han obtenido el aval de la Corte Suprema para romper el principio del respeto a la soberanía de los Estados.

En todo caso, resulta evidente que lo que logró el controvertido fallo fue legitimar acciones como la invasión a Panamá, y sentar una peligrosísima jurisprudencia que deja abiertas las puertas para que vuelvan a presentarse conflictos similares. Si algo quedó claro después de este episodio es que se ha creado un verdadero ambiente de desconfianza en el ámbito internacional. En el caso de Colombia, se trata de un elemento que trae problemas en las relaciones con los Estados Unidos, que a pesar de un largo período de recelo, habían llegado a ser bastante buenas, hasta el punto de haber logrado establecer mecanismos de cooperación para el intercambio de pruebas y evidencias contra los narcotraficantes. A pesar de las especulaciones de los últimos días, resulta improbable que algo como lo sucedido con Humberto Alvarez Machaín ocurra con Pablo Escobar, pues no solamente la reacción política ha sido tan enorme que es poco probable que el gobierno norteamericano repita ese tipo de acciones en un futuro previsible, sino que uha cosa es secuestrar a un sospechoso que está libre, y otra muy distinta es llevarse a un acusado que ya está en la carcel.

Pero en todo caso, el episodio ha dejado el peor de los sabores y se requerián mucho más que las declaraciones del Departamento de Estado la semana pasada en el sentido de que el mecanismo de secuestrar sospechosos no se generalizaría, para pagar el costo diplomático de la decisión de la Corte. Como lo expresó de manera contundente un editorial del New York Times el miércoles pasado, "no hay escapatoria posible a la verguenza internacional creada por la decisión de la Corte Suprema".

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