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| 6/15/2013 1:00:00 AM

¡Tesoro a la vista!

Si se aprueba el proyecto de ley de patrimonio subacuático, se pondrá fin a un debate de más de 30 años pero también se puede desatar toda una tormenta.

A las cinco locomotoras del gobierno Santos está a punto de unirse un poderoso acorazado que podría convertirse en un generador de muchas riquezas para los colombianos, pero también de millonarios dolores de cabeza.

Muy seguramente el lunes de esta semana la aplanadora parlamentaria del gobierno en el Senado convertirá en ley un proyecto del Ministerio de Cultura, que busca que el Estado pueda rescatar del fondo del mar el patrimonio sumergido, en especial el que se encuentra en cientos de embarcaciones hundidas durante la Conquista y la Colonia.

El más famoso sin dudas es el galeón San José, que podría tener una carga de monedas de oro y joyas estimada en más de 5.000 millones de dólares, y sobre el que hay una larga pelea jurídica con la empresa estadounidense Sea Search Armada. Pero en la mira están otras embarcaciones, como la flota de Fernández de Córdoba, entre decenas de navíos que fueron hundidos con sus valiosas cargas por corsarios, buques enemigos o tormentas.

La iniciativa ha despertado las críticas no solo de reconocidos historiadores, antropólogos y arqueólogos, sino que la propia Unesco y otras organizaciones le han pedido al gobierno revisar o retirar el proyecto por considerar que, si se aprobara la ley, parte del patrimonio cultural de los colombianos quedaría en manos de las grandes firmas cazatesoros. 

El tema levanta tanta ampolla que hasta el Congreso Mundial de Arqueología le envió hace dos semanas una carta el presidente Santos en la que le pide retirar el proyecto y abrir el debate “porque la propuesta del país de lo que es o no es patrimonio está en contravía de la tendencia mundial que procura su conservación”. Incluso el ABC de España, país que se quiere quedar con la carga de todos los navíos imperiales, publicó el jueves un artículo titulado: ‘Colombia compartirá desde ahora las llaves de su historia con los cazatesoros’.

Pese a las críticas y a las dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos del proyecto, el gobierno y la ministra de Cultura, Mariana Garcés, se han mantenido firmes en sacar a flote esta ley. En esencia el proyecto busca evitar millonarias demandas, como la que el país enfrenta actualmente por el galeón San José, y llenar vacíos legales que han permitido que navíos en Buenaventura o en el Caribe hayan sido saqueados.

La idea del gobierno es contratar, si la Armada no es capaz de hacerlo, a empresas que tengan la tecnología y el conocimiento para este tipo de rescates. El patrimonio sería resguardado en museos y sitios especiales, incluso in situ, para que los colombianos puedan conocer lo que durante varios siglos ha estado desprotegido a 100 o 3.000 metros de profundidad. La diferencia fundamental, dice la ministra Garcés, es que para la Unesco y la Convención pero la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático todo lo que está hundido es patrimonio, mientras que para el gobierno colombiano no.

Y aquí es donde aparece a lo largo del proyecto de ley el concepto de ‘repetición’, que establece que no se considerarán patrimonio cultural de la Nación las cargas comerciales en su estado bruto, como perlas, piedras preciosas, semipreciosas, arenas, maderas. Tampoco los bienes que hayan tenido valor de cambio como monedas o lingotes, ni las cargas industriales. ¿Para qué esta división? Para pagar con parte del tesoro el trabajo realizado por la empresa rescatista. Además, el Estado podría utilizar parte de esos recursos.

Lo que se busca es que si la Armada no puede rescatar un naufragio, el Ministerio de Cultura escoja a empresas privadas a través de contratación pública. Estas deberán encontrar y rescatar, siguiendo extremos protocolos, lo que más puedan de un naufragio, incluida la embarcación. Una vez todo esté en poder del Estado, el Consejo Nacional de Patrimonio decidirá los objetos que son patrimonio de los colombianos, sobre los cuales la Constitución prohíbe cualquier transacción. 

Y cuáles son especies repetidas (monedas, esmeraldas, lingotes de oro…) de manera que el gobierno podrá pagar hasta con la mitad de estas piezas a la empresa por su trabajo de rescate. Si no hay especies repetidas o son muy pocas, el gobierno tendrá que pagar con recursos propios.

Esta diferencia entre especies patrimoniales y repetidas es la que tiene a juristas y científicos divididos. Varios expertos consultados por SEMANA consideran que así haya 500.000 monedas iguales, todas son patrimonio cultural de los colombianos y no pueden ser ni vendidas ni repartidas con nadie. “¿Si hubiera diez balsas muiscas, el Estado podría vender nueve? O si se sigue este nuevo precepto, ¿el Museo del Oro podría salir a vender todo lo repetido que tiene? ¿Al guardar una sola pieza está preservando la memoria y la cultura de los colombianos?”, se preguntó un experto que pidió no ser citado.

Uno de los pocos senadores críticos al proyecto es Carlos Baena del Mira, quien ha dicho que no entiende cuál es el afán que tiene el gobierno en desconocer la Constitución cuando dice que todo el patrimonio de la Nación es inalienable, imprescriptible e inembargable, así sean tesoros que tienen más de 100 años. Y por qué Colombia quiere promover la industria de los cazatesoros, que ha demostrado que con sus aspiradoras solo va por el oro y las piezas valiosas, destruyendo todo lo demás.

Por el contrario, el gobierno considera que el proyecto se ajusta perfectamente a la Carta y a los fallos que han expedido la cortes Constitucional y Suprema, en los cuales se reconoce que no todo lo que hay en un naufragio es patrimonio. 

De hecho, frente al galeón San José, la Justicia le reconoció a la Sea Search Armada, la empresa que recibió en 1980 el poder del gobierno para ubicar y rescatar este navío, la mitad de lo que no sea patrimonio. Se sabe que hay grandes empresas como Odyssey Marine Exploration o Seaquest International, entre otras, que tienen ubicados numerosos navíos en aguas colombianas con cargas avaluadas en miles y miles de millones de dólares, que no han sido denunciados porque la ley no les favorece. 

“Desde hace 30 años el país ha discutido qué hacer con el patrimonio sumergido y al final quedamos en el peor de los mundos: sin legislación y a merced de los cazatesoros, que con las nuevas tecnologías tienen cada vez más cerca los naufragios, si es que ya no los han saqueado. Con este proyecto logramos llegar a un punto en el que se protege al patrimonio, pero se viabiliza su rescate, pues en el país no hay ni recursos ni tecnología para hacerlo”, dijo la ministra Garcés.

El problema del proyecto es que le reconoce hasta la mitad de las especies repetidas al rescatista, con lo que se podría estar ganando la lotería. Por eso muchos plantean que es mejor que desde el comienzo se fije un precio por el rescate y el que gobierno lo pague con recursos propios, en vez de abrir la especulación y la repartija de unos bienes al mejor estilo de los tiempos de piratas.

Desde ya se sabe que si el proyecto se convierte en ley será demandado inmediatamente, “porque viola los artículos 63 y 72 de la Constitución; desconoce la Ley de Cultura de 1997 que considera estas piezas como patrimonio arqueológico; desconoce de manera flagrante dos fallos de la Corte Constitucional, lo que puede significar falta disciplinaria gravísima para los funcionarios del gobierno y legisladores que voten favorablemente. 

También desconoce la Decisión 460 de 1999 de la Comunidad Andina, modificada por la 588, según la cual los países se comprometieron a proteger como bienes culturales el producto de las excavaciones y exploraciones arqueológicas terrestres y subacuáticas, tanto autorizadas como clandestinas”, dijo un experto en el tema.

El Congreso tiene en sus manos la decisión de si hunde por cuarta vez un proyecto de estos o si por el contrario lo deja a flote y abre los mares a los cazatesoros. Incluso se ha dicho que este proyecto hace parte de los compromisos adoptados por Colombia para la firma del  TLC  con Estados Unidos. Esta semana será definitiva. Ojalá los santos guardianes de las 1.100 embarcaciones hundidas en los mares colombianos iluminen a los legisladores para que tomen la mejor decisión. 

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