Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2001/11/12 00:00

Tesoros bajo el mar

Debate en el Senado colombiano por una convención mundial de la Unesco sobre galeones hundidos

Tesoros bajo el mar

En los mares que rodean a Colombia se calcula que reposan los restos de más de 1.100 galeones europeos hundidos por tormentas, mal manejo de sus tripulaciones o combates navales con fuerzas de naciones enemigas o piratas. En un lapso un poco superior a tres siglos este millar de naves naufragaron en las aguas tropicales que hoy constituyen el mar territorial colombiano. La mayoría de ellas se hundieron con sus bodegas repletas de carga y mercancía, destinadas a enriquecer los imperios que entonces existían en el Viejo Continente. Estas cifras sobre el número de vestigios que yacen en los fondos marinos nacionales no son precisas. Sin embargo, aun en el caso de que sólo estuvieran hundidos la mitad de estos galeones, Colombia seguiría siendo uno de los países con el mayor patrimonio cultural sumergido del mundo. Estaría casi a la par o por encima del archipiélago de las Azores, donde el Museo Nacional de Arqueología de Portugal tiene registrados 850 navíos españoles y portugueses sumergidos.

Para los arqueólogos submarinos todos estos restos representan en conjunto un auténtico museo submarino. Son reliquias de la historia de la humanidad. Para algunos aventureros, en cambio, las naves que duermen el sueño de los justos bajo las aguas son una fuente de riqueza. Un reservorio de tesoros en los que pueden encontrar joyas, piedras preciosas, oro en morrocotas o lingotes, barras de plata y porcelanas, entre otros objetos que pueden ser comercializados a precios astronómicos. En Colombia, por ejemplo, se habla desde hace años que el galeón San José, hundido por los ingleses en algún lugar entre la bahía de Cartagena y las islas del Rosario, guarda una fortuna avaluada en más de 2.000 millones de dólares.

Hasta hace dos décadas ningún organismo internacional se preocupó de lo que pasara con los restos de las naves o con su carga. En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar de 1982, por ejemplo, sólo dos de los 320

artículos que la conforman mencionan el tema del patrimonio cultural sumergido. Este vacío jurídico internacional fue aprovechado por negociantes y avivatos para hacer valer una vieja tradición marítima que dice que todo lo que se rescate del mar pertenece a quien lo encuentra. Además el rápido desarrollo de tecnología de punta adecuada para sus necesidades hizo mucho más fácil su trabajo. Por este motivo hace cuatro años la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se metió de lleno en la tarea de crear una convención para la protección de este patrimonio. Colombia, por su potencial riqueza en este tipo de bienes, cumplió un destacado papel en la elaboración del convenio que, salvo algún imprevisto, deberá ser aprobado en los próximos días durante la Conferencia General de la Unesco que se llevará a cabo en París desde esta semana hasta el 3 de noviembre.

Esto tendrá repercusión en Colombia porque el senador Alfonso Lizarazo citó para el 16 de octubre a varios miembros del gobierno a la comisión VI del Senado para que expliquen la posición que sostuvo Colombia durante las cuatro grandes reuniones para la redacción del citado convenio y si ésta se ajustó a los intereses nacionales sobre el tema. Dicho escenario servirá para ventilar dos posiciones diametralmente opuestas en relación con el patrimonio cultural sumergido. Una es defendida por Juan Luis Mejía, el actual cónsul colombiano en Sevilla; la otra es representada por Daniel de Narváez, un ingeniero de minas que se ha dedicado los últimos 10 años a seguirles la pista en los Archivos de Sevilla a los galeones hundidos en los mares colombianos. Conoce como nadie su historia y tiene 20 naufragios identificados.

Patrimonio no es negocio

El texto final de la convención sobre patrimonio cultural sumergido refleja dos de los puntos que Mejía defendió con vehemencia, con el apoyo del Grupo Latinoamericano y del Caribe y del Grupo 77, durante los cuatro años de discusión del documento. Uno, que la prioridad de los gobiernos debe ser, antes de cualquier intervención, la conservación in situ de los restos. El ingeniero De Narváez sostiene que “los arqueólogos submarinos dicen que esto es muy bonito pero no funciona porque el mar deteriora los galeones”. Esta es una verdad a medias. Hoy los científicos tienen claro que los naufragios en aguas de poca profundidad se deterioran a mayor velocidad que los de aguas profundas, donde el contenido de oxígeno disuelto es mucho menor. Robert Ballard, quien descubrió los restos del legendario Titanic, le dijo hace un año a la revista El Correo de la Unesco que “a esas profundidades, la falta de luz solar y las fuertes presiones permiten conservar esos testimonios históricos mucho mejor de lo que pensábamos”.

De Narváez insiste en que gran parte de los restos que hay en el país están en aguas poco profundas y el convenio los deja expuestos a saqueos indiscriminados. Las autoridades son conscientes de esta realidad. “Lo que está en superficie ya está saqueado. Lo que permanece a más de 40 ó 50 metros de profundidad es difícil de extraer. Se requiere una tecnología avanzada para hacerlo. Ahora no la tenemos, con la conservación in situ tenemos una opción. Es probable que en unos años podamos tener la tecnología y los recursos para recuperar los naufragios”, dijo a SEMANA María Victoria Uribe, la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Ican).

El otro punto del convenio que separa a Mejía y a De Narváez es el que dice en forma tajante que “el patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial”. Para Mejía y los funcionarios del Ican este artículo se ajusta a la Constitución Nacional que dice que los bienes arqueológicos son de la Nación y como tales son imprescriptibles, inembargables e inalienables. El ingeniero propone que las exploraciones se hagan con los estándares científicos que propone el convenio pero que los bienes cambiarios (monedas, lingotes de oro, barras de plata) que se encuentren en grandes cantidades puedan ser comercializados sin ningún problema. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora en todo el mundo pues con la comercialización de estos productos es que se financian las costosas expediciones que buscan galeones.

El convenio pone punto final a esta práctica pues obliga a realizar proyectos de exploración de patrimonio cultural subacuático con fines científicos y con financiación plena antes de su ejecución. Los materiales que sean recuperados por otros medios y en forma ilegal pueden ser incautados por las autoridades respectivas. A todas luces la convención es un éxito para la humanidad. Sin embargo pasarán años antes de que entre en vigor y se pongan en marcha mecanismos efectivos para proteger el patrimonio que reposa en el fondo de los mares. El debate que tendrá lugar esta semana en el Senado será positivo para el país porque pondrá en discusión un tema al que la mayoría de los colombianos son ajenos, pero que con la difusión adecuada puede volverse tan cercano y entrañable como las estatuas del parque de San Agustín.

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