TESTIGO A SUELDO

A MEDIADOS DE 1991 LOS agentes de la DEA y la Fiscalía Federal de Miami buscaban afanosamente por todos los rincones del mundo testigos que supieran pecados mortales del depuesto general Manuel Antonio Noriega. En la jerga carcelaria del Metropolitan Correctional Center de Miami se puso de moda la expresión 'montarse en el bus', que era en la práctica unirse a una romería de narcotraficantes sentenciados que la Fiscalía estaba reclutando a cambio de fabulosos planes de reducción de penas. La desesperación de las autoridades gringas no era más que el reflejo de que el caso contra Noriega era todavía un guión, no un expediente.
Hoy, cuatro años después de condenado el general, hay agentes federales que reconocen que si el abogado de Noriega, Frank Rubino, se hubiera apurado y pedido un juicio rápido en lugar de esperar la chequera de su cliente, Estados Unidos hubiera podido perder el caso fácilmente y de paso haber hecho el mayor oso internacional de su historia después de la invasión a Bahía Cochinos.
Pero al parecer no todo está perdido. El equipo de defensa de Noriega descubrió que uno de los más demoledores testigos del juicio no se montó al bus como los demás sino que fue cargado en hombros por el cartel de Cali y la Fiscalía. En un esfuerzo por anular el juicio, Rubino presentó recientemente un recurso ante la Corte Federal de Miami en el que sostiene que el ex diplomático panameño Ricardo Bilonick declaró en contra de su cliente luego de que el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo secreto con el cartel de Cali. Según Rubino, en virtud del acuerdo Cali presionó a Bilonick para que se presentara a declarar, y a cambio el gobierno rebajó la sentencia de Lucho Santacruz Echeverri, medio hermano del cabecilla de la organización caleña Pacho Santacruz, que estaba cumpliendo una sentencia de 23 años en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En principio Rubino sostuvo que Bilonick fue puesto contra la pared bajo la consabida amenaza de la plata o la vida, y ahora parece que el panameño tomó la primera opción en una cantidad que podría llegar a 1,2 millones de dólares.
Que la DEA negocie con un narco no es noticia. Lo grave del descubrimiento de Rubino es que tanto los agentes antinarcóticos como la Fiscalía le contaron a la defensa y al juez William Hoeveler la existencia del pacto secreto. La historia, según documentos consultados por SEMANA en la Corte Federal de Miami, se remonta a 1981. En ese año Bilonick, abogado de Scrantor University, experto en los escondites financieros de Panamá, viajó a Colombia invitado por el entonces diplomático venezolano Javier Uzcátegui. Durante el viaje, Uzcátegui, conocido entre los narcotraficantes por sus eficientes labores en la consecución de papeles de identidad venezolana, presentó a Bilonick a la familia Ochoa. Al parecer el próspero abogado se ganó la confianza de la familia paisa, que entonces era ama y señora del mercado de las drogas en gran parte de Colombia. Como señal de esa confianza, los Ochoa le encomendaron la tarea de transportar de 50 a 60 millones de dólares mensuales de Colombia a Panamá.
Meses después Bilonick jugaría un papel muy importante en la trama que vivieron los Ochoa a raíz del secuestro de Marta Nieves, una de las jóvenes del clan. En la corte de Miami, Bilonick admitió que actuó como enlace de los Ochoa y Noriega para buscar un acercamiento con representantes del M-19, que habían secuestrado a Nieves. Estos contactos estrecharon los lazos entre Noriega y los Ochoa hasta el punto que empezaron a trabajar en negocios comunes. El general puso a Panamá y los narcos la droga. El istmo sería usado como punto de transbordo de la cocaína enviada luego a Estados Unidos en aviones de Inair Airlines, una empresa que Bilonick había comprado con un préstamo de Jorge Ochoa.
Los vuelos comenzaron en diciembre de 1982 y continuaron hasta junio de 1984 en un promedio de uno por mes. En ese período, según reconoció el propio Bilonick, hicieron 19 vuelos en los que transportaron 20.000 kilogramos de cocaína. Noriega recibía 500.000 dólares por vuelo y Bilonick 2.500 por kilo. Las operaciones se suspendieron luego de que uno de los aviones fuera descubierto con cocaína en Estados Unidos. El empresario panameño fue entonces procesado por narcotráfico y empezó su vida de fugitivo.
En agosto de 1991, después de haber sostenido varias conversaciones con Myles Malman y Patrick Sullivan, fiscales del caso, Bilonick se entregó y ofreció colaborar con el gobierno, una decisión que fue recompensada con el retiro de dos de los tres cargos y otros beneficios para su familia.
Luego de ser presentado en el juicio, la defensa de Noriega sintió el golpe de su testimonio. Bilonick habló de los tratos de los Ochoa y Pablo Escobar con Noriega y de los pagos por el transbordo de cocaína. Cuando Malman le preguntó por qué había decidido entregarse, el panameño respondió que estaba esperando a que los cabecillas del cartel de Medellín se rindieran, "Si ellos decidieron arreglar su problema, yo tendría una excusa perfecta para resolver el mío también". Lo que Bilonick y los fiscales no dijeron, según Rubino, es que el testigo había sido un trofeo que el cartel de Cali presenta en el juicio a cambio de la reducción de nueve años en la pena de prisión de Santacruz. A espaldas del juez y la defensa, afirma Rubino, el abogado de Lucho Santacruz, Joel Rosenthal, arregló los detalles para que todo pareciera como una conquista del gobierno y no del cartel. Rosenthal, que fue encausado a mediados de este año en Miami por actos de complicidad con el cartel de Cali, escribió varias cartas al fiscal en las que insistía que de ningún modo podía aparecer la relación entre Bilonick y Santacruz, y así se hizo.
El problema es que después de haber obtenido la reducción de pena, Santacruz fue nuevamente incluído por la fiscalía en el mismo proceso en que resultó comprometido su abogado. Cuando Rubino presentó su recurso de anulación del juicio, citó a una rueda de prensa en sus oficinas de Coconut Grove en Miami. Entre las preguntas de los reporteros que quedaron sin respuesta fueron: ¿Cómo se enteró del pacto? ¿Sería que Santacruz, enfurecido por los nuevos cargos, resolvió echar a la guerra al gobierno, o más bien fue su abogado con quien comparte ahora un proceso? Las respuestas podrán salir a la luz pública el día en que el juez Hoevler resuelva el recurso.