Martes, 21 de octubre de 2014

| 2013/01/19 00:00

Testigos a la carta

El caso Colmenares pone sobre el tapete uno de los más graves problemas de la Justicia en Colombia: el auge de los testigos falsos. La Fiscalía tiene 3.559 denuncias por este delito y ha pillado a cientos de desmovilizados con testimonios amañados. ¿Cómo operan?

Testigos a la carta Foto: Javier de la Torre Galvis / SEMANA

Hace menos de tres meses el fiscal Eduardo Montealegre, en un gesto inusual, ofreció excusas públicas a Sigifredo López. A las polémicas pruebas que la Fiscalía tenía en su contra se habían sumado cuatro testimonios que resultaron falsos. “Pido perdón para que no se olvide que estos hechos deben ser irrepetibles”, fue una de las frases con las que Montealegre se disculpó en nombre de la Fiscalía, que lo había detenido y señalado de colaborar con las FARC en el secuestro y el posterior asesinato de sus 11 compañeros de la Asamblea del Valle. Ahora el país ve cómo otro sonado proceso, el caso Colmenares, se deshace por haber validado de forma apresurada tres testimonios que hoy la misma Fiscalía califica de falsos. Con estos dos antecedentes: ¿qué tan crítica es la situación?


En los últimos años cada vez son más comunes las quejas de abogados, detenidos y condenados sobre la compra de testigos para ganar casos ante los jueces. Si bien desde el caso del asesinato de Álvaro Gómez, en la década de los 90, se demostró que hubo testigos falsos, lo más preocupante ahora es que el fenómeno se ha generalizado. Tras el episodio de Sigifredo López, la Fiscalía creó un grupo especializado para investigar casos en los que se hayan utilizado falsos testimonios y en un primer barrido por el país han identificado 3.559 procesos.


El grupo, compuesto por cuatro fiscales especializados, dos seccionales y cinco miembros del CTI, tuvo que esperar dos meses a que pasara el paro judicial para poder arrancar. Lo primero que hicieron fue seleccionar 70 casos, por considerarlos emblemáticos. De estos empezaron a revisar 30 y ya tienen avances en uno que involucraba al vicepresidente Angelino Garzón, y en otro que afectó al senador Luis Fernando Velasco. El vicepresidente fue señalado por un desmovilizado de la guerrilla de ser auspiciador de uno de sus frentes en su época como gobernador del Valle. El desmovilizado sostuvo que Garzón recibió 160 millones de pesos en una reunión con comandantes guerrilleros y dijo que tenía pruebas, pero nunca las presentó. Al revisar el testimonio se encontraron varias contradicciones e inconsistencias, como que en la supuesta fecha de la reunión Garzón no era gobernador sino ministro de Salud. Por eso se cerró el proceso.


Para los investigadores de la Fiscalía, la principal fuente de testimonios falsos son guerrilleros y paramilitares capturados que creen que así logran rebajar sus penas o ser incluidos en la Ley de Justicia y Paz. Otros desmovilizados buscan entrar al programa de protección de testigos y por esta vía tener subsidios o ser enviados a otro país en calidad de asilados o perseguidos por sus denuncias. Y otros más que son usados con fines políticos. En el caso del vicepresidente no se ha logrado establecer si detrás del testigo hubo alguien. 


La situación es tan crítica, que el fiscal general anunció en diciembre que solicitó excluir de Justicia y Paz a 354 desmovilizados, según el ente acusador, muchos de ellos involucrados en casos de falsos testimonios. 


El segundo grupo de testigos mentirosos son los que buscan dinero. En este se encuentra el caso del senador Velasco, a quien un recluso de la cárcel de Palmira llamó para pedirle 50 millones de pesos a cambio de no vincularlo con una masacre de los paramilitares. El senador denunció y en un operativo coordinado por la Fiscalía capturaron a los cómplices. El jueves pasado le imputaron cargos al interno por falso testimonio. “Es gravísimo que con el simple decir de una persona se estén condenando personas”, dice Velasco.


Lo que muchos de los ‘testigos’ no saben es que si son descubiertos declarando en falso, enfrentan una pena de seis a 12 años de cárcel, que no es excarcelable y que, en el caso de los condenados, se suma a la pena que ya están pagando.


¿Por qué se produce este mercado de testigos falsos? ¿Qué ha cambiado para que esté creciendo de tal manera? 


En el nuevo Sistema Penal Acusatorio, vigente desde el 2005, el testimonio se convirtió en la columna vertebral de los procesos. Anteriormente estas declaraciones quedaban consignadas en documentos que se sumaban a las demás pruebas en un caso, pero con el sistema oral, los relatos adquieren mayor protagonismo y hasta el mínimo detalle en la forma como este se transmite puede ser determinante para la valoración que haga el juez. De ahí que se hace más exigente para el fiscal verificar la credibilidad del testigo, pues también en numerosos casos las contrapartes buscan sembrar declarantes falsos como una perversa herramienta de defensa. Esta es la tercera tipología que los investigadores han encontrado. 


En un detallado ensayo del ex vicefiscal Fernando Pareja publicado en la revista interna de la Fiscalía, se presentan diferentes técnicas que debe aplicar cada fiscal y que van desde la simple observación del comportamiento y el análisis de la coherencia del testimonio, hasta las pruebas técnicas para soportar por otras vías los dichos de un testigo. Es por eso que sorprenden las explicaciones dadas por el fiscal que tenía el caso Colmenares, Antonio Luis González, quien en sus declaraciones a los medios dijo que no era él quien tenía que valorar a los testigos, sino el juez.


Casos como el de Colmenares hacen que cada vez se fortalezca más la tesis de que existe una fábrica de testigos en la que incluso participarían fiscales. La motivación de los funcionarios en unos casos sería dar resultados para ascender en sus carreras, una suerte de falsos positivos judiciales, y en otros casos  por corrupción pura y simple. Por ejemplo, al fiscal González no le ayuda que quien fue su fiscal de apoyo lo esté denunciando por supuestamente haberlo instigado en varias oportunidades a “conseguir unos testigos como fuera” para probar la tesis de que a Colmenares lo habían asesinado. En la denuncia contra González se menciona que dijo que “no podía perder ese caso por nada en el mundo, que estaba en juego su orgullo y profesionalismo”. (Ver artículo "Aumenta el misterio en el caso Colmenares").


Uno de los principales denunciantes de la existencia un cartel de testigos es el exdiputado del Valle Sigifredo López. No sólo lo dice por lo que vivió en carne propia, sino por más de 200 casos que en un par de meses han llegado a la Fundación Defensa de Inocentes, que creó luego de su experiencia. Con su equipo de trabajo ha seleccionado 12 casos y en siete han asumido su defensa legal. “Todos los ciudadanos estamos en riesgo”, dice López al insistir en la falta de rigor con que algunos fiscales hacen su trabajo.


Es inquietante que no existan investigaciones  contra fiscales, a pesar de que hay personas acusándolos con nombre propio de hacerles ofrecimientos para servir como testigos falsos (ver recuadro del súpertestigo). En la Fiscalía confirmaron a SEMANA que en la Unidad Nacional de Investigación Contra Funcionarios de la Rama Judicial, no existe ninguna investigación por estos hechos. 


Es tan preocupante esta situación, que en el propio caso de Sigifredo López no hay abierta  investigación alguna contra el fiscal y los funcionarios que participaron del montaje por el que el fiscal general le presentó excusas. Por eso esta semana la defensa de López denunciará al fiscal local que aceptó a los testigos en su caso a sabiendas de que no eran dignos de crédito, como después se comprobó.


Con el episodio de Colmenares, la administración de Eduardo Montealegre tiene un gran reto para contener una práctica que socava la credibilidad de la Justicia en Colombia. Los primeros pasos del grupo investigador de testigos falsos son un avance, pero seguramente la sociedad le exigirá más resultados de forma pronta y, sobre todo, verdaderas garantías para que desde el más humilde al más encumbrado de los ciudadanos, todos tengan las garantías de la debida diligencia en la valoración de los testimonios antes de comenzar causas que terminan con inocentes tras las rejas. 


El súpertestigo


Durante varios años José Raúl Mira Vélez fue considerado uno de los testigos estrella de la Fiscalía. Fue paramilitar durante más de una década hasta cuando se desmovilizó en el 2004. Según él, fue hombre de confianza de jefes paramilitares en Antioquia, Norte de Santander, Meta, Casanare y Bogotá. Por eso tuvo acceso a información clave. Mira Vélez fue parte del programa de protección de testigos y sus declaraciones se tuvieron en cuenta en 27 procesos. Por ejemplo, contra los paramilitares alias 'Macaco' y 'Don Mario', en casos de políticos antioqueños como Luis Alfredo Ramos y Luis Pérez, contra empresarios de Casanare y contra políticos de Meta como Luis Carlos Torres, Wilmar Rendón y Germán Chaparro. 


Pero en el 2006 denunció que había presiones de fiscales para implicar a gente en sus declaraciones. El testimonio de Mira Vélez se debilitó en la mayoría de los procesos y estos se fueron cayendo como un castillo de naipes. En el 2007, según la Fiscalía, salió de su programa de protección de testigos, y luego desapareció. Algunos medios registraron su asesinato el año siguiente. 


Sin embargo, su testimonio sigue vigente en casos como el de Germán Chaparro, quien fue alcalde de Villavicencio y está condenado por el asesinato de su antecesor. Este proceso se había caído en primera instancia, pero en segunda instancia Chaparro fue condenado a 40 años de prisión. Ahora está pendiente de la respuesta de un recurso de casación de la Corte Suprema. En su momento, el noticiero CM& habló con Mira Vélez y él aseguró que el fiscal Alejandro Guevara le ofreció cinco millones de pesos y beneficios jurídicos por vincular a una persona inocente en el caso por el que Chaparro está condenado (ver video Presiones de de fiscales en parapolítica). En el ente acusador confirmaron que no se adelantó ninguna investigación contra el mencionado fiscal.


Fiscal in fraganti


En el 2008 el exjefe paramilitar alias 'Juancho Dique' declaró que detrás del homicidio de un sonado crimen de cuatro prostitutas en Cartagena estaba un importante empresario dueño de una discoteca en la Plaza de los Coches de la Ciudad Amurallada. Un año después, otro paramilitar, alias 'Convivir', vinculó al empresario Alfonso Hilsaca como responsable del crimen. Luego, un tercer desmovilizado, alias 'Geño', se sumó a la versión anterior. Posteriormente, el fiscal de Justicia y Paz José Alfredo Jaramillo Matiz se reunió con Hilsaca para ofrecerle, a cambio de 500 millones de pesos, hacer que los paramilitares desistieran de la denuncia en sus versiones libres. 


Hilsaca grabó la reunión y el fiscal se acogió a sentencia anticipada y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para pagar menos de cinco años de cárcel. El crimen no ha sido resuelto. Alias 'Geño' firmó una declaración para retractarse de la denuncia, pero luego dijo que lo hizo por amenazas. Por su parte, alias 'Juancho Dique' nunca precisó quién fue el importante empresario que, según él, había ordenado el crimen. 


¿Testigos con intereses políticos?


Dos de los casos que la Fundación Defensa de Inocentes de Sigifredo López ha asumido son la causa que se lleva en contra de Yidis Medina por secuestro, y contra el empresario Guillermo Gaviria Echeverry por financiamiento de grupos paramilitares. Para López, detrás hay motivaciones políticas.


“Yidis Medina confesó el delito de cohecho que todos conocemos y pagó por eso”, dice López, “pero luego, en medio de una pugna política en Santander, surgió un testigo que cambió cinco veces de versión y por eso se le procesó”. En este caso, según el abogado de la Fundación que lleva el caso, existe una complicidad entre organismo de inteligencia del Estado y fiscales movidos por ganar notoriedad en un caso que tiene mucho ruido en la opinión pública. 


En el caso de Gaviria Echeverry, uno de los jefes paramilitares asegura que era financiador de los paramilitares, cuando en realidad, dice López, era víctima de una extorsión. “En tres años pagó 15 millones de pesos en cinco cuotas de tres millones cada una, eso corresponde a lo que el mismo testigo dijo eran las vacunas que cobraban”, explica López y asegura que el testigo cambió su versión para obtener beneficios en Justicia y Paz y buscaría perjudicar al actual alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, hijo del empresario.

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